La Contraloría General de la República hizo públicos este lunes una serie de hallazgos sobre la situación financiera de 26 EPS del país. El informe, que fue elaborado con datos actualizados hasta octubre de 2023 y que encendió las alarmas en distintos sectores sobre la gravedad de la crisis de la salud, indica que estas EPS acumulan una deuda total de 25 billones de pesos con IPS y proveedores, además de enfrentar problemas con reservas técnicas y pasivos administrativos.
Lo que señala el ente de control es que, del total de las empresas prestadoras de salud que pasaron al tablero, 16 de ellas (61,5 por ciento) presentan indicadores de margen de solvencia insatisfactorios. Además, según el informe, ninguna de estas empresas cumple con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, incumpliendo así los requisitos para operar, de acuerdo con la Contraloría.
Solo cinco EPS cumplen con ambas obligaciones: Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud.
Este mismo lunes, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral —Acemi—, que reúne a las 11 más importantes EPS del país, expresó a través de un comunicado que el informe de la Contraloría “genera grandes confusiones y crea un ambiente de desconcierto en todos los actores del sistema”.
Sobre dicho documento, Acemi precisó algunos aspectos. Por un lado, sostiene que se evidencia “una inmensa diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría. Desde nuestra perspectiva, las cifras están muy lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS y comunican una imagen deformada del estado del sistema”.
El gremio también reitera que en la actualidad “la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas, hecho que se explica de forma sencilla: los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema”.
Acemi subraya que esta delicada situación fue “reconocida recientemente por la Corte Constitucional”.
Como se recordará, a comienzos de este mes ese alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud cumplir con los “presupuestos máximos” para financiar servicios en salud de las EPS en Colombia. Y el pasado 13 de febrero, el ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional ya tendría listos 3 billones de pesos para ponerse al día, antes de finalizar este mes, con las entidades prestadoras de salud.
En su momento, la Corte le ordenó una serie de medidas al Minsalud para que dé cumplimiento a las disposiciones que buscan la suficiencia de los presupuestos máximos para financiar los servicios y tecnologías en salud del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
En ese sentido, Acemi propone que —con el fin de “contar con una base de información objetiva y ajustada a la realidad del estado del sector, que sirva como insumo para el debate público sobre cómo fortalecer el sistema”— constituir una mesa técnica de trabajo amplia para unificar las cifras.
Finalmente, la agremiación hace un llamado a la calma y a la responsabilidad. “Si bien es cierto que el sector atraviesa por un momento de dificultades, también lo es que hoy las EPS siguen atendiendo a millones de colombianos y gestionando su salud. La incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema y generan zozobra en un momento que exige sensatez, tranquilidad y rigurosidad”, señaló Ana María Vesga, Presidenta de esta entidad.