La Defensoría del Pueblo acaba de emitir un comunicado público, en el que lamentó el fallecimiento de 308 niños y niñas menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a esa condición de salud en el 2022.
Las cifras se dispararon, pues se trata del número más alto de fallecimientos infantiles por desnutrición de los últimos cinco años. En comparación a los registros documentados en 2021, hubo 111 muertes más en niños y niñas por esta condición de salud.
Los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que, además, durante los 12 meses del 2022 el sistema de salud diagnosticó a cerca de 21.483 niños y niñas con desnutrición aguda en su primera infancia. La situación fue calificada como “absolutamente grave”.
“Esta crisis exige un mayor compromiso de toda la institucionalidad del Estado para atender a los niños y las niñas que sufren este trastorno alimenticio, pero también a redoblar esfuerzos en materia de prevención”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Los reportes del INS dan cuenta de que el departamento de La Guajira reportó el mayor número de muertes notificadas con 85 casos, seguido por Chocó con 35, Cesar con 25, Bolívar 24, Magdalena 23, Valle del Cauca 17, Antioquia 10, Atlántico 10, Meta 10 y Vichada 9.
Según las cifras del INS, en varios departamentos se registraron grandes incrementos en la cantidad de niños diagnosticados con desnutrición.
Una de las preocupaciones de la Defensoría es que estos casos registrados por el sistema de salud no registran la realidad del total de afectaciones que tienen los niños y niñas en territorio nacional por cuenta de la inseguridad alimentaria y otros problemas de accesos a servicios públicos como el agua potable.
“El trabajo de nuestros equipos en el territorio advierte situaciones más graves, con un alto subregistro de muertes por desnutrición en territorios tan alejados como en el departamento del Vichada”, agregó el defensor del Pueblo.
Preocupación en varios departamentos del país
Aunque la situación de La Guajira ha causado revuelo nacional y ha valido varias visitas del propio presidente Gustavo Petro, la Defensoría del Pueblo advirtió que no se trata del único departamento afectado por la desnutrición.
De hecho, señalaron que Vichada es el segundo departamento con la tasa de mortalidad por desnutrición más alta en todo el país por cada 100.000 niños menores de cinco años. Advirtieron que cuentan en esa entidad territorial se reportaron 65 niños muertos por desnutrición en 2022.
Le siguen otros departamentos como Amazonas (63), Chocó (60), Cesar (19), Magdalena (17), Guainía (15), Arauca (13), Bolívar (12) y Meta (11).
“Existen factores que inciden directamente en la desnutrición: la disponibilidad de alimentos, el consumo, el acceso y el saneamiento básico, condiciones que deben garantizarse en su totalidad para frenar la desnutrición en la infancia y generar escenarios plenos de garantía de derechos humanos”, explicó la Defensoría del Pueblo a través de su comunicado.
Y señaló que la desnutrición causa graves consecuencias para niños y niñas de edad temprana. Por ejemplo, afecta su desarrollo cognitivo, causa retrasos en el crecimiento, obstaculiza el rendimiento escolar y tiene implicaciones en habilidades como la comunicación y la socialización.
Bogotá también está gravemente afectada
Otro dato que saltó a la vista de la información que publica el INS es que Bogotá es una de las entidades territoriales con mayor afectación a nivel nacional. De hecho, es donde más niños se enferman por desnutrición en todo el país.
“La desnutrición no solo es un tema que debemos atender en territorios alejados, sino que en la misma capital del país hay que movilizar a todas las entidades para prevenir esta difícil afectación en contra de la primera infancia”, afirmó Camargo.
Y les hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que mitiguen las cifras de desnutrición durante los próximos meses.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a las gobernaciones y alcaldías para asegurar y proveer el disfrute pleno de los alimentos adecuados en su territorio, esto implica que se debe garantizar el acceso físico y económico a los alimentos en cantidad y calidad adecuados, para llevar una vida saludable y garantizar así los derechos de la primera infancia”, concluyó el defensor del Pueblo.