Las comunidades indígenas de La Guajira han tenido afectaciones históricas en materia de salud, alimentación y acceso a servicios públicos básicos. Se trata de una realidad que deja cifras aterradoras.
Por ejemplo, sus niños y niñas representan el 17,2 % de los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años que se reportan a nivel nacional. Así mismo, en el departamento de La Guajira, las comunidades indígenas acumulan el 74,7 % de los casos de este flagelo.
En lo que va del año, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha señalado que las comunidades wayú han reportado 1.174 casos de desnutrición en niños menores de cinco años, lo cual representa el 36,3 % del total de casos registrados en indígenas.
La situación es tan crítica que recientemente se registró la muerte de tres niños de esa comunidad por causas asociadas a la desnutrición. Por ello, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una indagación preliminar para establecer qué funcionarios o qué actores del sistema de salud tuvieron responsabilidad en esos casos.
El tema ya había sido puesto sobre la mesa por el presidente Gustavo Petro, quien mostró recientemente su preocupación por el malestar de las comunidades indígenas y pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomar cartas en el asunto.
El primer mandatario, incluso, se atrevió a calificar las muertes por desnutrición como un “fracaso” del Gobierno. Las declaraciones del presidente Petro desembocaron en la creación de un Puesto de Mando Unificado contra el hambre en La Guajira, que está liderado por el ICBF.
“La instalación de este Puesto de Mando es un hito en la historia del país, ya que por primera vez se van a articular acciones entre las entidades del Estado, el territorio y la comunidad, para la prevención de la desnutrición y la garantía de derechos de niños y niñas en La Guajira”, dijo recientemente la directora del ICBF, Concepción Baracaldo.
Las promesas del Ministerio de Salud
Pero el ICBF no fue el único organismo del Ejecutivo que empezó a implementar cambios para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas en La Guajira.
Recientemente, el Ministerio de Salud reveló que “adoptó medidas prioritarias” para que estas poblaciones tengan asegurado su derecho a ser atendidas y gozar del acceso al sistema de salud.
“La decisión, cuyo alcance es de obligatorio cumplimiento, cobija las Entidades Promotoras de Salud Indígena (Epsi), los prestadores de servicios de salud, los proveedores de tecnologías en salud, las entidades territoriales de los órdenes municipal, distrital y departamental, al igual que la Superintendencia Nacional de Salud”, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado público.
Entre otras cosas, se expidió la Resolución 2811 del 30 de diciembre, que les pone tareas a las EPS y las Epsi. Por ejemplo, las llama a hacer una caracterización de toda la población afiliada que tienen el territorio que pertenece al pueblo wayú. Con ello, señalaron, buscan garantizar el acceso a la provisión y prestación de servicios y tecnologías de salud.
Además, indicaron que esta caracterización servirá para que las administradoras de recursos de salud puedan planear adecuadamente las atenciones que requieren los miembros del pueblo wayú.
“La iniciativa de la cartera de salud señala que no será necesario autorizar de manera previa atenciones de madres gestantes y complicaciones durante el embarazo, la atención integral de la desnutrición aguda, moderada y severa en niñas y niños menores de cinco años, así como las urgencias y los servicios y tecnologías en salud posteriores a la atención en urgencias sin egreso hospitalario, entre otros aspectos”, detalló el Ministerio de Salud.
Por último, esa cartera ministerial concluyó que todas las acciones de vigilancia y control para garantizar que se cumplan las medidas de la resolución quedarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.