Ad portas de que el proyecto de ley de reforma a la salud empiece a ser debatido en la plenaria de la Cámara de Representantes, Acemi, Asocajas y la Cámara de Aseguramiento de la ANDI emitieron un comunicado conjunto en el cual llamaron la atención sobre la necesidad de retirar el articulado.
El pronunciamiento se da solo dos días después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuviera una reunión con los representantes de las EPS de todo el país. Tras el encuentro, se conoció que el jefe de la cartera de salud les pidió a esas entidades que esbozaran algunas de las propuestas que tenían con relación a la reforma.
Además, el ministro Jaramillo aprovechó para socializar cuáles eran los cambios que traía el proyecto de ley y las funciones que cumplirían las EPS en el nuevo sistema de salud si la iniciativa queda aprobada en el Congreso de la República.
De hecho, en una reciente entrevista con SEMANA el ministro Jaramillo había dicho que las EPS “seguirán haciendo las mismas funciones, mantendrán sus afiliados, les vamos a pagar lo que se les viene pagando por sus labores: van a auditar, estarán en las redes, de la mano con nosotros adelantando todo el proceso. La única diferencia es que en vez de pagarles a las clínicas a través de ellos, nosotros vamos a pagar a los hospitales directamente. De resto, trabajaremos con estas gestoras de salud y vida. Usted se mantendrá afiliado a una de ellas”.
Pues bien, es en ese contexto en el que Acemi, Asocajas y la Andi sentaron su posición frente al contenido del articulado.
Entre otras cosas, las asociaciones gremiales le manifestaron al ministro “sus inquietudes sobre la ponencia e insistieron en la defensa del modelo de aseguramiento, que es fundamento del sistema de salud colombiano”.
“La reforma no resuelve los problemas del Sistema y, por el contrario, propone un modelo de atención ambiguo que puede derivar en ineficiencias y empeorar las condiciones de salud de la población”, agregaron en el comunicado de prensa.
También señalaron que hay “confusión” con relación a las funciones que cumplirían los centros de atención primaria en salud (CAPS), que serán claves dentro del modelo que está proponiendo el Gobierno nacional.
Además, indicaron que tampoco es claro cuál sería el rol de la gestoras de vida (que sería el nuevo nombre de las EPS) y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
“Los aspectos positivos que trae la reforma alrededor del fortalecimiento de la atención primaria en salud y el cierre de brechas en el acceso a la salud en todos los territorios deben considerar las capacidades desarrolladas por las EPS, respetando el rol que cumplen en el Sistema de Seguridad Social en Salud”, puntualizaron.
De otro lado, argumentaron que tienen serios reparos con respecto al trámite legislativo que ha tenido la reforma a la salud. Esto va en consonancia con lo que varias voces de distintos sectores políticos han señalado: como la reforma legisla sobre un derecho fundamental, debió haberse tramitado como ley estatutaria. Por lo tanto, debió pasar por más debates y empezar su tránsito en las comisiones primeras de la Cámara o el Senado, encargadas de este tipo de iniciativas.
“En virtud de esto, no es posible resolver los problemas estructurales de la ponencia, ni sus múltiples vicios de trámite, incluida su probable inconstitucionalidad, mediante proposiciones. Consideramos que lo pertinente es un análisis integral y exhaustivo del texto, con el debido rigor y con la activa participación de todos los actores”, puntualizaron las asociaciones gremiales.
Por último, señalaron que su propuesta sigue siendo “el retiro de la reforma”, con el fin de que se puedan abrir espacios de discusión más amplios que cuenten con el liderazgo del Ministerio de Salud, que podría presentar una nueva iniciativa legislativa después de escuchar a todos los sectores.
“Por último, los tres gremios hicieron un llamado a que se tome el tiempo necesario y reiteran la voluntad de diálogo para construir una reforma que genere garantías reales de evolución del Sistema y el avance progresivo del derecho a la salud para todos los colombianos y migrantes”, concluyó el comunicado.