En la tarde de este lunes la ministra de Educación, María Fernanda Campo y el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, radicaron en el Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. La reforma a la Ley 30 de Educación Superior fue radicada ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El trámite se da en medio de anunciadas consultas estudiantiles para definir si cesan activades académicas en algunas universidades del país. “Se busca mejorar la calidad de la educación en Colombia en todos los niveles: técnico, tecnológico y universitario. Habrá más equidad y acceso para los jóvenes más pobres”, estas fueron las primeras declaraciones de la titular de la cartera tras presentar el proyecto. Campo precisó que a través del proyecto se busca que “el sistema de educación esté a tono con las grandes demandas de un recurso humano cada vez más formado y capacitado”. Como otro objetivo, la ministra sostuvo que se mejorará la rendición de cuentas y el buen gobierno al interior de las instituciones de educación superior. De acuerdo con la ministra, con la reforma se abrirán más posibilidades de estudio para los más de 3'200.000 jóvenes que concluyeron bachillerato y no pudieron acceder a la educación superior. No a la inversión privada En la radicación de la reforma, la ministra Campo confirmó que, como lo anunció en las semanas anteriores el presidente Juan Manuel Santos, en el proyecto radicado se eliminó la inversión privada y la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro. “El proyecto prevé recursos de origen público para fortalecer nuestras instituciones de educación superior, y así haya más créditos educativos subsidiados y fondos de manutención”, subrayó. La titular insistió que no habrá privatización ni mercantilización de la educación, y confesó que en su criterio personal, sí consideró importante en su momento que llegaran recursos privados para cofinanciar la educación. “Así sucede en la mayoría de los países, pero cada nación es diferente y en Colombia quisimos sacarlo a discusión y se encontró que esa propuesta no era viable ni bien aceptada”. De acuerdo con Campo, las metas para los próximos cuatro años en el sector educativo son “ambiciosas”. Se crearán más de 640.000 nuevos cupos para los jóvenes estudiantes con menores recursos y las instituciones de educación superior recibirán, desde el año 2012 al 2022, seis billones de pesos que se adicionarán a los 29 billones de pesos que está previsto que les llegue. Agregó que, además, la inversión privada fue eliminada porque así lo pidieron los partidos políticos de la Unidad Nacional. "No hay consenso" Tras la radicación del proyecto, miembros de la Federación Universitaria de Estudiantes se congregaron a la salida de la Secretaría General de la Cámara de Representantes para manifestarse en contra de la reforma. “No hay consenso con rectores, profesores y estudiantes”, reclamaron ante el viceministro de Educación Superior, Javier Botero. El alto funcionario negó que el Gobierno o el Ministerio de Educación hayan confirmado un consenso con los estudiantes. “Nunca se ha dicho que hay consenso, no lo hay en todos los puntos con los estudiantes y los rectores”. No obstante, Botero dijo a los manifestantes que en los siete meses de discusión sólo se presentó una contrapropuesta, e hizo un llamado para estudiar el proyecto radicado. Ante la solicitud del viceministro, el representante estudiantil Jairo Rivera aseguró que sí conocen la iniciativa y que protestan porque se “radicó un proyecto final que la comunidad universitaria no conoce”. Rivera rechazó que sólo se planteen recursos adicionales para la educación superior y que no se aumenten escenarios de calidad académica. “Queremos que el debate lo dé el país antes que los parlamentarios, para que el Congreso haga lo que quiere la gente. Tenemos críticas frente a los procesos de acreditación y los programas de baja calidad”, concluyó Rivera. Protestas sí, vandalismo no Ante las anunciadas consultas en las universidades, que se realizarían en los próximos días para definir si pararán sus actividades académicas, la ministra Campo recordó que el Gobierno y el Ministerio de Educación respetan la protesta pacífica y darán todas las garantías a las posibles manifestaciones, mientras no se presenten actos de vandalismo. “Por favor, no cesen las actividades, el perjuicio es enorme para los estudiantes que necesitan terminar su carrera, para los padres de familia y para la sociedad. Son muchos los recursos que año a año se giran para las instituciones”, pidió la titular. Finalmente, la ministra contó que según una encuesta realizada en la Universidad de Antioquia, en la que entrevistaron a unos 14.000 estudiantes, profesores y servidores públicos de la institución sobre si querían un paro estudiantil, el 95 por ciento votó en contra del paro, mientras que el 5 por ciento estuvo a favor del cese de actividades. “Esto demuestra que la gran mayoría no quiere interrumpir sus estudios”, concluyó Campo, quien añadió que está convencida de que el Congreso abrirá los espacios de participación necesarios para escuchar a los opositores a la reforma.