Profamilia, una de las organizaciones sin ánimo de lucro que defiende el acceso al aborto en Colombia, reveló las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que ha documentado en el último año, marcado por la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar esta práctica hasta los seis meses de gestación.
Para empezar, Profamilia indicó que la decisión que tomó esa alta corte el 21 de febrero de 2022 representó un paso histórico para la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país y Latinoamérica, así como un avance trascendental hacia el reconocimiento de su autonomía y ciudadanía plena”.
Así mismo, la organización indicó que las personas que decidan abortar ya no son víctimas de judicialización y criminalización cuando requieran acceder a estos servicios de salud.
Señaló que para el marco jurídico colombiano es clave que el Ministerio de Salud haya emitido una resolución que reglamentó cómo se debe garantizar el derecho al acceso al aborto a nivel nacional.
“Con esta resolución se reconoce que tanto mujeres como personas gestantes (hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias, entre otras) pueden acceder al servicio sin restricciones y reitera que el aborto es un servicio esencial y urgente de salud que debe garantizarse y no suspenderse”, detalló Profamilia, que presta el servicio de IVE en 53 clínicas a nivel nacional.
Destacan un mejor acceso a la IVE
Entre otros de los datos que recogió Profamilia en sus centros de atención, resaltó que la gran mayoría de abortos se practicaron de forma temprana. De hecho, señalaron que desde que se expidió la sentencia de la Corte Constitucional el 97,2 % de las IVE se realizaron antes de los primeros cuatro meses de gestación. De ellos, el 86 % se practicaron antes de las 12 semanas.
Y advirtieron que el 1,1 % de los abortos se llevaron a cabo después de las 24 semanas de gestación, bajo una de las tres causales que dicta la ley: malformación del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual.
Así mismo, señalaron que el acceso a los abortos seguros ha mejorado enormemente. De hecho, Profamilia indicó que la cantidad de IVE que se presentaron en el último año subió un 65,9 % en comparación al año anterior.
“Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España, Ciudad de México, en México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye”, indicó Profamilia.
Pero también advirtieron que hay una persistencia en las barreras de acceso a la IVE. Por ejemplo, señalaron que han recibido quejas de pacientes que llegan a sus oficinas, señalando que no han querido atenderlas, pese a que tienen menos de 24 semanas de gestación.
Y sostuvieron que es fundamental “la clausura definitiva” de los lugares donde se practican procedimientos inseguros.
Otro aspecto por el cual Profamilia manifestó preocupación fue el incremento en los casos de abuso sexual que fueron identificados por sus trabajadores. De hecho, señalaron que solo entre el 2021 y el 2022 estos reportes aumentaron un 47,3 %.
“Este dato coincide, lamentablemente, con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que indica que hubo un aumento del 23 % para el año 2022 de los delitos sexuales contra menores de edad, con respecto al año anterior”, sostuvo Profamilia.
Así mismo, indicaron que es clave que se fortalezcan las políticas públicas encaminadas a implementar la decisión de la Corte Constitucional y mejorar la educación sexual en las instituciones educativas de todo el territorio nacional.