El pasado viernes, el Gobierno nacional radicó nuevamente ante el Congreso su proyecto de reforma a la salud. Y aunque el propio ministro de esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que se trató de una propuesta concertada con distintos sectores, crecen las voces que critican la reforma.
El lunes, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), organización que agrupa a más de 70 especialidades médicas del país, apuntó a que la radicación del nuevo texto de reforma a la salud se hizo “a puerta cerrada”, lo que evidencia que “nuevamente el Gobierno nacional desconoce la participación y la necesidad de concertarla con los distintos actores y gremios del sector”.
En el mismo sentido se pronunciaron los propios pacientes. “A pesar de haber participado en dos mesas de trabajo con el Ministerio de Salud para discutir los principales planteamientos de la reforma, el texto que se radicó el pasado viernes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes “no incorpora los cambios expuestos sobre los principales temas que preocupan a la sociedad civil”, sostuvo Pacientes Colombia, movimiento que reúne a 198 organizaciones de pacientes en todo el país.
Ahora, quien lanza fuertes críticas es el exministro de salud Alejandro Gaviria. A través de su cuenta de X, enumera lo que considera diez grandes fallas en la nueva propuesta del Gobierno para reformar el sector.
Asegura, por un lado, que “el sistema propuesto es disfuncional. Los papeles de las gestoras, las redes, las entidades territoriales, los CAP y la Adres no son claros. La reforma es una melcocha conceptual”, dice Gaviria. Y añade que la Adres no será solo un pagador único, sino también “un ejecutor de recursos de inversión. Tiene a su cargo el plan de salud rural y los planes de emergencia. Paga transporte y albergues de pacientes. Un gigante burocrático con grandes riesgos de corrupción”.
En materia de manejo de recursos, Gaviria sostiene que en la reforma no se advierte una proyección creíble “sobre el aumento del gasto en salud. Se supone sin sustento un equilibrio entre ingresos y gastos. El concepto de Hacienda se limitó a repetir las cifras del Ministerio de Salud”.
Deja claro que, en la práctica, “las gestoras (antes EPS) son simplemente auditoras. Las otras funciones son compartidas y confusas. Reciben 5 por ciento de los recursos por muy poco. Son, en el sistema propuesto, intermediarias sin mucho sentido”.
Critica que, a la luz de lo proyectado, “el gasto en salud en mediana y alta complejidad disminuye como porcentaje del PIB. Y cae además 10 puntos como porcentaje del gasto total. Esto es irreal. O peor, terminará en pacientes desatendidos y hogares endeudados.
También cuestiona la idea de que la atención primaria reducirá sustancialmente el gasto en enfermedades de alto costo. “No tiene sentido empírico. Es un supuesto falso”, dice. Además, subraya que “no hay incentivos para el control de costos. Todos los agentes tienen el incentivo para pasarle la cuenta a la Adres. La reforma reproduce las fallas de diseño del Fosyga que dieron origen a la crisis de los recobros y de la Fiduprevisora que llevaron a la crisis del sistema de salud de los docentes”.
Otra observación tiene que ver con que los servicios sociales complementarios (cuidadores, pañales, transporte) no hacen parte de los cálculos financieros. “No hay recursos contemplados para estos fines. Y sostiene que “la transición de dos años es irreal. El próximo gobierno tendrá que ampliar el plazo. Mientras tanto el sistema seguirá empeorando. El riesgo sistémico crece día a día. No hay medidas financieras de emergencia en la reforma”.
Por último, advierte que la carga de la prueba “está en quienes proponen un nuevo sistema. Este debe ser funcional y sostenible. El planteado no parece ser ni lo uno ni lo otro. El Congreso no debería aprobar una reforma con tantas dudas sobre su viabilidad. Sería una gran irresponsabilidad”.