La tragedia en la que perdieron la vida ocho integrantes de la Fuerza Aérea, en un accidente ocurrido el pasado fin de semana en Vichada, encendió las alarmas por el estado de las aeronaves. Las cifras son contundentes. En lo que va del año, se han registrado cuatro accidentes de helicópteros de las Fuerzas Militares, en los que han fallecido 20 uniformados. Se trata de emergencias que siembran un manto de duda sobre las condiciones en las que está la flota del país.
El primero sucedió el 5 de febrero, cuando tres militares perdieron la vida en momentos en que el helicóptero en el que viajaban se desplomó en Unguía, Chocó. En cuestión de días, el 22 de ese mismo mes, otro cayó a tierra en inmediaciones del municipio de Caramanta, Antioquia, dejando a cuatro militares fallecidos.
Las Fuerzas Militares volvieron a estar de luto el 25 de abril cuando se reportó el accidente de una aeronave en Santa Rosa, Bolívar, dejando como víctimas a cinco personas que prestaban sus servicios a la patria.
El más reciente fue el sucedido en Cumaribo, cuando los ocho militares que iban rumbo a cumplir una misión médica fallecieron: el helicóptero se desplomó por motivos que aún son objeto de investigación. Sobre esto, el comandante de la Fuerza Aérea, general Luis Córdoba, aseguró que las aeronaves sí están cumpliendo con los parámetros de seguridad y mantenimiento.
Sin embargo, SEMANA conoció documentos enviados por el Ministerio de Defensa al Congreso en el marco del debate de presupuesto que revelan que las Fuerzas y el sector defensa en general necesitan más presupuesto del que les está destinando el Ministerio de Hacienda.
Textualmente, la propia cartera aceptó que no ha habido recursos para atender asuntos como “la renovación y modernización de la flota aérea, la renovación de sistemas de armamento y equipos de comunicaciones, la construcción de infraestructura operativa, la adquisición de tecnologías de última generación, el mejoramiento de la infraestructura de unidades militares, la adquisición y mantenimiento de equipos y vehículos, la contratación de personal especializado y la realización de labores de investigación y desarrollo, el fortalecimiento de la inteligencia y la ciberseguridad”.
Los impactos del rezago presupuestal del sector se cuentan por decenas y afectan a la Unidad de Gestión General, al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Armada, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Dirección General Marítima, a la Policía, a la Justicia Penal Militar y hasta al sistema de salud de las Fuerzas Militares.
Hay puntos tan críticos en ese catálogo como la pérdida de capacidades de control y de soberanía en el Caribe, la disminución en la capacidad de control del espacio aéreo y de las operaciones contra el narcotráfico, y la posible paralización de aeronaves Kfir por las demoras en su mantenimiento. Todos estos, impactos directos de que el Gobierno le gire al Ministerio menos recursos de los que necesita.
Los informes conocidos por SEMANA dan cuenta de que hay un “limitado soporte” de 25 aeronaves Kfir, lo que afecta la seguridad de las tripulaciones. Entre los folios hay un reporte de 13 páginas en el que se lee que hay una “paralización de sillas de eyección JM6 de Kfir, paralizando el mismo número de aeronaves de la flota”. Sobre ese tipo de aeronaves, se indica que los sistemas de armas de 5 A29 (un sistema de ametralladoras) quedarán inoperativos para 2026.
En cuanto a los helicópteros, uno de los impactos de esa carencia de recursos tiene que ver con las afectaciones a la entrega de armamento por cuenta de una reducción en el alistamiento de esos aparatos, sin especificar cuántos están comprometidos. El Ministerio ya documenta casos de aeronaves paralizadas por demoras en el mantenimiento.
Los accidentes aéreos en las Fuerzas han cobrado la vida de decenas de uniformados. Mónica González perdió a su esposo en un accidente ocurrido en 2021 y desde entonces intenta no ver noticias porque sabe que esas emergencias se siguen presentando. “Hay que hacer cuidados preventivos y no esperar a que sucedan las cosas para tomar medidas. Hay que prever las cosas. Lo único que nos da fuerza a la familia es saber que tenemos angelitos en el cielo que nos cuidan”.
El trasfondo de esos problemas financieros atañe a todo el sector defensa en general, que completará dos años operando con menos recursos de los que necesita, dado que el Ministerio de Defensa solicitó fondos por 73 billones de pesos para 2025, de los que solo le destinaron 59 billones de pesos, un 20 por ciento menos de lo que requiere. Es más, para 2024 ese despacho estuvo operando con 19 por ciento menos de los recursos que solicitó.
“Esto es un duro golpe a la seguridad ciudadana. Con una ejecución de tan solo el 22 por ciento en los gastos de inversión a tan solo tres meses de culminar 2024, y un rezago presupuestal evidente, a la falta de recursos para la seguridad se suma un serio problema de planeación. Gobernar es priorizar y en este momento la seguridad debe ser la prioridad. No pueden reducirse los recursos que se destinan para la seguridad porque esto es algo que se paga con vidas humanas”, advirtió Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara.
Todos esos folios formaron parte del análisis del presupuesto que hizo el Congreso en días recientes y en ellos se lee que la cartera que dirige Iván Velásquez reconoció que “el sector defensa ha enfrentado un importante desafío en cuanto a la gestión de los recursos económicos destinados a los gastos de funcionamiento e inversión”.
En los documentos, el Ministerio le dijo al Congreso que ha intentado optimizar los recursos, sin que ese esfuerzo sea suficiente por las condiciones macroeconómicas que han generado presiones en los gastos. El problema es que esa crisis derivada de un flujo de caja limitado, que está afectando a todas las entidades del país, termina lanzando un disparo al corazón de la soberanía nacional: la seguridad.
“La reducción en el presupuesto de 2025 es una catástrofe para el sostenimiento de equipos, manutención, alimentación y formación de los miembros de la fuerza pública. Esta es una alerta tremenda en materia de seguridad nacional y en la estabilidad en materia de orden público en el país. Hay una caída de la moral, no solo por el retiro de 23.600 unidades desde que empezó el Gobierno Petro, sino también una caída en el presupuesto que es fatal para la operatividad de la fuerza pública”, aseveró Hernán Cadavid, representante a la Cámara.
En las cuentas desfasadas del Gobierno hay un punto que podría agravar aún más el flujo de caja de esa y otras carteras. El presidente Petro y el ministro Bonilla hicieron cuentas presupuestales sin que el Congreso ni siquiera conociera el proyecto de ley de financiamiento, que apenas va para su primer debate en el Legislativo y que llegó a ese recinto en medio de la reticencia de los congresistas, quienes han estado molestos porque el Gobierno quiso imponerles una nueva reforma tributaria a través del Presupuesto General de la Nación.
En total, la Casa de Nariño trazó un presupuesto general para el próximo año por 523 billones de pesos, de los que 12 billones de pesos dependen de la aprobación del proyecto de ley de financiamiento. En lo que tiene que ver con la seguridad del país, desde mayo de este año el Ministerio de Defensa tenía claro que necesitaba un presupuesto de 73 billones de pesos para 2025, una cifra que fue trazada por esa cartera desde el día 24 de ese mes en el marco de un comité sectorial. Pasaron los meses y el Ejecutivo no cumplió sus propias cuentas.
Y así el presidente Petro esté a días de convertir en decreto ese documento, la firma del mandatario no va a cambiar una realidad que pasará factura el próximo año: el dinero para la defensa del país es insuficiente.