Han pasado cuatro meses desde que el Congreso le otorgó las facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reestructurar el Estado. Sobre el papel, las facultades fueron reclamadas por el Ejecutivo para revivir tres ministerios, fusionados en 2002, pero son tan amplias que con ellas se pretende hacer una cirugía de varias entidades estatales. Aunque aún quedan dos meses para que se venza el plazo, a juicio de los parlamentarios que integran la comisión de seguimiento a la reforma del Estado, el gobierno tiene a punto la mayoría de las reformas. Sin embargo, según revelaron algunos congresistas, los decretos serán expedidos de forma paulatina, y el propósito de tenerlos antes del 20 de julio, probablemente se posponga. “El gobierno piensa tomarse todo el plazo”, dijo el representante Camilo Abril (Cambio Radical) quien integra la comisión de seguimiento, pese a que ya tiene un completo estudio elaborado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Probablemente, el decreto que se anticiparía sería el de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Semana.com conoció que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le dio instrucciones al actual director de la entidad, Juan Carlos Restrepo, de ultimar el decreto para que pueda ser expedido por el gobierno en la primera quincena de julio. Ministerio de Justicia, lo más adelantado Otro decreto que se adelantaría sería el de la creación del ministerio de Justicia. Hay varias razones que lo explican. Por logística, la separación de la cartera política de la de justicia es la más adelantada. El gobierno ya tiene la nueve sede del ministerio del Interior y la designación del nuevo ministro de Justicia es la que más adelantada tiene el presidente Juan Manuel Santos. Además, algunas de las funciones de la DNE serán asumidas por uno de los dos viceministerios que quedarán adscritos a la cartera de justicia. Así mismo, el actual presidente de la Cámara, representante Carlos Alberto Zuluaga (P. Conservador), le reveló a Semana.com que la reforma a la justicia “será liderada en el Congreso por el nuevo ministro”, otro de los apuntes que hacen previsible que este decreto se adelante. El próximo ministerio de Justicia tendrá dos viceministerios. El primero, según explicó el ministro Germán Vargas Lleras, se encargará de los temas de eficiencia de la Rama, como el acceso a la justicia, la celeridad de los procesos y la descongestión. El segundo viceministerio tendrá dos retos cruciales: justicia transicional (ley de víctimas, justicia y paz, etc.) y la política antidrogas (funciones que tenía la DNE). Aunque sólo faltaría ajustar algunos detalles, el ministro del Interior también explica que el decreto se expedirá luego de las sugerencias de los magistrados de las altas cortes sobre la nueva cartera. Unas sugerencias que podrían quedar consignadas la próxima semana cuando el gobierno se reúna en Medellín con las altas cortes, y cuyo tema principal será la búsqueda de un consenso para la reforma a la justicia. Y en este ministerio se creará una Agencia Nacional para la Defensa Jurídica de la Nación, que se encargará de responder todas las multimillonarias demandas que cursan contra la Nación en diferentes tribunales contenciosos y administrativos. Las nuevas agencias En cuanto a las agencias se pretende crear la de Infraestructura, que asumirá todas las funciones que hoy tiene el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), entidad que, según el gobierno, ha estado politizada, según reveló el representante a la Cámara Camilo Andrés Abril. Carlos Alberto Zuluaga también reveló que el gobierno evalúa varios estudios sobre la reestructuración de Coldeportes, entidad que saldría de la tutela del ministerio de Cultura y que tendría una mayor independencia y mejores recursos para convertirse en lo que sería el Instituto Nacional del Deporte. El gobierno ya había anunciado la creación de la agencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sustituirá en sus funciones a Ingeominas, que también será liquidada. Y frente a la liquidación del DAS, el decreto se pospondrá hasta que sea sancionada la ley de inteligencia, aprobada por el Congreso este semestre. Estas funciones serán asumidas por la Agencia Nacional de Inteligencia. El gobierno ya ha expedido un par de decretos que permiten el aumento de la planta de personal de la Fiscalía, un instrumento jurídico que permitirá que actuales agentes del DAS, encargados de funciones de policía judicial, sean traslados al Cuerpo Técnico de Investigación del organismo acusador. Aunque el pasado mes de marzo, cuando el Congreso entregó las facultades al presidente para reformar el Estado, el Ejecutivo se había comprometido a tener esta nueva estructura el 20 de julio, el gobierno se tomará el tiempo que le entrega la ley, es decir hasta el mes de septiembre.