Este miércoles 13 de marzo, la plenaria del Senado volvió a sesionar con el propósito de avanzar en la reforma pensional que ha estado estancada en esa corporación. Luego de cuatro sesiones, se lograron votar los 58 impedimentos que se habían presentado.
“Señores senadores, hemos terminado los impedimentos, se cita para el lunes 3 de la tarde. Se levanta la sesión”, anunció el presidente del Senado, Iván Name.
Una vez surtido ese trámite, se espera que la próxima semana arranque a discutirse en forma la reforma pensional en su segundo debate.
En la votación de los impedimentos se cuestionó por sectores de la oposición que algunos congresistas le estuvieran haciendo el juego al Gobierno conformando el quórum para ese proceso. Varios de los senadores que no están de acuerdo con el proyecto decidieron salirse del recinto para seguir el debate desde el lobby del salón conjunto, así como lo hacía la oposición en el gobierno anterior, pero que ahora critican.
SEMANA ha indagado por los senadores de oposición. Algunos de ellos han dicho que no respaldan el proyecto, pero le han terminado haciendo juego al Gobierno conformando el quórum. Del Partido Conservador en la sesión de este miércoles se quedaron votando Miguel Barreto y Carlos Trujillo.
Todos los miembros del Centro Democrático se salieron para esas votaciones. Al igual que los demás senadores conservadores.
En el caso del Partido de la U se quedaron todos menos Norma Hurtado, Alfredo Deluque y Antonio Correa. De hecho, Hurtado tiene una ponencia alternativa a la del Gobierno que se someterá a discusión el próximo lunes cuando arranque el debate. Hurtado venía trabajando con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero por algunas diferencias de conceptos que tuvieron, especialmente sobre el pilar solidario, decidieron ir por caminos distintos.
Por parte de los miembros del Partido Liberal se quedaron este miércoles en el recinto votando Fabio Amin, John Jairo Roldan, Alejandro Vega, Miguel Ángel Pinto, Jaime Duran, Laura Fortich y Alejandro Chacón.
El debate de la reforma pensional ya se ha calentado fuera del Congreso. Desde la calificadora Standard & Poor’s se indicó que si llega a ser aprobada la propuesta del Gobierno, se podría ver afectada la calificación crediticia del país.
Según un documento de la calificadora, las bajas tasas de fertilidad, junto con un aumento de la longevidad, plantean desafíos de sostenibilidad financiera y social para los sistemas de pensiones de la región, que los gobiernos deben abordar. Para esta entidad, medidas ineficaces o inoportunas pueden traducirse en un mayor gasto en pensiones y aumentos de la deuda que, a su vez, podrían limitar las expectativas de crecimiento económico. Al mismo tiempo, si las pensiones no mejoran, esto podría provocar descontento social, especialmente a medida que la población sigue envejeciendo.
Además, las reformas propuestas en la región “tienen implicaciones para la calidad crediticia del soberano, dependiendo de cómo afectan los resultados fiscales, benefician la composición de la deuda y el desarrollo de los mercados locales, y reflejan efectividad institucional”.
En el caso de la reforma pensional propuesta en Colombia –y que para distintos analistas es la que tendría más posibilidades de prosperar en su trámite, aunque todavía no avanza su discusión en el Senado– busca eliminar las ineficiencias en el diseño previsional actual a la par de ampliar el papel del sector público, en detrimento de la participación de los fondos privados.
“Si bien los detalles de la reforma aún están en proceso, una mayor relevancia para el sistema público de beneficios definidos puede ser fiscalmente neutral en el corto plazo, dado que los activos de las pensiones privadas se redirigirán al sistema público y se reducirán los subsidios implícitos a los percentiles de ingresos más altos”, dice la firma.