La Reforma a la Salud (al Sistema propio y puntualmente) impulsada por el Gobierno nacional, ha causado infinidad de malestares en decenas de sectores políticos y entre los ciudadanos.
Por ello se creó una Comisión Accidental en la Cámara de Representantes, para que se evalúen los puntos que tendrá la nueva Reforma y que primero será un Proyecto de Ley (PL) que deberá ser aprobado por el Congreso, antes de ser sancionada como Ley y convertirse en una realidad.
El pasado lunes, en la primera reunión, que contó con la participación de representantes de la ciudadanía, pacientes, usuarios y organizaciones del sector salud, en el Capitolio Nacional, el vicepresidente Técnico y de Estudios de Acemi, Mario Fernando Cruz, se fue de frente contra varios puntos que ha mencionado en diversas oportunidades el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“El modelo planteado en el PL elimina el concepto de aseguramiento que hemos construido en el país en los últimos 30 años. Y elimina sus aspectos más básicos, como la prima de riesgo (UPC) y el plan de beneficios (PBS), por lo que no queda claro cuál es el límite del derecho y de los servicios y tecnologías a los que tendrán acceso los colombianos”, expresó inicialmente.
“Elimina también el concepto de aseguradoras, al igual que la de Entidad Promotora de Salud (EPS), la figura que hemos creado como aseguradora dentro del sistema, y se elimina la responsabilidad contingente que tienen las aseguradoras de responder ante problemas de salud de la población”, agregó.
Mario Fernando Cruz aseguró que el actual modelo ha permitido que el 99 % de personas en Colombia “tengan cobertura”, es decir, que los servicios de salud lleguen a diversos territorios, por alejados que estén.
Sumado a que “26 millones de personas pobres gocen del mismo plan de beneficios; ha sido la política que más promueve la equidad en Colombia y, asimismo, ha permitido que la calidad de los servicios mejore, que la autopercepción que tienen los ciudadanos sobre esos servicios sea positiva. Ha ampliado la capacidad de prestación de servicios que ha modernizado nuestro Sistema de Salud, así que, si algo ha hecho el sistema de salud en 30 años, es traer un enorme beneficio a la población colombiana”.
“Las gestoras no son EPS, no son aseguradoras. Son, a lo sumo, unos asistentes administrativos, gestores logísticos que ayudan, articulan, pero de ninguna manera asumen el riesgo en salud ni el riesgo económico del Sistema. Hay una diferencia grande entre un asegurador y una persona que hace diligencias, que ayuda con otros actores a articular alguna prestación de servicios”, añadió.
“Sus funciones quedan dispersadas en otras entidades, como entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, algunas de ellas en unidades de planeación, otras en la misma Adres, y cuando esas funciones se disgregan no hay un responsable del Sistema. Nadie va a responder ni por la salud ni por los recursos del Sistema y, lo más grave, es que los usuarios se quedan sin una representación clara en el Sistema”, sentenció.
Lo anterior, puntualmente, porque el ministro Jaramillo manifestó que la reforma propone un modelo basado en la cooperación entre actores y explicó que por eso las EPS “pasarán a ser gestores, para hacer el mismo trabajo que están haciendo, con excepción de que no van a manejar el dinero. El Adres será la caja única y transfieren los dineros a los prestadores”.
El vicepresidente de Acemi indicó que a las EPS “se les piden unos resultados, pero no se les dan herramientas. Las EPS no van a poder contratar su propia red, no pueden operar autónomamente su red ni determinar cuál es su modelo de atención. Es un eunuco administrativo, pues no tiene capacidad legal para realizar ninguna función”.
“Las nuevas gestoras tienen condiciones restrictivas para operar, pues solo pueden estar en aquellos territorios donde venían operando, de suerte tal que no habrá entrada de nuevas EPS en nuevos territorios, no van a poder contratar y, aun así, en el texto del PL se les sigue asignando parte del riesgo financiero”, puntualizó.