La reforma a la salud presentada por el Gobierno Petro en su primer año legislativo puso sobre la mesa la discusión sobre los problemas que tiene el sistema en Colombia.
Pacientes muertos por negligencia médica, desabastecimiento de medicamentos y citas en periodos muy extensos, son factores que ponen en riesgo la salud de millones de colombianos, que confían su salud a diferentes Empresas Prestadoras de Salud, más conocidas como EPS.
Gustavo Petro no ha sido muy amigo de estas empresas y desde mucho antes de aspirar a la presidencia, ya había hecho fuertes reparos sobre la administración de las mismas. Ahora, diferentes sectores de la oposición lo acusan de querer acabarlas con la nueva reforma.
Este domingo, el mandatario lanzó un nuevo sablazo a esas entidades, asegurando que muchas “eran del paramilitarismo”. Dijo que con los recursos públicos que eran destinados para salvar vidas, se acabó con la vida.
La afirmación de Petro se dio luego de que el exsenador Julio Manzur confesó ante la JEP que la EPS Emdisalud de Córdoba era controlada por paramilitares y tenía más de 500.000 afiliados.
Petro concluyó el trino asegurando que “en sociedades con alta interferencia del crimen la intermediación de recursos públicos será cooptada por el crimen”.
El exministro de educación, Alejandro Gaviria, quien también estuvo encargado de la cartera de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, salió a responder el trino del mandatario, asegurando que la afirmación fue sesgada.
“No solo los recursos del aseguramiento (los de las EPS) fueron capturados. Los de la salud pública que manejan los municipios también. Los de los hospitales públicos igualmente. Las secretarias de salud departamentales aún más (cartel de la hemofilia, por ejemplo). Para no mencionar que municipios enteros también fueron capturados. La captura fue general”, comentó.
Aseguró que la información, además de ser sesgada, desconoce diferentes avances normativos que ahora protegen al actual sistema de ese tipo de capturas. Uno de ellos es el giro directo que se hace al régimen subsidiado. Además, los contratos municipales fueron abolidos. “Hay exigencias en cuanto a reservas técnicas y capital mínimo”, agregó.
Finalmente, concluyó diciendo que el sistema de salud debe mejorarse. “Ojalá se logre un acuerdo nacional. Para ello se necesitan mejores diagnósticos y una discusión informada”, expresó.
Crisis del sistema de salud se agudiza y 45 hospitales anuncian cierres
La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), advirtió que, producto de las millonarias deudas que las EPS y el Gobierno nacional tienen con los hospitales públicos del departamento, habría un riesgo inminente de cierre de servicios en 45 establecimientos. Al menos cinco millones de personas resultarían afectadas.
Las cuentas pendientes suman más de un billón de pesos: $ 530.000 millones (régimen subsidiado) y $ 262-000 millones (régimen contributivo). La más ‘morosa’ es Savia Salud, con un saldo de $ 265.000 millones y, más abajo, Nueva EPS con $78.000 millones. Aunque siguen activas las ‘culebras’ de Coomeva, Salucoop y Cafesalud por $250.000 millones.
El Gobierno nacional debe $90 mil millones producto de la atención a accidentes de tránsito y a la población vulnerable. Además, las calculadoras suman —en algunos centros médicos de Antioquia— entre $ 300 y $ 700 millones más por la aplicación de la vacuna contra covid-19. Este panorama tendría ‘rota’ la cartera en algunos municipios de la región.
Así se lo hizo saber el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, Luis Hernán Sánchez Montoya, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En una carta, le anticipó que podría desencadenarse una crisis hospitalaria en la red pública y no habría una fórmula cercana para curar la ‘enfermedad económica’.
Uno de los ‘males’ que le enumeró, además de las deudas por los servicios, es que el Ministerio de Hacienda no ha oficiado el pago de los pasivos pensiónales de los funcionarios, lo que ha obligado a las entidades a asumir, por sus propios medios, el costo de los bonos, causando un peligro en la estabilidad financiera de los centros médicos.