En el Congreso de Colombia se discute el proyecto de Ley 099 de 2018 en la Cámara, que prohíbe a los estudiantes ingresar los teléfonos móviles a los colegios públicos y privados, incluidos los espacios de descanso y alimentación (artículo 1º) y su uso en las aulas escolares, tanto a docentes como a estudiantes (artículo 2º). En esta propuesta de Ley se adopta por el camino fácil de reglamentar para prohibir, pero no para educar. Sobre el uso del teléfono móvil, lo lógico sería motivar a que la escuela educara, reflexionara y acordara sus propias normas, de acuerdo con las características de sus estudiantes, su entorno y los objetivos del proyecto educativo institucional. Niños y adolescentes buenos ciudadanos porque el colegio ayuda a formar. Esta iniciativa legislativa actúa con la lógica de sacar un proyecto fácil, que vende y cuya aparente solución, prohibir y prohibir, pareciera convenir a todos, pero en el fondo evita problematizar a la comunidad educativa de cada colegio (padres de familia, estudiantes, docentes y directivos) sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, entre ellos los teléfonos móviles, como un instrumento que los docentes y estudiantes deben utilizar para formar y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el aula o fuera de ella. Le recomendamos: La debilidad del MEN frente al tema de financiación de la educación En contravía de lo anterior, en la exposición de motivos el Representante Vergara Sierra sostiene que el objetivo de la ley es reglamentar el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en los centros de educación escolar, porque estos perturban los procesos de aprendizaje y socialización en la comunidad educativa. Además, se acusa a los colegios (directivos y docentes) de ser permisivos por consentir la utilización de teléfonos móviles y aparatos electrónicos de comunicación afines dentro de las instituciones de educación básica y media; así mismo, sostiene que el consumo desmesurado de los teléfonos produce aislamiento social, falta de ejercicios mentales, la disminución de la necesidad de interacción humana y hasta problemas de salud; sin olvidar el ciberacoso (ciberbullying) que afecta la protección de derechos fundamentales (libre desarrollo de la personalidad, intimidad etc.). La solución para todos estos líos, según la exposición de motivos del proyecto, “es cortar de raíz la génesis de la problemática”: prohibir el uso de los celulares en los colegios para estudiantes y en el aula hasta para los docentes. Olvidan quienes así piensan que los niños y adolescentes de 365 días al año, sólo están en los colegios 175 días, entre 5 y 8 horas, el resto del tiempo los estudiantes están en sus casas donde comparten con su entorno familiar y social, donde unos tendrán ayuda, soporte y control parental, otros no. Con estos últimos el Estado requiere fortalecer la protección y formación sobre el buen uso en los teléfonos móviles y en general sobre las redes sociales, labor en la cual no se puede dejar sola a la escuela. Lea también: El ajuste del SGP debería resolver el problema de financiación de la educación Al imponer, a través de una ley, la prohibición para usar los teléfonos celulares en las instituciones educativas, olvidan que los colegios son centros de conocimiento que deben ayudar a la sociedad a formar buenos seres humanos, es decir niños y jóvenes con sentido crítico, capaces de pensar en lo que les conviene o no, tanto de manera personal como colectiva (a la sociedad). Lo anterior es la esencia de la formación y demanda una gran capacidad de reflexión y de acción de los docentes sobre lo pedagógico y curricular, así como la participación de los padres y de los estudiantes para lograr este propósito. Los teléfonos celulares llegaron para quedarse y muy pronto su uso será universal aún para los adolescentes. A partir del estudio sobre uso y apropiación de las TIC en Colombia, realizado por el Ministerio de las Tecnologías y la Información (2015), se puede afirmar que en el 2018 cerca del 80% de los adolescentes entre los 12 y los 17 años tienen teléfono propio con voz y datos, cifra que se incrementa a más del 92% para los jóvenes entre 14 y 18 años. En el mundo, la mayoría de países determinan que los colegios decidan sobre la conveniencia de usar, o no, los teléfonos móviles. Con seguridad padres y docentes estarán de acuerdo en que los niños de preescolar y primaria no deben llevar y menos usar en el aula dichos aparatos, a no ser que se utilizaran de manera específica para un proyecto pedagógico; con los estudiantes de secundaria y media se puede llegar a acuerdos sobre en qué momento se permite su uso y para qué. No se pierda: La falta de recursos es el mayor problema de la educación oficial Lamentablemente, una vez se expida este tipo de Ley, donde se reglamente la prohibición, la mayoría de los directivos de los colegios, los docentes y los padres de familia optarán por el camino fácil, la autoridad y la sanción: “No lo traiga o no lo lleve porque está prohibido por ley”. No lo use en el salón de clase o en el laboratorio o en una biblioteca porque está prohibido por ley”, luego vendrán los llamados de atención y las sanciones. Por favor, respetemos la autonomía escolar, estimulemos que los colegios y la comunidad educativa decidan de acuerdo con sus razones y conveniencias, apoyemos a los docentes, ellos son profesionales y siempre buscarán lo mejor para los estudiantes, al final de lo que se trata es de formar y no de prohibir.