La Superintendencia Nacional de Salud divulgó este viernes el informe completo con los escandalosos hallazgos de la auditoría que adelantó a cuatro EPS del país, tres de ellas en proceso de intervención por malos manejos financieros, en la que quedó en evidencia que estas entidades estarían haciendo un uso inadecuado de los recursos de la salud. Detrás de este escándalo sobresale el nombre de Mario Andrés Urán, figura cercana al Gobierno Petro.
Ante la magnitud de los hallazgos sobre estos sospechosos movimientos en el sistema de salud, el saliente superintendente, Luis Carlos Leal, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el pasado 22 de octubre. Lo que llama la atención es que, solo tres días más tarde, el Gobierno le solicitó la renuncia a Leal, quien pasaría a dirigir en las próximas horas el Instituto Nacional de Salud, INS.
De acuerdo con la Superintendencia, la investigación, recogida en un informe de 33 páginas, se centró en las cuentas de Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS, “debido a la posible injerencia de un particular, identificado como Mario Andrés Urán” (antiguo asesor de Coosalud), en la administración y manejo de los recursos de esta EPS y otras tres que se encuentran intervenidas. Información que, según la entidad, llegó a través de una denuncia.
Las diligencias –señala Supersalud– fueron llevadas a cabo el día 25 de septiembre en las sedes administrativas de estas entidades, que están localizadas en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto, “de forma simultánea y sin previo aviso”.
La denuncia en cuestión señalaba que en estas ciudades se estaban favoreciendo a las mismas IPS, en un entramado de corrupción liderado por Urán. Se evidenció “concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos dineros y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, señaló la Supersalud.
Para Leal, Urán lideraba una red con la que se buscaba direccionar la postulación de pagos y contratos con clínicas, hospitales y acreedores, cuyos dueños registran movimientos financieros en lugares como Islas Caimán, por lo que se cree que fueron a parar a paraísos fiscales.
Ese sería precisamente el más grave de los hallazgos revelados por la auditoría sorpresa, en la que se inspeccionó computadores y hasta celulares institucionales, apunta a que miles de millones de dineros de la salud se habrían desviado a paraísos fiscales y a Mario Andrés Urán.
Urán utilizaba el correo institucional de la EPS Coosalud para recibir información confidencial de las otras tres EPS. A través de ese medio le estaban reportando movimientos sospechosos con los pagos a clínicas y hospitales antes que a la propia Superintendencia de Salud.
El informe detalla información sobre la concentración de pagos en numerosas IPS, sin que esos dineros estuvieran justificados; además de pago a terceros para la ejecución de funciones que son propias de los agentes interventores.
Una situación que le ha generado sobrecostos en las intervenciones de las EPS ya mencionadas, así como favorecimientos a laboratorios y marcas específicas. Para ello, según el documento, Urán contaba con el apoyo de dos personas que se identifican como Indira Ocando y Tony Negrette.
La auditoría demostró que los agentes interventores, nombrados por el Gobierno nacional, le entregaban a Mario Urán información detallada de los Puestos de Mando Unificado. Eso explica por qué estaba tan bien informado y tenía poder para manejar los hilos de la salud en el país.
Otro detalle que encendió las alarmas fue el hallazgo de numerosas carpetas en los computadores auditados, en las que halló información relacionada con solicitudes de perfilamientos a los directivos y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud.