La Superintendencia Nacional de Salud realizó el 2 de abril de 2024 la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional. La decisión se tomó luego de evidenciar, según el gobierno del presidente Gustavo Petro, el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, estimada en 5,7 millones de personas.
“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, dijo el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, en una declaración ofrecida esta noche en la Casa de Nariño y contrario a los indicadores positivos de la misma EPS.
Leal señaló que la decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia, y afirmó que “las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma”. Por otra parte, indicó que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando. Para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud”.
En ese sentido se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente”, recalcó. Y agregó: “Pueden tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención, y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”.
Jaramillo fue abordado este 3 de abril por los colegas de Caracol Radio, quienes le preguntaron si seguirá en Sanitas, su EPS, ahora que la Supersalud ordenó su intervención.
¿Ministro, usted se va a cambiar de EPS? Porque entiendo que la suya es Sánitas también, ¿cierto?
No. Yo no me he cambiado ni me pienso cambiar porque nosotros no estamos interesados en (interrumpido por la periodista Vanessa de la Torre).
¿Y a usted lo atienden bien, le ha ido bien con Sánitas?
Yo no voy a decir si me atienden bien o mal porque antes se ríen de mí.
Pues ahora que es ministro, obviamente sí. Pero antes de que no era ministro. ¿Cómo le iba?
Tampoco. Es que vuelvo y le repito, los indicadores (...) ¿qué indicadores hay, por ejemplo, para que dejen de hacer citologías, mamografías, antígeno prostático? Nunca me han hecho un antígeno prostático en mi EPS. Hablar de mí, yo no puedo hablar de personas y menos de mí, si me ha ido bien con Sánitas. Yo lo que he dicho, con el señor presidente: vamos a defender las EPS, queremos, y para eso era le ley (reforma a la salud), que no sean aseguradoras financieras.
Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.
Sobre esta decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”.
Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica. Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo que ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2,04 billones de pesos, según Elk Gobierno, “poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”.
“Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el superintendente Luis Carlos Leal.