Este lunes, la Contraloría de Cúcuta le solicitó al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, suspender provisional e inmediatamente al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Frente a este panorama, la Alianza Verde, partido del mandatario, anunció su respaldo.

De acuerdo con el partido, la Contraloría municipal estaría “abusando de su condición de órgano de control del orden territorial, pues ningún órgano disciplinario o de control tiene la competencia constitucional para separar del cargo a un funcionario público de elección popular”.

El partido respalda “irrestrictamente” al alcalde Yáñez, quien tuvo que enfrentarse a un proceso de revocatoria que se decidió a su favor en las urnas el pasado 26 de junio.

Según el partido, Yáñez, “en ejercicio de sus competencias ha actuado en defensa del interés de las y los cucuteños, denunciando ante los órganos competentes la ejecución de un contrato nocivo para las rentas municipales y que se apropia de una parte de los tributos pagados por los comerciantes y ciudadanos”.

La colectividad se refiere al argumento central de la Contraloría, que alerta sobre una serie de convenios que, al parecer, no se han cumplido.

En ese sentido, el alcalde ha suscrito 18 convenios interadministrativos con Área Metropolitana de Cúcuta por un valor de 77.699.362.623 pesos, de los cuales fueron evidenciados presuntamente un detrimento patrimonial que ha dejado al descubierto un total de 25 hallazgos disciplinarios y seis de ellos tienen incidencia disciplinaria.

Ante esto, la entidad advirtió que el Plan de Mejoramiento suscrito el 29 de octubre de 2021 se habría construido “con el objetivo de presentar acciones correctivas a los hallazgos detectados”. Sin embargo, todo indica que esto presuntamente no se habría cumplido “lo que demuestra la falta de voluntad de la administración en subsanar las deficiencias encontradas”, dice la resolución.

La Alianza Verde anunció que denunciará ante la Procuraduría General de la Nación al contralor municipal Óscar Enrique Sandoval Blanco, calificando sus acciones como una “actuación temeraria”. Al mismo tiempo, le pidió al gobernador de Norte de Santander no proceder con la solicitud.

“Solicitamos al señor gobernador, Silvano Serrano Guerrero, abstenerse de aplicar la solicitud de la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta, por estar abiertamente en contra de los mandatos constitucionales”, pidió el partido.

“El día que los contralores municipales puedan destituir o suspender a los alcaldes elegidos por voto popular, la democracia estará bajo el control de intereses políticos y no al servicio de los ciudadanos”, concluyó el partido.

Según Yáñez, todo se debe a una supuesta presión del exalcalde Ramiro Suárez, quien recientemente llegó a Cúcuta para terminar de pagar su condena por homicidio bajo la medida de detención domiciliaria.

“No pudieron anular mi elección a través de los jueces, no pudieron revocar el mandato en las urnas. Ahora usan la Contraloría ramirista para recuperar el poder, con la clara intención de apropiarse de los recursos públicos para financiar sus campañas politiqueras en 2023″, dijo Yáñez en su pronunciamiento oficial.

Por otro lado, el pasado 19 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días en contra del alcalde de Cúcuta por desacatar las medidas cautelares que se habían impuesto sobre el cementerio de la capital de Norte de Santander para preservar posibles cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

En la decisión, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad se advierte que no existió la intención de cumplir con el fallo.

En la decisión se indica que el mandatario también deberá pagar cinco salarios mínimos de multa (unos cinco millones de pesos) por incurrir en este desacato. Por estos mismos hechos se ordenó el arresto del administrador del Cementerio Central de Cúcuta, José Leal Dávila.