Esta fue la carta que recibió el presidente Juan Manuel Santos el pasado 12 de diciembre. En ella ambientalistas como Julio Carrizosa, Gustavo Wilches Chaux, Wendy Arenas, Rodrigo Negrete, Julio Fierro, Guillermo Rudas, Margarita Pacheco y Álvaro Pardo hacen una reflexión sobre el mandato del procurador y cómo sus decisiones y declaraciones han atentado contra la libre expresión, los derechos reproductivos y sexuales y la democracia en general. Bogotá, Diciembre 12 de 2013 Señor Juan Manuel Santos Presidente de la República Bogotá Asunto: Carta abierta para que se protejan la esencia del Estado de Derecho y la Constitución Nacional Señor Presidente: Suscribimos esta comunicación colombianas y colombianos que, con compromiso ambientalista y desde distintos escenarios del acontecer nacional, nos dedicamos a construir condiciones propicias para que la vida, en todas sus manifestaciones, pueda desarrollarse en Colombia con calidad y dignidad. Somos conscientes de que un ambiente sano para la vida, y en particular para la vida humana, requiere de múltiples factores como la calidad del agua y del aire, la integridad y diversidad de los ecosistemas y el suelo sin contaminar, pero también de la existencia de una paz real basada en la eficacia de un Estado de Derecho cuya principal función sea la promoción y protección efectiva de los derechos de todas las personas que formamos parte del territorio nacional y que solo es posible en el marco de una construcción social democrática. La Constitución colombiana, tanto en múltiples artículos puntuales como en su espíritu general, elimina cualquier posibilidad de discriminación por razones étnicas, de género, de edad, de credo o de circunstancias de carácter económico, político y social, y consagra el derecho fundamental a la vida y todos los derechos necesarios para que el ejercicio de ese derecho no sea retórico sino real. Nos unimos, en consecuencia, a las voces de miles de personas que hoy expresan su preocupación por la manera como, bajo una fachada de aparente constitucionalidad, el señor Procurador General de la Nación viene ejerciendo sus funciones de control, atropellando los pilares mismos que inspiran y justifican la Constitución Nacional. Como ciudadanos y ciudadanas que creemos en la democracia, reclamamos respeto de la legitimidad que le otorgamos al poder político cuando asistimos a las urnas y que fue desconocida por un acto administrativo a todas luces contrario a la Carta Política y al Pacto de San José, signado por Colombia, que al formar parte del bloque de constitucionalidad impera sobre las normas internas del país. La destitución del Alcalde de Bogotá no es una decisión aislada sino un eslabón más de una cadena de actuaciones que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, los derechos de las minorías, los derechos colectivos a un ambiente sano, los derechos de los animales, la adaptación al cambio climático, el derecho a una administración equitativa de la Justicia y los derechos de quienes libremente han elegido opciones sexuales que, en opinión del Procurador, no merecen protección legal por parte del Estado ni respeto por parte de la sociedad. Usted es consciente, señor Presidente de la República, de que la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá forma parte de un proyecto ideológico que tiene como fin último la derogatoria de la Constitución Política y la implantación de un régimen en el cual desaparezca cualquier amago de oposición en cualquier campo y cualquier expresión de libertad y de diversidad. Bien sabe usted que uno de los objetivos inmediatos en la mira de quienes, desde orillas extremas opuestas, se empeñan en socavar el régimen democrático, es