SEMANA: Usted intervino en el Encuentro sobre la Protección de Menores en el Vaticano de forma clara, contundente. Ahora bien, de lo que se dijo y definió, ¿qué tanto vamos a ver en la Iglesia colombiana, en muchos casos silenciosa, renuente y hasta cómplice, si se quiere, de esos lobos vestidos de sotana?
Monseñor Rubén Salazar: En Colombia estamos viviendo un proceso de creciente conciencia sobre este problema. Hasta hace pocos años no éramos conscientes de que en el país se presentaban estos casos y de que había que denunciarlos, por una parte, y reparar a las víctimas, por otra. En 2010 y 2011 estuvo como invitado monseñor Charles Jude Scicluna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se encarga de los abusos, y hablamos de este problema. Fue el primer campanazo fuerte.
SEMANA: ¿Y el segundo?
M.R.S.: Después, a medida que los casos afloraron, fuimos viendo la gravedad del problema, y que no estamos exentos de una situación estilo Estados Unidos o Chile. La conciencia ha ido, poco a poco, creciendo hasta llegar a lo que pensamos hoy. Como dije en Roma, la Iglesia en Colombia tiene que ponerse en máxima alerta. Hay que denunciar los casos que se presenten, reparar a las víctimas, y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de abuso.
SEMANA: ¿Cuántos casos de abusos de menores tienen ustedes registrados en Colombia?
M.R.S.: No tenemos estadística ni cifras claras.
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SEMANA: La Fiscalía habla de 80 casos.
M.R.S.: Justamente, uno de los problemas que tratamos en Roma fue el de la necesidad de tener estadísticas precisas y claras, porque en la inmensa mayoría de países la Iglesia no las tiene. Uno de los temas que vamos a tratar en la próxima asamblea de la Conferencia Episcopal es cómo construir esas cifras. Los obispos tendrán que reportar todos los casos a la Conferencia. Ahora bien, solo en Bogotá tenemos 12 casos de abusos, y en toda Colombia podríamos hablar de más de 100.
SEMANA: ¿Qué van a hacer para que por fin haya verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos?
M.R.S.: Una de las propuestas del encuentro de Roma es que dentro de poco se entregue una especie de vademécum o código de conducta normativa de los obispos, que les permita saber con claridad cómo deben actuar en todos los casos. Pues si ha habido hasta errores graves en el manejo de este asunto, ha sido en buena parte por no saber cómo actuar. Las normas, como estaban especificadas en el derecho canónico, eran muy vagas tanto en la tipificación de los delitos como en los castigos y procedimientos. Por eso, cuando asumimos las denuncias, no solo en Estados Unidos o Australia, sino en Colombia, hubo y ha habido errores serios.
SEMANA: ¿Cómo cuáles?
M.R.S.: Hay obispos que todavía creen que esto se puede manejar un poquito, como en familia, que no es necesario una denuncia, que esto se puede tomar como un problema moral del sacerdote y no como un crimen sometido a la legislación civil. En mi conferencia en Roma dije algo que pienso que es clave para entender bien el asunto. Se trata de distinguir entre el pecado, sometido a la misericordia de Dios y, por lo tanto, posible de absolver; el delito canónico, que va contra la ley de la Iglesia y debe ser sancionado; y el delito civil, que tiene que ser denunciado de inmediato y sometido a la legislación. Entonces, cuando se distinguen esos tres aspectos, es más fácil, digo yo en el sentido amplio, tratar el asunto. El problema aparece cuando se confunde ser misericordioso con encubrir. O que ser misericordioso significa no denunciar o que ser misericordioso significa no castigar.
SEMANA: ¿Su posición es que no debe haber silencio en los casos de abuso y asumir todas las denuncias del caso?
M.R.S.: No es mi posición, es la posición de la Iglesia en este momento. Está perfectamente claro: nadie puede dejar de denunciar un abuso.
SEMANA: Si un obispo o un sacerdote sabe de un abuso y guarda silencio, ¿qué es?
M.R.S.: Es encubridor y cómplice, y tiene que responder como si fuera abusador.
