La denominada gestación subrogada es también conocida como alquiler de vientre y consiste en un tratamiento en el que una mujer, voluntariamente, ofrece su capacidad de gestar y concebir un hijo que puede ser fecundado por un óvulo y un esperma, de los padres con intención o, de gametos donados a familias que —normalmente por condiciones fisiológicas de infertilidad o biológicas— no pueden hacerlo.
Recientemente, dicho proceso ha vuelto a llamar la atención en Colombia, por cuenta de proyectos de ley presentados al Congreso de la República que buscan regular este procedimiento. Sin embargo, es un tema que vale la pena desglosar por su importancia a nivel social y legal.
En Colombia, esta práctica se ha venido realizando hace poco más de 5 años y se han logrado importantes avances desde la perspectiva médica. De ahí que actualmente, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de llevar a cabo estos procedimientos.
“Los adelantos científicos en el campo de la fertilidad y la reproducción asistida son el resultado de avances biotecnológicos en el mundo de los últimos 30 años. Y Colombia es reconocida por la calidad de sus médicos expertos, haciéndolo globalmente atractivo y con alto prestigio en estos procedimientos. Asimismo, respetando la integridad y la dignidad de los pacientes involucrados”, manifiesta el médico especialista en bioética, Efraín Méndez.
Requisitos
Hay que decir que entre los principales requisitos para que una mujer pueda hacer parte del proceso, se encuentran el de tener un hijo nacido vivo, que no tengan más de tres partos o dos cesáreas, con una edad promedio de 20 a 37 años, que no hayan tenido abortos por causas desconocidas. Además, no padecer enfermedades crónicas o infecciones contagiosas como el VIH o la hepatitis.
Bajo este contexto, actualmente existen organizaciones que contribuyen al bienestar de estas mujeres subrogadas. Una de las ellas es la fundación Ambar, que apoya todo el proceso con un acompañamiento permanente, tanto a las madres como a sus familias.
“Desde nuestra organización, contamos con una serie de beneficios, con el respaldo de reconocidas instituciones académicas del país, así como otras compañías que reconocen la valentía de estas mujeres al decidir ser gestadoras”, afirma María Isabel Restrepo, directora de la Fundación Ambar.
Un proyecto de ley que genera dudas
Los proyectos de ley presentados en el mes de febrero al Congreso de la República sobre este tema han generado inquietudes por parte de la comunidad de portadoras gestantes y de la comunidad científica.
Por un lado, se han escuchado varias voces en el sentido de que es importante “que se legisle la subrogación para garantizar los derechos de las portadoras gestantes, los niños y los padres de intención, ya que Colombia se ha vuelto una región estratégica para que parejas de otros países realicen estos tratamientos”, tal como sostiene la directora de la Fundación Ambar.
Y explica que lo que plantea este proyecto es que la subrogación uterina no será permitida para personas extranjeras, “obstaculizando el acceso a este tipo de servicios en el país, lo que resulta en un acto discriminatorio en contra de estas parejas, en perjuicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer gestante”, dice la experta.
Además, “sin tener en cuenta la Nota Informativa de Unicef, donde se establece que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, los niños nacidos por gestación subrogada, tienen los mismos derechos que todos los niños. Y que los Estados están en la obligación de protegerlos sin excluirlos y en donde se les llama para que adopten legislaciones que protejan los derechos sin incorporar prohibiciones”.
Cabe mencionar que en Latinoamérica, la maternidad subrogada ha sido regulada en varios países. Distintos estados de la región como Cuba, Estados Unidos y Argentina, han avanzado en este campo, incorporando disposiciones relativas de este proceso en las leyes generales referentes a la reproducción asistida.
De acuerdo con los centros especializados en este tipo de procedimientos, Colombia cuenta con las condiciones para una correcta regulación a nivel nacional, pero es clave mencionar que el país también está altamente capacitado para ofrecer el mismo proceso a la comunidad internacional.
Son alrededor de 35 clínicas de fertilidad en Colombia. De estas, más del 60 % han incursionado en esta práctica, buscando abrir una puerta a las parejas colombianas y de otras regiones que no cuentan con esta posibilidad, contribuyendo al sueño de convertirse en padres.