El 5 de octubre, la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en conjunto con las cámaras del sector de salud, se pronunció sobre la liquidez en el sistema debido a la situación que se atraviesa a nivel nacional.
Allí se habló de un posible apagón en algunos centros de atención de servicios de salud. Y manifestó que “esto ya está teniendo consecuencias reales, en términos de las entidades que están al frente de la prestación del servicio”, indicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
“Estamos viendo un ciclo de terminación de contratos entre hospitales y EPS, estamos teniendo el cierre temporal de servicios y camas hospitalarias, a lo cual hay que sumarle, entre otras cosas, la intervención de tres entidades que han sido Famisanar, Savia Salud y Asmet Salud”, agregó.
Según las diferentes agremiaciones de las EPS en el país, el problema radica en el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual las Entidades Promotoras de Salud consideran que es muy baja, pero es que el déficit vendría por un ajuste mal planteado en 2022, y se suma a los problemas que dejó la pandemia en las áreas médicas.
Dicho esto, en 6AM Hoy x Hoy, programa de esa emisora, Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas y de la Cámara de Aseguramiento de la Andi, explicó que “el tamaño de ese déficit superó la afectación a las EPS y está tocando de manera importante a quienes prestan el servicio directamente y la industria farmacéutica, ya los proveedores de tecnologías del sector”.
A su vez, se refirió a la posición del Gobierno nacional que ha optado por un rol pasivo y sin mucho afán: “Nos preocupan que no haya reaccionado. Las razones por las que no han reaccionado no las entendemos muy bien. Pienso que nos hemos enfocado en la posibilidad de un cambio en el sistema, pero no estamos atentos con la situación actual”.
E incluso, Rueda mencionó que actualmente existen algunos Hospitales que están teniendo problemas al momento de cancelar la nómina del personal que labora en estos centros de atención, ya que ello impacta directa e indirectamente a los pacientes.
¿Qué pasará con los afiliados?
Finalmente, Rueda, desde su rol de presidente de la Cámara de Aseguramiento de la Andi, aseguró: “Nos estamos esforzando en garantizar la continuidad y protección de las personas más vulnerables y que están con tratamientos en curso. Pero si esto no se resuelve prontamente, progresivamente empiezan desaparecer medicamentos del sector o que los prestadores no tengan la capacidad de atenderlos”.
Hay que decir que en la actualidad la UPC en el régimen contributivo es de $1.289.246, y en el subsidiado de $1.121.396, de acuerdo con las cifras presentadas por la Andi; y serían estos montos con los que el Gobierno les paga a las EPS, para que estos cubran los gastos implícitos por la prestación del servicio al paciente: médicos, fármacos, espacios para los pacientes, entre muchos otros.
Vale mencionar que Mac Master también aseguró que “si pudiera valorar cuál es el deterioro en la cartera vencida, durante los últimos 60 días, nos podemos encontrar con que el deterioro ha sido del 67,5 %, que representa un incremento de 7,5 puntos porcentuales, superior al que habíamos tenido el año pasado. Es -de lejos-, el nivel más alto, después de la pandemia”.
Así mismo, la Andi detalla que faltan cerca de $ 1,1 billones en presupuestos máximos pendientes por girar, entre 2020 y 2022. Respecto a los giros de acuerdo de punto final pendientes, estos se encuentran entre 0,7 y 1,2 billones.
Para tratar de “solventar” el hueco presupuestal, los cálculos son que el aumento de la UPC en 2023 debió ser de 22,9 %, y no del 16 %, el cual es el que actualmente está fijado. El dato más impactante es el que se refiere al hueco de financiamiento estimado a junio del 2023, que está entre $ 6,4 y $ 6,9 billones.