El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a pronunciarse sobre el caso Sanitas - Cruz Verde este lunes, 20 de noviembre, a través de una rueda de prensa. El titular de esta cartera insistió en que el Gobierno nacional se encuentra al día en el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPS) con las EPS, que —explica— representa el 96 por ciento del total de los recursos del sistema de salud en Colombia.
“Se pagan anticipadamente y estamos totalmente al día. En otros gobiernos ha habido retrasos de hasta de cuatro años y no ha habido escándalo. Aquí solo debemos los reajustes de 2022″, aseguró Jaramillo ante la prensa.
Para el ministro, que asegura que EPS como Sanitas reportan grandes utilidades cada año, es necesario investigar el manejo de esta entidad prestadora de salud ha hecho de los recursos entregados por el Gobierno para facilitar los servicios a sus usuarios. Por ello, pidió a la Contraloría realizar una auditoría de los pagos adeudados por dicha EPS y “levantar el velo corporativo” de la misma, es decir la confidencialidad de la información de la entidad.
Guillermo Jaramillo le pidió entonces al contralor general, Carlos Mario Zuluaga, realizar una auditoría de los pagos adeudados por Sanitas y realizar una auditoría forense del flujo de los dineros que maneja esta EPS. Y además le solicitó a la Superintendencia de Salud entregar una certificación para que la Adres pueda girar directamente a las IPS y prestadores de salud que prestan servicios a esta entidad promotora de salud. En otras palabras, utilizar la figura de los llamados giros directos.
“¿Qué queremos dejar en claro? Hay suficiencia de la UPC, hemos venido pagando adecuadamente y queremos pedirle a la Contraloría que use el artículo 65 de la Ley 2591 de 2022, que levante el velo corporativo para realizar una auditoría del pago de los recursos adeudados de las EPS a los proveedores, hacer una auditoria forense al flujo de los recursos adeudados. Queremos solicitar a la Superintendencia la autorización para realizar giro directo en este caso. Consideramos pertinente que si cualquiera de las EPS no cumple con lo estipulado una certificación nos puede permitir pagar de manera correcta”, indicó Jaramillo.
Desafortunadamente, expresó el ministro, hay empresas como Sanitas que todavía dicen que les debemos”, haciendo referencia a la reciente polémica en que se vieron envueltas esta EPS y las droguerías Cruz Verde ante la suspensión de la entrega de medicamentos No PBS (no incluidos en el Plan Básico de Salud) a sus usuarios.
“Hoy, ninguna EPS debería deberle a ninguna IPS, a ningún hospital deberían tenerle cuentas pendientes, y no es así (...) Todas esas bellas clínicas de Sanitas generan millonarias utilidades, pero aparecen como la pobre viejecita que no tienen nada que comer”, enfatizó el Minsalud.
Jaramillo, como ya había hecho en una rueda de prensa anterior, negó que el actual Gobierno quiera “asfixiar el sistema de salud”. Y se defendió argumentando que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó el presupuesto de este sector en dos vías: el 16,23 por ciento para las UPC y el 25 por ciento en general para financiar todo el sistema.
“Entonces, lo único cierto es que hemos hecho todo lo posible para que las EPS no dejen de operar. Solo en presupuestos máximos, Sanitas terminará el año con más de 10 billones de pesos”, aseguró el ministro Jaramillo.
El ministro también se refirió a la reciente medida adoptada por Sanitas para paliar la crisis con Cruz Verde. Se trata de un acuerdo con Audifarma para la entrega de medicamentos a sus usuarios después de la decisión de Cruz Verde de no volver a suministrar fármacos No PBS después del 15 de noviembre por falta de pago.
Jaramillo cuestionó el pronunciamiento de Sanitas, a través de un comunicado, en el sentido de que están “realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones”.
“Eso es falso. Porque en ese comunicado lo que quieren indicar es que esa responsabilidad es del Gobierno. Eso leS dijeron a los usuarios, esa fue la excusa que les dieron. Pero la obligación es de la EPS, no del Gobierno”.