El portavoz del Gobierno nacional y ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que después de varias reuniones, el contenido de la reforma a la salud está acordado en un 99 %. Aún persisten algunas dudas sobre cuál será el futuro de las EPS, uno de los actores claves del sistema actual.
En el texto del proyecto de ley de reforma a la salud que se radicó en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero, las EPS desaparecerían después de un proceso de transición y sus afiliados pasarían de forma paulatina a ser atendidos por los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs).
La idea causó revuelo nacional y generó división en la coalición del Gobierno en el Legislativo. De hecho, fue uno de los aspectos que motivó a los partidos Liberal, Conservador y La U a pedir múltiples ajustes en el articulado.
Después de una reunión con el presidente Petro, propusieron que las EPS siguieran en el sistema de salud de forma indefinida, aunque manifestaron que debían perder algunas de las funciones que hoy cumplen.
Según la propuesta de las tres colectividades, las EPS podrían convertirse en entidades gestoras de salud y vida. Tendrían la capacidad de seguir gestionando el riesgo en salud, pero dejarían de recibir los recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Estos se les entregan en la actualidad para garantizar el acceso a los servicios de cada uno de sus afiliados, un dinero que en la actualidad se llama unidad de pago por capitación (UPC).
En otras palabras, hay acuerdo entre el Gobierno y sus aliados en que la Adres tendrá la función de girarles los recursos directamente a los hospitales y las clínicas, sin que ese dinero pase por la administración de las EPS. Eso sí, esas entidades seguirán recibiendo recursos por las labores de articulación de los distintos actores del sector salud.
Así mismo, estos partidos han señalado que las EPS no podrían recurrir a la práctica de integración vertical, que se refiere a los casos en los cuales esas entidades contratan con instituciones prestadoras de salud (IPS) que son de su propiedad.
Una diferencia sustancial con la propuesta original del Gobierno es que las entidades gestoras seguirían funcionando como articuladoras de los distintos niveles de atención en salud, que estaría compuesta por los Centros de Atención Primaria y los hospitales y clínicas que se dedicarían a prestar servicios de mayor complejidad.
En otras palabras, cuando las EPS se conviertan en entidades gestoras de salud y vida, seguirán encargándose del riesgo en salud, pero ya no tendrán a cargo el riesgo financiero.
El borrador de la ponencia acoge varios acuerdos
Aunque se espera que en los próximos días quede en firme un nuevo articulado de la reforma a la salud, SEMANA conoció un borrador del mismo. El texto tiene varias diferencias con respecto a la propuesta original que había puesto sobre la mesa el Gobierno nacional a mediados de febrero pasado.
El nuevo texto plantea que las EPS seguirían operando hasta por los próximos dos años desde que se expida la ley, pero deberán empezar a transformarse en entidades gestoras de salud y vida.
“Al cumplir los dos años, las Entidades Promotoras de Salud que cumplan los requisitos podrán transformarse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), en los tres meses siguientes (...). Podrán ser de naturaleza privada o mixta y su conformación, habilitación y funcionamiento estará conforme a las condiciones y plazos señalados en la presente ley”, puntualiza el borrador de la ponencia.
Así mismo, el articulado plantea que tendrán que “colaborar en la organización de los Centros de Atención Primaria en Salud conforme a la organización de las redes integrales e integrada de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que serán financiados por parte de la Adres”.
Eso sí, les ponen una obligación que será un gran reto. Según el articulado, para convertirse en entidades gestoras, las EPS tendrán que estar a paz y salvo con clínicas y hospitales, algo que puede resultar difícil debido a que todas esas entidades tienen múltiples cuentas por pagar por la forma en la que funciona el actual sistema de salud.
A su vez, se pone de manifiesto que tendrán que territorializarse. Es decir, tendrán que organizarse de forma progresiva por cada territorio donde tengan una presencia robusta y el visto bueno de las autoridades para operar.
Como lo han propuesto los partidos políticos, se plantea que las nuevas entidades gestoras tendrán a cargo la articulación de los distintos actores del sistema de salud. Además, tendrán que desarrollar una serie de sistemas de información que, según ha señalado el Ministerio de Salud, será clave para hacerles seguimiento a las transacciones del sector.
El articulado también propone que las gestoras realicen “las auditorías de cuentas médicas y de calidad en la prestación de servicios de salud. Corresponde a la Administradora de Recursos de la Salud, Adres, autorizar los pagos y efectuar los giros a los proveedores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud o farmacéuticos y demás servicios requeridos para garantizar la prestación de servicios de salud a la población asignada”.
Se espera que de aquí al jueves próximo (30 de marzo) haya un acuerdo total sobre el proyecto de ley y se presente el articulado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde surtirá su primer debate.