Sigue la polémica por la decisión de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, de demandar a 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) por “la defensa del patrimonio público, moralidad administrativa y acceso al servicio público a la seguridad social en salud, y a que su prestación sea eficiente y oportuna”.
La acción, radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Bogotá, demanda algunas de las EPS con más usuarios en el país: Comfenalco Valle, Compensar, Sanitas, Unidad de Servicio Médico EPM, Famisanar, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud, Capital Salud, Capresoca, Savia Salud, Nueva EPS, Cajacopi, Asmetsalud, Emsanar, Salud Mía, Comfachocó, Comfaoriente, Mutualser, Coosalud, Salud Total y Sura.
Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen subsidiado, de las cuales varias se encuentran en la lista de demandadas por el Ministerio de Salud, reaccionó ante la acción a través de un comunicado de prensa.
En primer lugar, el gremio decidió no opinar frente a la acción jurídica “ya que no es claro el objetivo de la demanda interpuesta en contra 21 EPS del país”.
Sin embargo, resaltaron lo sorprendente de la decisión y que algo similar nunca había ocurrido.
“Se trata de una acción inédita, sin precedentes en la historia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que está siendo revisada en detalle por nuestro equipo jurídico”, agregó.
Gestarsalud opinó sobre la situación económica que enfrenta el sistema de salud, que nuevamente aún no recibe recursos de presupuestos máximos que cubren procedimientos por fuera del Plan de Beneficios en Salud.
“Frente a la actual situación financiera que hoy afecta la liquidez del sector salud, Gestarsalud ha promovido el diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en mejoras al sistema de salud y ha sido reiterativo en que existen mecanismos legales para enfrentar este tipo de situaciones de iliquidez, que el Gobierno no ha considerado aún”, manifestó el gremio.
Finalmente, Gestarsalud hizo un llamado para “preservar la confianza en el sector y sus instituciones por el bien de la población que requiere servicios de salud”.
“Es importante mantener la calma y la tranquilidad mientras avanza la reforma al Sistema de Salud en el Congreso de la República y se dan las discusiones y análisis técnicos que el momento demanda”, concluye el comunicado de la organización que representa a las aseguradoras del régimen subsidiado, que cubren a la población más vulnerable del país.
Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, asegura que el Ministerio de Salud se “niega” al diálogo con estas acciones legales en contra de las aseguradoras. Además, Ana María Vesga, presidenta de la organización, habló sobre la materialización de la llamada “crisis explícita”.
“En defensa del diálogo, Acemi ha presentado propuesta para que las EPS se conviertan en gestoras, ha promovido mesas técnicas para explicar la insuficiencia de la UPC, ha solicitado espacios para profundizar en el análisis de las reservas técnicas. El Ministerio apela a la inacción y ahora a las acciones judiciales y le niega al sistema de salud el diálogo técnico que requiere. Mientras tanto, los afectados son millones de colombianos que empiezan a ver que es real aquello de la crisis explícita”, manifestó Vesga, presidenta del gremio.