La vaca para la construcción de las vías 4G de Antioquia tiene un nuevo frente de debate. Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de pérdida de investidura contra los congresistas que han hecho públicos sus aportes a la colecta de fondos encabezada por la Gobernación de Antioquia.
El proceso fue presentado este lunes de Pascua contra los senadores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal, además de los representantes a la Cámara Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.
La mayoría de los congresistas demandados pertenecen a la bancada antioqueña o al Centro Democrático, salvo el representante Peinado que es del Partido Liberal, pero ha sido uno de los críticos de las posturas del Gobierno Petro sobre el departamento.
El abogado demandante, Carlos Mario Patiño, sostuvo que “según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”.
La demanda fue presentada ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado bajo el argumento de que los legisladores demandados habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que les establece la Constitución Política.
Específicamente, el litigio hace referencia al artículo 180 en su numeral 2 de la carta magna que habla de las actividades de “gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que establezca la ley”.
El documento de catorce páginas que llegó al despacho de los magistrados documenta los aportes voluntarios que han hecho esos ocho congresistas tomando como referencia los comprobantes de consignación que cada uno compartió en sus redes sociales.
Los congresistas Cabal, Holguín, Guerra, Quintero, Valencia, Espinal, Berrío y Cadavid compartieron cada uno comprobantes de transacciones en sus redes sociales en los que se documentaba el giro de un millón de pesos. Entretanto, el senador Uribe mostró el porte de un millón 500 mil pesos.
“La causal de pérdida de investidura que se invoca ha ocurrido inequívocamente, pues la celebración de un contrato de donación con la Gobernación de Antioquia, entidad territorial de carácter público, el congresista que realice dicho contrato incurre en la causal mencionada”, se lee en la demanda presentada ante el Consejo de Estado contra ese grupo de legisladores.
La pretensión de la demanda es que se declare la pérdida de investidura de estos legisladores. “Este proceso puede ser largo (...) Cada congresista tiene 50 salarios mínimos mensuales en asesores y no podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades, como me parece a mí que la hay”, le dijo el abogado Carlos Mario Patiño a SEMANA.
El decreto para recibir los aportes voluntarios para la terminación de esas carreteras que ya están en construcción fue expedido por la Gobernación de Antioquia desde el 22 de marzo y ha sido el sustento jurídico mediante el que La Alpujarra ha estado recibiendo donaciones mediante transferencias electrónicas.
Hasta este lunes de Pascua la vaca para las 4G de Antioquia ha recogido $ 3.632 millones de un billón que tiene como objetivo de recaudo para completar los fondos que necesita el departamento para la terminación de las obras que ya están en curso para la edificación de esas carreteras que, en todo caso, no están ubicados en la capital antioqueña ni en sus inmediaciones, sino en las zonas apartadas del departamento y se constituyen como vías de carácter nacional que permiten conectar las regiones del país.