El presidente de la República, Gustavo Petro, no fue ajeno a la petición que elevó un grupo amplio de exministros, que le solicitaron retirar la polémica reforma a la salud que fue radicada en el Congreso, dentro de los firmantes, se encuentra el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla exfuncionario del expresidente Iván Duque.
Y precisamente, el jefe de Estado enfocó su arremetida en contra de Carrasquilla, recordando que cuando fue congresista, le pidió al exministro de Hacienda retirar la reforma tributaria, aprovechando para lanzarle un sablazo.
La despachada de Petro se registró en su cuenta personal de Twitter, insinuando que no va a tomar la decisión de retirar la polémica reforma a la salud, proyecto que ha desatado una fuerte controversia en Colombia.
De la misma manera, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, el jefe de Estado asegurando que solicitar el retiro de la reforma a la salud atenta directamente contra los “pobres y los trabajadores”.
“El señor Carrasquilla me pide retirar la reforma a la salud. Yo le pedí, cuando era ministro de hacienda, retirar la reforma tributaria”, sostuvo Petro.
Y agregó el presidente Petro: “Se repite la historia, Carrasquilla iba contra los pobres y los trabajadores en la reforma tributaria y de nuevo va contra los pobres y los trabajadores al pedir que se retire la reforma a la salud”.
Cabe señalar, que en una carta, firmada por decenas de exministros, académicos y representantes de distintos gremios del sector sanitario, le piden al presidente, Gustavo Petro, retirar la reforma a la salud que se está debatiendo en el Congreso de la República.
Entre los firmantes está el exministro de Educación del Gobierno Petro, Alejandro Gaviria, pero también otros exministros de administraciones pasadas como Alberto Carrasquilla y Mauricio Cárdenas (quienes fueron ministros de Hacienda durante los gobiernos de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, respectivamente). Además de figuras políticas como Noemí Sanín, quien ha sido varias veces candidata presidencial.
También aparece la firma de algunas académicas como Tatiana Andia, experta en salud pública, y de dirigentes gremiales como Paula Acosta, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS del país.
“Los abajo firmantes creemos firmemente en la posibilidad de generar cambios positivos en nuestra nación. Nos dirigimos a usted con respeto y apertura, conscientes de que el diálogo y la colaboración son fundamentales para construir un futuro próspero y equitativo en Colombia”, afirmaron en el documento.
Entre otras cosas, afirmaron que no buscan “debatir ni evaluar” las fallas o los aciertos del Gobierno nacional, sino que pretenden simplemente expresar sus preocupaciones y propuestas acerca de las reformas sociales que están en discusión, particularmente la de la salud.
“En primer lugar, consideramos importante señalar que el proceso llevado a cabo hasta el momento ha carecido de una participación amplia y transparente por parte de toda la sociedad. A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”, señalaron.
Y agregaron que la discusión se ha asemejado más a “un monólogo” en el cual se ha impuesto una visión única del sistema de salud. Más aún porque, consideraron, la propuesta no tiene en cuenta algunos riesgos a los que se podría enfrentar el país una vez empiecen a implementarse los cambios propuestos en el texto de la reforma.
“Además, nos preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”, detallaron los firmantes de la misiva.
De hecho, afirmaron que el articulado que ya pasó el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara aún no aclara varios puntos que producen incertidumbre. Por ejemplo, señalaron que pasar del actual modelo de aseguramiento mixto a uno público podría representar muchos retos que consideraron que son “innecesarios” e incluso podrían sobrepasar las capacidades que tiene el Estado para asumir esas nuevas funciones.
“Lo planteado hasta ahora también hace prever retrocesos en materia de derechos que hoy gozamos los usuarios del Sistema de Salud: perdemos el derecho a elegir nuestro asegurador, en la portabilidad del servicio en el territorio nacional, en contar con un Plan de Beneficios en Salud claro y exigible en todos los niveles de atención, el que además es igual para todos sin importar la capacidad de pago”, agregaron en la carta.
Además, como lo han manifestado varios gremios y representantes de algunas organizaciones que trabajan por los derechos de los pacientes, hay múltiples dudas que no logran solucionarse respecto a los roles que asumirán las entidades que se crean en la reforma.
Advirtieron, finalmente, que no hay claridad, por ejemplo, sobre cuál será la institución que responda de forma integral por los servicios de salud o contra quién se podría instaurar una tutela en caso de que haya fallas en la prestación de los servicios sanitarios.
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