“No alcanzaron los tiempos”. Esta frase se ha vuelto una de las más repetidas por los congresistas para justificar por qué constantemente se hunden proyectos de ley que resultan clave para el país. Por “falta de tiempos”, por ejemplo, se ha hundido 20 veces la reforma constitucional con la que se busca disminuir el salario de los senadores y representantes a la Cámara. Esta excusa se ha usado también para justificar por qué el Congreso no ha logrado, en los últimos años, verdaderas reformas de fondo.
Los expertos llevan más de una década hablando, por ejemplo, de la necesidad de hacer una reforma laboral y pensional, sin importar cuál sea el Gobierno de turno, pero el tema siempre queda en el tintero porque se trata de asuntos que requieren discusiones de fondo para los que no alcanzan los tiempos.
Prueba de ello es que, según el más reciente informe de actividades del Congreso, conocido por SEMANA, entre el 20 de julio y el 16 de diciembre del año pasado, se radicaron 333 proyectos de ley, de los cuales solo 92 alcanzaron a ser abordados, es decir solo un 28 por ciento, lo que indica que el 72 por ciento de las iniciativas radicadas sirvieron a los congresistas para tomarse la foto y aparecer en medios, pero no hubo tiempo para discutirlos.
Esta no es una realidad exclusiva del actual Congreso. En la legislatura 2019-2020, durante el Gobierno de Iván Duque, 201 proyectos fueron archivados por falta de tiempo. En ese momento se radicaron 362 iniciativas. Eso indica que el 55 por ciento de lo que se radicó se quedó sin espacio para la discusión.
Algo que explica el problema es el hecho de que los congresistas tienen cuatro meses de receso al año, pero tampoco aprovechan los ocho meses restantes que tienen para sesionar.
Así quedó demostrado en un análisis de datos hecho por SEMANA, a partir de las actas de secretaría y las transmisiones en video tanto de la plenaria como de las siete comisiones de la Cámara de Representantes. Para ello, se tomaron como muestra las sesiones de septiembre, octubre y noviembre en esta corporación, que fue el periodo en el que los congresistas tuvieron más trabajo, pues estaban discutiendo el Presupuesto General de 2023, la reforma tributaria y la ley de paz total. Pero aún así, los resultados son inquietantes.
De acuerdo con los datos, los congresistas de la Cámara apenas sesionan, en promedio, tres horas a la semana en las comisiones constitucionales y 12 horas en la plenaria. Es decir, mientras los colombianos trabajan más de 47 horas al mes, que es la jornada laboral en el país este año, los congresistas lo hacen solo 15 horas al mes, menos de una tercera parte.
Si se analiza por número de sesiones a la semana, el panorama tampoco mejora. Mientras la mayoría de los colombianos deben presentarse a su trabajo mínimo cinco días a la semana, los congresistas tienen mayor flexibilidad. Por ejemplo, la plenaria de la Cámara sesionó el semestre pasado 41 veces. Si se tiene en cuenta que entre el 20 de julio y el 16 de diciembre, que es el periodo ordinario del Congreso, hay 21 semanas, eso da como resultado que los representantes en promedio tienen solo dos plenarias a la semana.
Si se analiza el caso de las comisiones, el resultado es aún más inquietante. Sesionan en promedio 1,3 veces a la semana. Cabe aclarar que el funcionamiento de las comisiones es desigual. Mientras la Comisión Primera, que es la de mayor carga legislativa, sesionó 5,8 horas a la semana, en promedio, durante el periodo septiembre-noviembre del año pasado, la Comisión Cuarta lo hizo solo 1,7 horas por semana.
En el análisis realizado hay casos vergonzosos. Por ejemplo, la Comisión de Acusación solo se reunió dos veces durante todo el semestre pasado.
Si bien los congresistas argumentan que no solo se dedican a sesionar sino que también deben sostener reuniones con el Gobierno, los entes de control y “atender comunidades”, asuntos que son importantes, el artículo 150 de la Constitución Política señala que el Legislativo tiene como función hacer leyes, ejercer control político sobre el Ejecutivo y elegir a los jefes de los órganos de control. Todo lo anterior se hace dentro de las sesiones, es decir, se les paga por sesionar.
En este análisis se incluyen todas las sesiones realizadas, incluidas aquellas que se tienen que levantar por falta de quórum. Es decir, a pesar de que se cuenta como sesión realizada, no se pueden discutir proyectos de ley debido al ausentismo parlamentario.
En este apartado, hay casos pintorescos: en junio de 2016, se hundió un proyecto de ley que buscaba castigar a los congresistas que se ausentan de los debates. La iniciativa se hundió, justamente, porque los senadores no asistieron a ese debate. Y los tiempos ya no alcanzaron para terminar el trámite.
En todo caso, más allá de la indignación que puede generar el tema, la realidad es que esta “falta de tiempos” en el Congreso tiene repercusiones.
Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó al Congreso a legislar sobre un asunto que se ha convertido en toda una papa caliente: ¿cómo determinar que un partido ha cumplido con la denominada cuota de género si en sus listas al Congreso, a las asambleas y a los concejos hay personas no binarias, es decir, aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer?
La solicitud del organismo electoral buscaba tener claridad sobre la cuota de género para las listas a concejos y asambleas en las elecciones regionales de octubre. Sin embargo, la falta de tiempos no ha permitido discutir el tema y ya los partidos se alistan para presentar sus listas.
Según un informe publicado por esta revista en noviembre del año pasado, la Corte Constitucional, en más de 90 oportunidades, ha exhortado al Congreso a que legisle sobre diversos temas. En muchos casos, el Legislativo no ha respondido, por lo que varios asuntos cruciales han quedado en un limbo jurídico.
Dentro de estos asuntos está el aborto, que fue despenalizado por la Corte hasta la semana 24 de gestación. Si bien el Gobierno ya expidió algunos lineamientos, la falta de una ley reglamentaria somete a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo a un verdadero calvario, por los vacíos normativos.
Igualmente, en una sentencia de 1997, la Corte permitió la eutanasia y exhortó al Legislativo a regular la muerte digna. Sin embargo, desde aquel momento se han hundido 14 intentos por entrar a legislar sobre este asunto, la mayoría porque no dan los tiempos.
En medio de este panorama, el desprestigio del Congreso, según la más reciente encuesta de Invamer, se mantiene en niveles elevados, apenas el 21 por ciento de los colombianos tiene una imagen favorable de la labor que hacen los senadores y representantes.
Los congresistas tienen un salario cercano a los 38 millones de pesos mensuales, esquema de seguridad con vehículos blindados, derecho a tiquetes aéreos y cuatro meses de receso al año. Si bien hay varios senadores y representantes que hacen una labor intensa y abnegada, una buena parte de los parlamentarios en Colombia poco hace por mejorar la imagen del Legislativo. Los ciudadanos solo piden una cosa: ¡que trabajen!