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SEMANA: Un tema espinoso es el de las reparaciones económicas a las víctimas. Por un lado, la Iglesia, en los juicios, ha tratado de crear una especie de jurisprudencia para que las responsabilidades sean individuales y no institucionales. Pero, por otro, hay casos en los que sacerdotes, órdenes o demás han pagado a las víctimas para callarlas.
M.R.S.: No se trata solo de una reparación económica. Tenemos que buscar una reparación integral, que incluye aspectos psicológicos, psiquiátricos, morales y religiosos que busquen que la víctima sane, salga adelante. En la Iglesia, más que de víctimas se habla de sobrevivientes, porque queremos que las personas superen el trauma y el daño sufrido. Ahora bien, en algunos casos concretos debe haber una reparación económica, cuando el daño causado las haya hecho incapaces de organizar su vida, tener empleo, profesión, ganarse la vida. Además, muchas de estas personas requieren de tratamientos psicológicos muy costosos.
SEMANA: ¿Y quién responde por esa reparación económica?
M.R.S.: En principio, quien cometió el crimen, y después debe haber una cierta solidaridad, porque quien lo cometió pertenece a una institución. Pero eso depende de cada caso.
SEMANA: El dilema de muchas víctimas es que no denuncian porque ya tienen 35, 40, 50 años y sufrieron abusos cuando eran niños. Esto significa que el delito prescribió en la justicia ordinaria. ¿Qué decirles a esas víctimas?
M.R.S.: Tanto en la ley civil como en la canónica hay prescripciones, pero eso está cambiando dentro de la Iglesia. El papa Benedicto XVI amplió la prescripción de 10 a 20 años después de la mayoría de edad de las víctimas. Ahora, en Roma se planteó la posibilidad de que no prescriban. Yo pienso que es importante que la persona que haya sufrido el abuso denuncie ante la Iglesia, aun cuando haya precluido en la civil.
SEMANA: Y para qué si muchas de las víctimas dicen que termina protegiendo al abusador…
M.R.S.: Esa forma de pensar o de actuar está llamada a ser revisada. No podemos dejar lo ocurrido en silencio y taparlo. Eso ya no puede suceder en la Iglesia. Si una persona denuncia, así el crimen haya prescrito, el obispo tiene la obligación de adelantar un proceso, y, si es necesario, imponer una pena al abusador, que puede llegar a la expulsión del estado clerical.
SEMANA: Sí, pero mientras se investiga, ¿qué pasa con el sacerdote o la religiosa?
M.R.S.: En el momento en el que la víctima presenta la denuncia y el obispo la cree válida, debe empezar una investigación preliminar y poner penas cautelares al acusado, es decir, suspenderlo para que no pueda ejercer el ministerio en privado ni en público. Incluso, si es el caso, se aisla para que no sea una potencial amenaza.
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SEMANA: En el caso de las religiosas, el abuso sexual o psicológico ha sido más silencioso aun que el de abusos a menores. ¿Qué saben sobre esto en Colombia?
M.R.S.: Que yo sepa, no. Ahora, puede haberse presentado y no lo sabemos.
SEMANA: El papa Francisco, usted y muchos de los que participaron en el encuentro en Roma pusieron a las víctimas en el centro de lo que se debe hacer, ¿por qué? Se parece a lo que pasó en Colombia con el proceso de paz con las Farc.
M.R.S.: Es una comparación muy válida. Las negociaciones en La Habana se destrabaron cuando pusieron a las víctimas en el centro. Lo mismo ha pasado en la Iglesia. En el momento en que las víctimas quedaron en el centro, empezamos a tomar una nueva conciencia de cómo actuar. Solo cuando uno se enfrenta con el dolor, el sufrimiento, con el daño causado a una víctima de abusos, puede darse cuenta de la magnitud del problema y tomar conciencia de la necesidad de intervenir.
SEMANA: ¿Es cierto que, cada vez más, usted es uno de los papables por América Latina?
M.R.S.: ¿Yo? Yo ya estoy muy viejo para esas cosas.