El cambio está en marcha, así se llamará el programa de radio que tendrá la ministra Carolina Corcho. El anuncio lo hizo la funcionaria en entrevista con Colombia Hoy Radio. La alta funcionaria vive una enorme tormenta política tras conocerse el documento en el que sus colegas de Agricultura, Educación y Hacienda hacen serios reparos al proyecto de ley que presentó en el Congreso.
Corcho le apostará a responder preguntas de la ciudadanía todos los lunes a las 7:30 a. m. Es importante recordar que la ministra ha dado muy pocas entrevistas con medios sobre la reforma. Y evita controvertir en estos escenarios. Ahora, la alta funcionaria tendrá un espacio sin oposición para explicar sus propuestas para el sistema de salud.
La ministra habló del polémico documento de los otros ministros. “Evidentemente este es un documento de trabajo presentado en el núcleo del comité político por los ministros en cuestión y que fue sometido a discusión; como dice el presidente, fueron muchas horas”, explicó.
Señaló que el impacto fiscal de la reforma no tiene que ver con los atrasos en los pagos que han tenido algunos actores del sistema de salud. “De acuerdo a la Superintendencia de Salud, las EPS adeudan 23 billones de pesos a los proveedores, las clínicas y los hospitales, eso no se lo puedes atribuir a la reforma”, señaló Corcho.
También dijo que el sistema de salud ha dejado “abandonado” el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, algo que la reforma que está proponiendo buscará corregir.
En esa medida, señaló que mejorar las condiciones tecnológicas y las instalaciones de los hospitales públicos es un deber del Gobierno y, en esa medida, es un costo que tendría que asumir con reforma o sin ella.
Además, se refirió a la financiación de un sistema de información que busca implementar para hacerles seguimiento a los recursos que se manejan en el sector. Explicó que ya hay ingresos aprobados que le entrarían por medio del Presupuesto General de la Nación (PGN) para fortalecer una central de datos y robustecer el fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Señaló que ese fondo debe estar preparado para ser el gran pagador del sistema en caso de que quede aprobada la reforma en el Congreso. Y aun si no pasa, indicó que la Adres debe manejar “tecnología de punta”.
“La inversión inicial es de 100.000 millones y posteriormente de 50.000 millones, eso no es plata para el Presupuesto General de la Nación”, puntualizó.
También detalló que hay recursos de saneamiento de deudas de hospitales que asumiría el Gobierno y que se financiarían con vigencias futuras. Sobre la creación de nuevas instancias de gobernanza locales, aseguró que “la participación social no es burocracia” y señaló que son gastos podría asumir el propio Ministerio de Salud.
Sobre las críticas a la creación de burocracia, detalló que los centros de atención primaria que se crearán usarán la infraestructura que ya existe y detalló que sí plantean reforzar las instalaciones de algunos recintos públicos que se encuentran en franco deterioro.
A su vez, señaló que la desaparición de las EPS le ahorraría al Gobierno nacional cerca de 5,2 billones de pesos. Según las cuentas de la ministra en la actualidad el Estado les paga cerca de 6,6 billones de pesos a esas entidades para que administren los recursos públicos y les paguen a las clínicas y los hospitales.
“Si eso lo hiciera el fondo Adres como pagador (...) costaría, de acuerdo a los cálculos concertados entre Hacienda y Salud, 1,4 billones de pesos”, explicó la ministra.
Señaló que esos 5,2 billones de pesos “libres” podrían redistribuirse en fortalecer la atención primaria en salud.
Detalló que sí se están pidiendo 1,9 billones de pesos adicionales, pero aseguró que el proyecto de ley sí contempla las fuentes de financiación. Según explicó, le pedirán al Congreso de la República redistribuir algunos gastos.
“Realmente, el impacto fiscal de esta reforma es muy bajo para los beneficios y para los problemas que va a resolver”, concluyó.
Las preocupaciones de Hacienda sobre la reforma
Casi un mes después de la presentación de la reforma a la salud hecha por el presidente Gustavo Petro, el proyecto de ley no cuenta con el llamado marco fiscal de mediano plazo. Es decir, el concepto del Ministerio de Hacienda que les permite saber a los congresistas cuánto vale poner en marcha el nuevo sistema que defiende la ministra Carolina Corcho y que ha desatado una auténtica tormenta en el país.
El tema tiene encendidas las alarmas. Mientras el Gobierno socializa la reforma y la Comisión Séptima de la Cámara inicia audiencias, nadie sabe cuánto vale el revolcón. Ni siquiera Corcho. SEMANA conoció cinco derechos de petición que le han enviado al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que explique por qué no ha dado su visto bueno. Y, hasta ahora, no hay ninguna respuesta clara.
Ocampo, considerado la estrella del gabinete por su larga experiencia y prestigio internacional, ha sido prudente. Su actitud confirma un secreto a voces: el ministro no comparte la reforma a la salud, tal como quedó estipulada, y su distanciamiento con Corcho es evidente. Ocampo está en la misma línea de pensamiento del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, quienes han ventilado sus diferencias con la polémica reforma, incluso en los propios consejos de ministros en la Casa de Nariño.
Cartas van y vienen
El pasado 25 de enero, cuando Corcho se reunió en Paipa con la bancada de congresistas del Pacto Histórico, confirmó que la reforma estaba lista y se alistaba la exposición de motivos con el Ministerio de Hacienda y Planeación. Sin embargo, ante el Congreso, Corcho radicó una argumentación fiscal expedida por su propio ministerio. Tiene apenas una página y no convence.