la destrucción del proceso de paz. A pesar de las múltiples dificultades que atraviesa, ese proceso al cual usted le está apostando, constituye la única esperanza de que a las próximas generaciones de colombianas y colombianos no se les niegue, como se nos ha negado a las cinco generaciones anteriores, el derecho a ser parte de un país en paz. No le reconocemos al Procurador General de la Nación ninguna legitimidad para invocar consideraciones ambientales como fundamento de decisiones como la de destituir e inhabilitar políticamente al Alcalde de Bogotá, La gran mayoría de las actuaciones del Procurador que han tenido alguna relación con el ambiente, han sido claramente adversas a los derechos ambientales de la comunidad y contrarias al deber del Estado de proteger la integridad y diversidad de los ecosistemas colombianos. Las decisiones de la Procuraduría en los casos de los proyectos mineros en Santurbán y La Colosa, de los acuíferos del río Tunjuelo (Bogotá), del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo y la declaratoria del área de reserva forestal del Borde Norte en Bogotá, sumadas a la ausencia de intervenciones eficaces frente, por ejemplo, el otorgamiento de títulos mineros en territorios étnicos, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, demuestran de qué lado se encuentra ese organismo de control frente al tema ambiental. Con fundamento en lo anterior, solicitamos a usted que haciendo uso de todas las herramientas que le otorgan la Constitución, la Ley y los convenios internacionales de los cuales forma parte el país, incluida la facultad para invocar la Excepción de Inconstitucionalidad, se abstenga de tomar cualquier decisión que avale y legitime la manera como se están pretendiendo bombardear desde adentro tanto el Estado de Derecho como la Constitución Nacional. Hoy es el caso de la destitución y condena a muerte política al Alcalde de Bogotá. Ayer han sido otros muchos casos con menos visibilidad y, de avalar hoy expresa o tácitamente, esa decisión desde el Poder Ejecutivo que usted representa, mañana van a ser muchísimos más. Si Usted, como Jefe de Estado, que al igual que el Alcalde de Bogotá también es legitimado por la voluntad popular, no interviene en defensa de quienes creyeron en la posibilidad de que se fortaleciera la democracia y se alcanzara la paz, continuaremos sumidos en este estado de cosas que se pretende justificar con consideraciones políticas disfrazadas de argumentos jurídicos, que sirven de excusa para desconocer los derechos humanos y la justica social. De usted, respetuosamente, JULIO CARRIZOSA UMAÑA GUSTAVO WILCHES CHAUX RODRIGO E. NEGRETE MONTES LAURA J. SANTACOLOMA MENDEZ JULIO FIERRO MORALES WENDY ARENAS W. MANUEL GUZMÁN HENNESSEY CARLOS RODRÍGUEZ GUILLERMO RUDAS LLERAS GERMAN ANDRADE FABIO VELASQUEZ GUSTAVO ESGUERRA GUTIÉRREZ MARGARITA FLOREZ TOMÁS LEÓN SICARD CARLOS FONSECA MARGARITA PACHECO GONZALO ANDRADE CORREA MANUEL SANTIAGO BURGOS LUIS ÁLVARO PARDO DIANA RODRÍGUEZ FRANCO RENÉ LÓPEZ CAMACHO SEBASTIÁN RUBIANO GALVIS EDUARDO CHAVEZ SERGIO GAVIRIA MELO CATALINA TORO PÉREZ SERGIO CORONADO JENNIFER ÁNGEL AMAYA ALEJANDRO PULIDO JERÓNIMO RODRÍGUEZ AÍDA QUIÑONES TORRES LAURA RICO GUTIÉRREZ DE PIÑERES MARIANA GÓMEZ FELIPE RUBIO TÖRGLER ANDRÉS HERNÁNDEZ QUIÑONES PAOLA MARÍA UNGAR VIVIANA SÁNCHEZ CATALINA RIVEROS GÓMEZ CARLOS TAPIA MIGUEL GIL MÉNDEZ FERNANDO VARGAS VALENCIA XIMENA GONZÁLEZ SERRANO SANDRA YOLIMA SGUERRA HÉCTOR ANDRÉS RAMÍREZ TATIANA RODRÍGUEZ CARLOS JACANAMIJOY CLARA NIETO CONSTANZA VIEIRA QUIJANO SANTIAGO DE GERMÁN RIBÓN MARITZA DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL VERGARA NAVARRO GLORIA M. 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