El Tribunal Administrativo del Cesar rechazó otra acción de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la investigación que este realiza contra la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de las elecciones de 2022.
Esa instancia declaró improcedente la solicitud presentada por una ciudadana que intentaba frenar la pesquisa que llevan a cabo los magistrados del CNE por las posibles irregularidades en la financiación que salpicaron a ese proyecto político.
El tribunal determinó “declarar improcedente el amparo constitucional solicitado por la señora Andrea Carolina Navarro Serna por no asistirle legitimación en la causa por activa dentro de la presente actuación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, según se lee en el fallo con fecha del 24 de octubre.
La tutela replicaba el argumento que ha presentado el presidente Petro con el que este ha esbozado que en su calidad de jefe de Estado gozaría de un supuesto fuero especial que le garantizaría que solo podría ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Empero, las providencias que han sido analizadas sobre este asunto ya dejaron claro que el expediente del CNE es solo de carácter administrativo y que este únicamente indaga hechos que ocurrieron en su calidad de ciudadano y candidato.
“La Sala considera incuestionable que la acción constitucional presentada tiene como propósito la suspensión de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico del año 2022, en la que el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego fungió como candidato. En consecuencia, es evidente que es este último quien estaría legitimado para interponer la presente solicitud de amparo constitucional, dado que la investigación en su contra, no guarda relación alguna con la presunta vulneración de las garantías constitucionales alegada por la accionante”, se lee en el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar.
La defensa del presidente
Los defensores de Petro y el mismo presidente vienen buscando que se declare la caducidad de la investigación a partir de recursos jurídicos con los que pretenden dar largas a la pesquisa que ya empezó en el CNE, teniendo en cuenta que ese tribunal tiene hasta agosto de 2025 para fallar el caso.
El presidente Petro ya demandó ante el Consejo de Estado buscando que ese tribunal revise la potestad del CNE para investigarlo y junto a esa medida han llegado otras demandas, como la del abogado Sebastián Méndez Tolosa que sostiene el mismo argumento de que esa instancia de carácter administrativo no podría investigar al jefe de Estado.
Ya el CNE publicó el pliego de cargos contra el mandatario por las presuntas falencias en en manejo de los recursos que habrían salpicado su campaña para las elecciones de 2022. En ese escenario, el presidente Petro insiste en que los magistrados estarían incurriendo en un supuesto delito por investigarle.
“Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo. Y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado”, sostuvo Petro cuando se conoció el detalle del expediente en su contra.
Y, si bien el presidente sigue alentando la teoría del supuesto “golpe” en su contra, lo cierto es que esa pesquisa solo es de carácter administrativo y únicamente le implicaría una eventual sanción de carácter pecuniario.