Allí, simplemente se afirma que “un nuevo sistema de salud que construye sobre lo construido hereda desde el punto de vista financiero y con probable impacto fiscal un conjunto de problemáticas asociadas a los desbalances que se vienen generando a la fecha”.
La frase “probable impacto fiscal” preocupa porque el proyecto de Corcho generará inversiones, entre ellas, la contratación de personal, la descentralización del Adres y la construcción de los centros de atención primaria.
El 27 de enero, el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, le envió un derecho de petición a Ocampo y le formuló dos preguntas: “¿Cuál es la estimación del costo de la reforma a la salud? ¿Cuál es la fuente o las fuentes de los recursos necesarios para llevarla a cabo? Por favor, explique de forma detallada las partidas de los recursos”.
Forero esperó que Ocampo respondiera, pero no fue así. Lo que hizo Óscar Januario Bocanegra Ramírez, un asesor de la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda, fue trasladar la competencia de las respuestas a Corcho: “Respetuosamente, me permito informarle que en este ministerio fue recibida la comunicación del honorable representante a la Cámara Andrés Forero, por la cual solicita información relacionada con los costos que implica la reforma a la salud y las fuentes de financiación requeridas para su ejecución. Revisada la petición parlamentaria, esta cartera encuentra que la totalidad de los interrogantes planteados son de la cartera ministerial a su cargo”.
Además, dejó en claro: “Este ministerio (Hacienda) actualmente no cuenta con la información para discutir y debatir dicha reforma, razón por la cual no puede establecer los costos de las propuestas mencionadas por el peticionario”.
La respuesta del derecho de petición fue el 30 de enero. Llama la atención que, cinco días antes, Corcho le dijo a la bancada del Pacto Histórico que el articulado estaba en manos del presidente Petro y de Ocampo.
“Nos encontramos en la fase estructural, una exposición de motivos en términos de los escenarios económicos y financieros con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Planeación Nacional”, dijo Corcho en esa oportunidad. “¿A quién se le cree?”, preguntó un congresista cercano al Gobierno.
El pasado 3 de febrero, Corcho le respondió a Forero y tampoco dio ninguna respuesta: “Se establecerán varios niveles de financiamiento para la reforma a la salud. Me permito informarle que, a la fecha, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación trabajan conjuntamente en la definición económica y financiera, detallando los costos del proyecto”.
Por esa razón, el 13 de febrero, Forero le envió un nuevo derecho de petición a Ocampo. En esa ocasión, le pidió “remitir el documento técnico que soporta la presentación de la reforma a la salud y la sostenibilidad fiscal de la misma”.
Al día siguiente, el representante del Centro Democrático envió otro derecho de petición y preguntó si el proyecto radicado por Corcho cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
El 21 de febrero, el viceministro técnico, Gonzalo Hernández Jiménez, respondió y pidió una “semana adicional” para recopilar la información.
Norma Hurtado, senadora de La U y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, también ha abordado a Ocampo. El 16 de enero le envió un derecho de petición en este sentido: “El Gobierno ha informado que en febrero radicará el proyecto de la reforma a la salud. Es vital conocer los costos detallados del proyecto y si requerirán nuevas fuentes de financiación. Se habla de desconcentración de la Adres, colocando regionales de esta entidad, quienes harán algunas funciones operativas de las EPS. ¿Cuánto cuestan estas regionales? ¿Con qué recursos se van a financiar?”.
Tal como ocurrió con Forero, el Ministerio de Hacienda remitió su petición al Ministerio de Salud. El 16 de febrero, la senadora le envió otro derecho de petición a Ocampo con el mismo fin. Un día después, ella se encontró con el ministro y él le reconoció que la reforma, que empezó su estudio en la Comisión Séptima de la Cámara, aún no cuenta con el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda.
“La respuesta que Ocampo me dio es que estaba con su equipo técnico haciendo el análisis del costo de la reforma, teniendo en cuenta que la propuesta, la estrategia planteada en el articulado, tendrá gasto en presupuesto y él tenía que evaluar y valorar ese gasto”, precisó Hurtado.
Hace unos días, el 21 de febrero, Ocampo recibió otra solicitud de los senadores Humberto de la Calle, Carolina Arbeláez, Jonathan Pulido, Paloma Valencia, David Luna y Jorge Benedetti, además de los representantes Daniel Carvalho, Catherine Juvinao, Víctor Andrés Tovar y Julia Miranda.
“Le pedimos al ministro aclarar preocupaciones fiscales en la reforma a la salud. Varios rubros no cuentan con información. Preocupa que la falta de recursos asegurados ponga en riesgo el acceso a la salud de 50 millones de colombianos”, explicó De la Calle.
Ocampo presentará su informe fiscal cuando esté listo. Pero la idea es que el debate de la reforma a la salud en el Congreso se dé con un escenario fiscal claro. De lo contrario, la discusión será inocua.
El ministro de Hacienda habla muy poco sobre este asunto y le dijo a SEMANA que está en Nueva York y que en los próximos días rendirá su concepto. Quienes lo conocen anticipan que dirá qué se puede financiar y qué no. De hecho, el pasado 15 de febrero, el Ministerio de Hacienda advirtió que “las reformas en curso (agraria, salud, pensional y laboral) tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que por demás es de origen legal”.
Es decir, Hacienda se encargará de trasquilar la reforma que tanto ha defendido Corcho, pero que genera pánico en el país por las consecuencias nefastas que pueda tener en la salud de los colombianos.