EL país vive un verdadero boom en materia legislativa. El fenómeno tiene una gran magnitud. En efecto, en el primer año de legislatura –del 20 de julio de 2018 al 20 de junio pasado– el Congreso tramitó unos 500 proyectos de ley. En contraste, sin haber transcurrido siquiera un mes desde que comenzó la segunda legislatura, ya hay radicados más de 200: 89 en el Senado y más de 130 en la Cámara. Esta hiperactividad no tendría nada de malo si no fuera porque en este grupo de iniciativas se han colado docenas de corte populista. En efecto, amenazan la estabilidad fiscal de Colombia, afectan incluso a quienes pretenden proteger o, en algunos casos, ponen en vilo la sostenibilidad de sectores empresariales específicos. Se trata de proyectos con buenas intenciones, pero sobre los cuales no hay certeza de cuánto costarán, quién los pagará, a quiénes afectará y qué viabilidad real tienen. Allí aparece, por ejemplo, uno que propone instalar obligatoriamente bebederos en lugares públicos; otro plantea establecer una tarifa diferenciada en la expedición de licencias de conducción para personas de los estratos 1, 2 y 3. Un tercero sugiere que los operadores privados de internet financien gratuitamente este servicio para los estratos 1, 2 y 3. Y uno más elimina el IVA, el pago del impuesto de rodamiento y hasta el costo de los parqueaderos para los vehículos eléctricos. Le recomendamos: Los nuevos rostros del autoritarismo de izquierda y derecha en el mundo
Santiago Castro, presidente de Asobancaria, dice que en este momento hay más de diez iniciativas sobre su sector. Otras iniciativas buscan cambiar normas laborales y pensionales del país, como crear nuevas primas y reducir la jornada laboral. Y una de ellas crea una mayor cantidad de estampillas para financiar todo tipo de obras; actualmente, están en vigencia unas 70, que resultan onerosas. No hay un diagnóstico sobre las razones de fondo para esta avalancha de propuestas populistas que surgen por igual de partidos de izquierda, de derecha o de centro. Pero tres factores explicarían este fenómeno. En un año de la anterior legislatura radicaron 500 proyectos de ley. En menos de un mes de la nueva ya van 200. Por un lado, el año pasado, el Congreso vivió una fuerte renovación de cerca del 60 por ciento. Eso le imprimió una nueva dinámica e incorporó legisladores que esperan responder a las expectativas de sus electores con propuestas populares. También está el cambio en la forma como el Gobierno se relaciona con el Legislativo. Eso motivó a muchos congresistas a buscar otras fórmulas para tener mayor injerencia en decisiones de gran calado del país.
Para Javier Hoyos, asesor legislativo, es usual el boom de proyectos en época electoral. Pero esta vez está desbordado. Finalmente, está la expectativa de las próximas elecciones regionales de octubre. Eso ha llevado a algunos legisladores a tratar de mejorar su posicionamiento en la mente de sus electores o a congraciarse con los mismos. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), explica que es común que en época electoral, los políticos busquen aumentar su presencia radicando iniciativas en el Congreso. No obstante, advierte que esta vez el fenómeno se ha exacerbado y que, en este momento, un elevado porcentaje de proyectos radicados tiene un corte netamente populista. Cuatro características los definen así, según el asesor legislativo Javier Hoyos Arboleda. Una, buscan atacar a los ricos al crearles nuevos gravámenes o desmejorarles condiciones. Dos, pretenden regalar de todo a costa del erario, del sector privado o de los propios contribuyentes. Tres, defienden los derechos de ciertos grupos con exenciones o beneficios fuera de lo razonable. Y cuatro, proponen beneficios incumplibles por congraciarse con los electores, pero sin un soporte real. Esto ha encendido las alarmas en el sector empresarial, que ve con preocupación el nuevo escenario. Por eso, en la asamblea número 75 de la Andi –que se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Medellín–, los empresarios plantearán la necesidad de hacer un alto en el camino para analizar y plantear propuestas serias, razonables y cumplibles. Esto sería lo responsable, aunque resulte difícil para muchos legisladores en un momento en que los populismos de todas las pelambres se han puesto de moda. Puede ver: Tijera al gasto social para evitar una reforma tributaria El presidente de la Andi admite que hay preocupación en el sector empresarial. Dice que esta tendencia puede afectar la estabilidad fiscal del país y amenazar de paso el clima de negocios y la competitividad.
