La Superintendencia Nacional de Salud acaba de confirmar que ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud, que opera en el departamento de Antioquia y en la actualidad tiene más de 1,6 millones de personas afiliadas. Además, tiene una robusta participación pública de la Gobernación del departamento.
Se trata de una noticia de gran relevancia para la red prestadora de servicios de salud antioqueña, pues Savia Salud es una de las principales EPS en varios municipios de la región.
De acuerdo con el comunicado de prensa compartido con la opinión pública, los funcionarios de la SuperSalud evidenciaron que hubo “graves y reiteradas fallas en la atención” de los pacientes y en el manejo de recursos públicos.
“Esta decisión se da luego de seis años en los que esta EPS de predominio de operación en los 124 municipios de Antioquia, estuvo bajo medida de vigilancia especial y no cumplió con la totalidad de las órdenes establecidas por el ente de control para mejorar el desempeño de sus indicadores financieros, técnicocientíficos, administrativos y jurídicos”, indicó la SuperSalud.
De acuerdo con los procedimientos de seguimiento y evaluación que hicieron los funcionarios del ente de vigilancia y control sobre la EPS hasta marzo de este año, se encontró un incremento del número de quejas de los pacientes.
Fundamentalmente, indicó la SuperSalud, los afiliados de Savia Salud se venían quejando de la falta de oportunidad en la asignación de consultas médicas especializadas, barreras en la entrega de medicamentos y las dificultades para acceder servicios como los de imagenología.
“Desde enero de 2022 y hasta marzo de este año, Savia Salud registró más de 48.000 reclamaciones, de las cuales, 34 % corresponden a suplicas de riesgo de vida. Así mismo, la EPS evidenció el incremento en un 70 % de las tutelas entre la comparación del primer trimestre del 2022 con el mismo periodo del 2023, siendo el acceso a los servicios de salud la principal barrera de atención”, detalló el ente de vigilancia y control.
Sus informe también dieron cuenta de que sobre la EPS había 3.857 tutelas. Entre ellas, el 93 % estaba asociado a la falta de oportunidad para conseguir citas con médicos especialistas.
“Durante el seguimiento a la última prórroga de la medida especial, se identificó que la EPS no cumple con las metas, estándares e indicadores establecidos de cobertura y gestión del riesgo en salud para el programa ampliado de inmunizaciones, detección de cáncer cérvico uterino y de mama, y detección de alteraciones durante el embarazo”, indicó la SuperSalud.
A su vez, evidenció que la EPS no ha logrado que sus indicadores de salud mejoren y, por el contrario, ha encontrado que se han deteriorado. Incluso señalaron que se registraron riesgos asociados al incremento en los costos de los servicios por fallas en la atención de primer nivel. Por ejemplo, evidenciaron falencias en la prevención y el diagnóstico de varias enfermedades.
“Frente a las condiciones financieras y de solvencia, se estableció que la EPS incumple con los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. El pasivo de Savia Salud asciende a 793.233 millones de pesos, de los cuales, 97 % representa las deudas con su red prestadora de servicios de salud, y según la Supersalud nuevamente se observa el incumplimiento de las órdenes financieras de la prórroga centradas en el plan de pagos a la red de prestadores y proveedores de tecnologías en salud y del recaudo efectivo de las cuentas por cobrar”, detalló la entidad en su comunicado de prensa.
Finalmente, la SuperSalud anunció que el interventor designado para la EPS será Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, quien tendrá que presentar un plan de trabajo en los siguientes 30 días con el fin de que los indicadores financieros y de salud de la EPS muestren una mejora.
Entre otras cosas, tendrá que implementar estrategias para garantizar la continuidad y el mejoramiento de los servicios de salud.
Por último, la SuperSalud les reiteró a los afiliados y a las instituciones que hacen parte de la red prestadora de servicios que está comprometida con la protección del derecho fundamental a la salud.