En medio del ataque de la que fue víctima la Corte Suprema de Justicia, por parte de un grupo de manifestantes que sitiaron a los magistrados en el Palacio de Justicia, dentro de un mecanismo de presión para la elección de nuevo fiscal general, se conoció un pronunciamiento desde la Presidencia de la República.
Lo hizo Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien aseguró que la demora en la elección del nuevo fiscal en reemplazo de Francisco Barbosa puede “generar intranquilidad en el país”.
“No, la verdad es que hasta el momento pues las cosas están en su término, en ese sentido nosotros acatamos y respetamos que en su autonomía la Corte delibere y elija con la mayor celeridad posible sabiendo que esto genera pues una cierta intranquilidad al país en la medida que se demore en hacerlo”, expresó González.
El alto funcionario del Gobierno Petro estuvo en la Corte Suprema de Justicia en representación del mandatario colombiano, para atender la difícil situación de orden público que se registró en inmediaciones del Palacio de Justicia en donde por varias horas los magistrados sintieron pánico por el bloqueo de los puntos de acceso al recinto.
Las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro Urrego y apoyadas por el Gobierno fracasaron. Primero, no fueron masivas y, segundo, terminaron en un “secuestro colectivo” en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.
Al mediodía del jueves 8 de febrero, tan pronto se conoció que en las votaciones de la Corte no hubo humo blanco porque a ninguna de las candidatas le alcanzaron los votos para ser elegida fiscal general, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del edificio que concentra y representa el Poder Judicial de Colombia. La turba pretendía arrinconar y obligar a la Corte a elegir fiscal a las malas.
Durante horas, ni los magistrados ni los demás funcionarios pudieron salir. Estaban sitiados por los manifestantes que bloquearon estratégicamente las puertas de los parqueaderos ubicadas sobre la carrera octava con la calle 12.
La grave situación obligó a que los pocos policías que estaban en el Palacio de Justicia instalaran una cerca para rodear toda la edificación para evitar un ingreso por la fuerza por parte de algunos manifestantes que portaban banderas del M-19 y del Partido Comunista.
Uno de los momentos más angustiantes de la manifestación se vivió cuando un grupo de 20 personas intentó entrar por la fuerza al parqueadero ubicado sobre la carrera 8, atacando verbal y físicamente a las mujeres policías que estaban protegiendo la vida e integridad de todos aquellos que estaban dentro de la edificación.
Por esta grave situación, desde muchos sectores políticos y judiciales no dudaron en calificar el asedio de los manifestantes como un secuestro.
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, manifestó la gran preocupación que la invadía por lo ocurrido y le ordenó al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, que tomara medidas urgentes y necesarias para proteger la vida e integridad de los magistrados, trabajadores y empleados de la Rama Judicial, así como de los periodistas que estaban encerrados.
Incluso, según se pudo establecer, una funcionaria de la Procuraduría que se encontraba en el Palacio fue agredida por un grupo de manifestantes cuando intentaba salir de la edificación.
Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar aseguró, en diálogo con SEMANA, que la situación vivida en inmediaciones del Palacio de Justicia fue de extrema gravedad.
“No se puede presionar de esta manera a la Corte para que elija un fiscal. Estamos viviendo un precedente nunca antes visto. Entonces, si las cosas no salen como yo quiero, mando al pueblo presionar. Eso sí es antidemocracia”, agregó el exmagistrado, quien, dicho sea de paso, lideró las Salas en las que se eligió, en el año 2009, a Viviane Morales como fiscal general en medio de fuertes debates.
Para Arrubla, lo presenciado fue un claro “golpe a la justicia” que se alejó totalmente de los principios de la protesta. “Es un acto vandálico contra la libertad de los magistrados. Estamos ante un secuestro colectivo”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó por medio de su cuenta en X, antes Twitter, que pese a las diferencias que sostuvo con los magistrados de las altas cortes durante su período, no se pueden promover acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los togados.
“No se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro”, publicó el exmandatario frente a la grave situación.
Desde varios sectores políticos no dudaron en calificar los amedrentamientos y las amenazas con lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, dejando a su paso el asesinato de una veintena de magistrados –entre ellos el presidente del alto tribunal Alfonso Reyes Echandía– y una decena de desaparecidos.