El presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de convocar a los exjefes paramilitares a que le cuenten la verdad a Colombia sobre el proceso de indemnización de las víctimas, la ubicación de bienes y a decir toda la verdad para un real proceso de reconciliación en el país.
Desde Barrancabermeja, en un evento sobre reparación a las víctimas de los paramilitares, el jefe de Estado arremetió contra la ley de Justicia y Paz al señalarla de promover la impunidad; indicó que volvió políticos a los narcotraficantes.
“Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal qué criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, sostuvo Petro.
Y agregó en su intervención: “No se podía volver al narcotraficante político, desde el ámbito de la economía habían creado en su afán de acabar con las bastas sociales de esa insurgencia, creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”.
“El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan de lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de inmunización, para que nunca más se junte la esvástica con el narcotráfico”, sentenció.
También aseguró el mandatario colombiano: “Ahora paradójicamente el senador que se paró ante Mancuso, diciendo que era impunidad, los puede convocar para que digan la verdad, reclamar la paz para que nuevos jóvenes, mamás, no sean vueltos a llamar jamás “víctimas” en Colombia”.
Salvatore Mancuso pidió al Gobierno Petro y al Congreso una audiencia pública para hablar de ‘paz total’
Hace varios días, por medio de una carta, Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le solicitó al presidente Gustavo Petro y al Congreso de la República una audiencia pública.
De acuerdo con Mancuso, el objetivo de la audiencia pública ante el Congreso de la República es que aquellas personas que participan en negociaciones de paz con el Estado puedan formular reflexiones, sugerencias y perspectivas, a partir de su participación en diálogos de paz llevados a cabo en anteriores gobiernos.
“A propósito del proyecto de Ley de sometimiento presentado por el Gobierno nacional para trámite parlamentario y, en general, sobre el carácter y las rutas para lograr lo que el Gobierno denomina ‘paz total’, solicito muy respetuosamente a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas que, en el marco de sus competencias y compromiso con la paz de Colombia, convoquen a una audiencia pública en el Congreso de la República para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia”, dijo Mancuso en la carta con fecha del 9 de marzo.
En el documento, Mancuso también dijo que es urgente la audiencia pública, de modo que se aclaren las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad, todo en el marco de la ‘paz total’ que plantea el Gobierno nacional.
“Que elimine los factores de persistencia que avocan a la reincidencia y el rearme y que salvaguarde la soberanía nacional. Esto significa hablar de la extradición con el mismo entusiasmo con el que hablaron cuando no querían que extraditaran a Jesús Santrich”, le recordó el exjefe paramilitar al Gobierno.
De hecho, en la carta, Mancuso también se despachó en contra del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. Dijo que el funcionario no puede definir su estrategia de ‘paz total’ sobre la base de la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.
“Craso error que denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Ivan Márquez y del ELN –haciéndole recuperar el carácter político que se le diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico–, pero desconociendo que en este siglo se firmaron dos grandes acuerdos que han configurado el escenario de paz y conflicto en Colombia; el de Ralito con las AUC y el de La Habana con las Farc”, agregó Mancuso.
Así mismo, dijo que el alto comisionado de paz, supuestamente, solo escucha a los asesores de las Farc, desconociendo que los “rearmados de las autodefensas hoy generan más del doble de la violencia que las disidencias de las Farc y el ELN juntos”.
Por lo tanto, recordó que sin todas las voces, sin todas las experiencias, será muy difícil que puedan construir una “ruta realista, ponderada, viable” para la desmovilización de las organizaciones armadas y para resolver las causas que las promueven.
“En tal sentido, y tratando de avanzar en un diálogo constructivo, quiero proponerles tanto al Congreso de la República como al Gobierno nacional, una conferencia regional -inicialmente- con los países latinoamericanos sobre cultivos ilícitos y narcotráfico, donde podamos participar, aportar y proponer alternativas quienes nos servimos de esas economías ilegales para financiar la guerra. En cualquier caso, mi llamado es a que nos escuchen, a que reconozcan que tenemos una experiencia valiosa que sería útil compartir, que nuestra entrada al conflicto no fue un capricho, que estamos hace años en la tarea de resarcir pero que ese proceso debe estar acompañado de un lugar en la sociedad”, destacó Mancuso.
Actualmente, Mancuso se encuentra detenido en el Centro de Detención ICE de Atlanta, Estados Unidos, lugar de reclusión para los inmigrantes. Fue extraditado en 2008 por los delitos de narcotráfico y ya cumplió su condena, por lo que está próximo a regresar al país, una vez se defina su situación jurídica.
El pasado 28 de febrero, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) negó la tutela interpuesta por Salvatore Mancuso Gómez en la que alegaba posible vulneración a los derechos fundamentales de petición y debido proceso. Esto, después de que la justicia transicional lo citara a audiencia.