A pesar de las declaraciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que apuntan a que la asamblea nacional constituyente se llevará a cabo acorde a lo establecido en la Constitución de 1991, figuras cercanas al presidente han planteado la posibilidad de que se busquen alternativas que no tengan que pasar por el Congreso de la República.
Por un lado, Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, asegura que en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc existe la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente. El argumento se centra en que se trata de una declaración unilateral de Estado, que se convirtió en documento oficial ante las Naciones Unidas.
A pesar de la ambigüedad de la frase que abriría la puerta para esta alternativa, que dice en su introducción que se debe buscar un acuerdo nacional, según el excanciller ese mandato podría interpretarse como una constituyente.
Esta tesis es apoyada por el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien salió a sustentar que el presidente puede saltarse el Congreso y convocar una constituyente por decreto, basándose en el acuerdo de paz con las Farc.
Si bien no existe una confirmación del presidente frente a la posibilidad de que estos escenarios se estén contemplando, se trata de figuras cercanas que hablan por su corriente política.
Oscar Ortiz, exzar anticorrupción y uno de los líderes de la Séptima Papeleta, asegura que no existe escenario en el que el presidente de la República pueda saltarse el Congreso para convocar una constituyente.
“No puede salirse del artículo 376 porque sería sustituir al propio pueblo, sustituir a la Rama Legislativa. Una constituyente por fuera del 376 es un auténtico golpe de Estado en el que el presidente asalta el tesoro ciudadano, que es la Constitución de 1991″, expresó Ortiz.
Por otro lado, el Pacto Histórico avanza con determinación para preparar el camino hacia la constituyente, con el respaldo de la Universidad Nacional de Colombia, terreno que el gobierno aseguró al lograr la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución.
Con el fin de ejercer el “poder constituyente” y conversar sobre la agenda programática del gobierno, el petrismo convocó una “Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad” en la institución de educación superior. SEMANA conoció que este podría ser un escenario intersectorial de deliberación en torno a algunos puntos que serían incluidos dentro de la constituyente.
Incluso, este medio conoció que no se descarta que se ponga a consideración un texto y que se busque su aprobación con voto popular, a través de un referendo, con el fin de modificar la actual Constitución.
Esta reunión quedó programada para el 14 y 15 de septiembre, con la participación de indígenas, sindicatos, profesores, estudiantes, coordinadoras nacionales en favor del gobierno y congresistas del oficialismo.
Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Consejo Superior Universitario, quien se opuso a la elección de Leopoldo Múnera, advirtió sobre los peligros de la instrumentalización de la institución para apoyar la constituyente.
“El señor Leopoldo Múnera quiere instrumentalizar a la universidad para su proyecto. En su propuesta a la rectoría nunca habló de constituyente. Se le apareció en el camino. Se están abriendo unas mesas por fuera de los espacios, los profesores no tenemos idea de qué es. Algunos tienen la intención de utilizarlas con fines políticos. No estamos en capacidad de apoyar estos procesos, estamos en un estado de zozobra total”, dijo el profesor en SEMANA.
En medio de los posibles escenarios, también resalta el concepto de Germán Vargas Lleras quien, si bien acepta la invitación del gobierno a hacer parte de la asamblea nacional constituyente, advierte que el gobierno podría hacerla por “decretazo”.
“La constituyente que propone el doctor Cristo es la que aceptamos, pero que se haga ya mediante un acuerdo político, pero ya. Y no nos quedemos expuestos a esta agonía de estos dos años del doctor Petro en el poder y de su eventual decretazo en 2025, cuando él controle la Corte Constitucional”, opinó el exvicepresidente y líder de Cambio Radical.
Otra ruta que sigue activa es la asamblea popular por las reformas sociales convocada por el Pacto Histórico para los días 18, 19 y 20 de julio, exactamente cuando el presidente Petro debería estar instalando la tercera legislatura del Congreso.
En esa asociación estará reunido el “poder constituyente” del que tanto ha hablado el mandatario y la discusión sobre el contenido de las reformas no hace a un lado los ánimos de modificar la Carta Magna que han expresado desde su misma bancada. El miércoles hubo una reunión de los congresistas de la coalición para ultimar los detalles de esa convocatoria.
La Constituyente del presidente Gustavo Petro desbordará la agenda de los próximos dos años, dejando sin espacio la discusión de los demás problemas que atraviesa el país. Es distinta a la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución Política que rige, que provino de un clamor popular de estudiantes y distintos sectores, hastiados de la violencia y de la falta de representatividad.
En esta oportunidad provendrá del deseo de un mandatario, quien busca darle legitimidad a sus propuestas convocando al poder constituyente, olvidado que él encarna el poder constituido, que debe aplicar el marco jurídico.
Es más, el gobierno no ha dejado claro si el proyecto que presente ante el Congreso (en caso de seguir al pie de la letra la vía legislativa) será de carácter sustitutivo o reformista, por lo que no se confirma si el presidente Petro quiere arrancar de raíz la Constitución de 1991 o hacerle ajustes. Todo puede pasar una vez se elijan a los constituyentes.
Y, para que el proceso salga adelante, necesita primero ser aprobado en las urnas con la participación de la tercera parte del padrón electoral (que es de 40.574.168 personas según el censo con corte al 2 de julio de 2024). Es decir, el gobierno tendría que sacar a 13.524.723 personas a las urnas.
El camino de la constituyente de Petro es espinoso, sin certezas y con el riesgo de que la derrota del plebiscito en las urnas resulte en la confirmación de que no existe necesidad de cambiar la Carta Magna.