Uno de los frentes de tensión del sector salud que no ha recibido tanta atención durante las últimas semanas han sido las demoras en el pago del salario a los residentes médicos, que están realizando sus prácticas profesionales en instituciones prestadoras de salud (IPS).
Para llevar a cabo esta etapa de su carrera, los médicos residentes son vinculados laboralmente a través de un contrato de práctica formativa, que es una figura especial de contratación.
Según la Ley 1917 de 2018, que reglamenta estas prácticas médicas, la finalidad del contrato “es la formación de médicos especialistas en programas médicos quirúrgicos, mediante el cual el residente se obliga a prestar, por el tiempo de duración del programa académico, un servicio personal, acorde al plan de delegación progresiva de competencias propias de la especialización”.
Allí, además, entre otras cosas, se establece que su jornada laboral puede ser de máximo 12 horas diarias y 66 horas semanales, a menos de que se trate de casos de emergencia sanitaria.
Pero el foco de las molestias radica en que el Estado es el encargado de pagarles a los residentes médicos por cuenta del trabajo que ejecutan durante ese período y, en ocasiones, se demora en desembolsar los recursos. En la actualidad, esa financiación está bajo la tutela de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Esta entidad, además, está autorizada para delegarles el giro de ese dinero al Icetex o una entidad fiduciaria que se encargue de que la plata llegue al bolsillo de los residentes médicos.
“La Adres, el Icetex o la entidad fiduciaria, según el caso, girarán al residente el apoyo de sostenimiento educativo mensual, previa verificación de la suscripción y vigencia del contrato especial para la práctica formativa y constancia de matrícula al programa de especialización médico-quirúrgica”, se puede leer en la norma que reglamenta las residencias médicas.
Estos procesos, además, deben contar con la supervisión del Ministerio de Salud, que es responsable de seguir de cerca el mecanismo contractual de financiación y giro al residente.
Las demoras en el pago
Este año habían empezado a arreciar las quejas por cuenta de la falta de pago de las residencias médicas. Tanto así que varias organizaciones estudiantiles dentro de las facultades de medicina del país empezaron a impulsar la etiqueta #PagoLeydeResidentesYA en Twitter para visibilizar las demoras del Gobierno nacional para desembolsar los recursos.
Las críticas también se han dirigido hacia la ministra de Salud, Carolina Corcho, por cuenta de varias declaraciones viejas que desempolvaron en las redes sociales.
Le reclamaban porque en ese entonces se quejaba de las demoras en el pago a los residentes, pero al gobierno actual también le ha costado garantizar el giro oportuno del dinero a los residentes.
“Presidente Iván Duque, nos tocó marchar para presentar la ley del residente, luego para aprobarla. Y ahora también para que ustedes la cumplan y paguen a los residentes. ¿Será que se puede cumplir la ley y los acuerdos en este país, sin que siempre tengamos que salir a protestar?”, advertía la ministra Corcho en octubre de 2020.
Anunciaron un acuerdo
Pues bien, más allá de la polémica, en las últimas horas la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir) anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud para que el pago llegue en los próximos días.
Según advirtieron, este mismo 31 de enero esa cartera ministerial se comprometió a expedir la resolución que aprueba el pago de la ley de residencias médicas que corresponden a diciembre pasado.
Y advirtieron que esta norma “tendría que hacerse efectiva” de aquí hasta el próximo 2 de febrero.
La Anir recordó que no es la primera vez que han tenido que ejercer presión ciudadana para lograr que les paguen a los residentes médicos, pues en 2018 lograron que se aprobara una ley que reglamentó las condiciones mínimas de su trabajo.
“Hoy en día, como en aquel entonces, atravesamos dificultades que requieren la unión de todo un gremio, y recordar que tenemos como corresponsabilidad continuar defendiendo este beneficio tan trabajado”, señalaron en un comunicado público.