Durante la asamblea de la Andi, su presidente, Bruce Mac Master, hará un llamado a la responsabilidad legislativa. La inquietud se apoya en antecedentes como la aprobación de iniciativas a todas luces inconstitucionales o inconvenientes. Entre ellas, un artículo que aumenta los aranceles a textiles y confecciones, incluido en el Plan de Desarrollo. También mencionan un proyecto de ley que pretende crear una nueva prima para los trabajadores: nadie se opuso y la votaron por unanimidad en primer debate, mientras quienes se oponían terminaron señalados de ir contra el interés de los empleados. “A los empresarios les preocupa que líderes respetados tanto de izquierda como de derecha están aprovechando la situación para lanzar iniciativas sobre temas que resultan muy populares; los abordan con frases fáciles y resultan efectistas, pero de fondo pueden tener un impacto muy negativo para el país”, dice Mac Master. Además recuerda que eso ocurrió en Venezuela cuando el populismo migró hacia los ataques a la empresa privada, con las nefastas consecuencias que ha traído para la economía vecina en las últimas dos décadas. Jugando con candela Muchos gremios y empresarios no se reponen aún de los episodios recientes que rodearon la aprobación de dos leyes claves para el país: la de financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En el primer caso, el proyecto buscaba aumentar el recaudo tributario para reducir el déficit presupuestal de la nación. Paradójicamente, recibió una gran cantidad de propuestas que resultaban muy populares, pero al mismo tiempo demasiado costosas. En el segundo, al filo del vencimiento de los plazos para aprobar el Plan de Desarrollo, los congresistas no lograban un acuerdo para conformar el cuórum requerido para votar, y pusieron al Ejecutivo contra la pared. Todo se resolvió, sin embargo, luego vino una avalancha de propuestas –más de 2.000– que pedían cupo en el PND aunque no guardaran relación con el tema. Todo indica que cada vez más políticos han identificado en el populismo su principal estrategia electoral. Se queja un empresario al señalar que en los últimos meses han proliferado las iniciativas parlamentarias que ganan el favor de los colombianos, pero resultan incumplibles. En otras palabras, están jugando con candela. En contexto: El populismo empobrece El sector financiero ha recibido mucho palo en este auge legislativo. Actualmente, unos diez proyectos se refieren a temas como habeas data –borrón y cuenta nueva–; eliminación de costos financieros –cuotas de manejo y gastos administrativos–, o que piden condiciones especiales para ciertos créditos. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, asegura que esto forma parte del ejercicio normal del Legislativo, y que ciertamente hay personas que presentan iniciativas de corte populista; aunque también otras muy analíticas, que estudian a fondo los proyectos y sus implicaciones. “Destacamos que siempre hemos encontrado un buen ambiente para escuchar nuestros comentarios y nuestras posiciones. Eso no ha cambiado”, asegura Castro. Sin embargo, reconoce que el gremio ha tenido que acelerar su estrategia de hacer presencia en el Congreso en múltiples escenarios, durante la última legislatura, pues ha estado muy movida. Para Hoyos, de Gestión Legislativa, no todas las iniciativas radicadas en el Congreso tienen corte populista porque busquen beneficiar a ciertos grupos. No obstante, es hora de que sector privado, Gobierno y Congreso se sienten a analizar las razones para que existan tantos proyectos de ley “que no van a ninguna parte o no tienen sustento legal o la iniciativa gubernamental”. Además, defiende la propuesta del congresista Rodrigo Lara de crear una unidad en el Congreso para que los legisladores cuenten con cifras oficiales y el apoyo que les permita definir previamente si la norma ya se presentó, si tiene sentido o si sus efectos pueden resultar más lesivos que convenientes. Los empresarios hacen un llamado a la responsabilidad y a definir causas superiores como la democracia, la defensa de las instituciones, el desarrollo social, la generación de empleo, la vida de los líderes sociales, el cuidado del planeta o la paz, entre otras. Seguir jugando con candela puede salirle más costoso al país de lo que nadie puede imaginar.