El 21 de febrero de 2022 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia: despenalizó la práctica y permitió que se lleve a cabo sin ningún tipo de condiciones hasta los seis meses de gestación.
La sentencia C-055 de 2022 generó un cambio profundo en el acceso a estos servicios médicos y obligó al Ministerio de Salud a ajustar las directrices que les daba a las clínicas y hospitales para llevar a cabo los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Anteriormente el aborto solo estaba permitido en los primeros tres meses de gestación y bajo tres causales: que el embarazo representara un riesgo para la vida de la madre, que hubiera sido producto de un abuso sexual o que hubiera malformación del feto.
Pero a partir del 21 de febrero de 2022 la despenalización fue total y aun después de los seis meses de gestación, las mujeres pueden abortar alegando una de las tres causales que estaban vigentes antes para los primeros meses de embarazo.
“Gracias a esta decisión se ha avanzado en distintos frentes como la implementación en el sector salud. Muestra de ello es la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, que exige a todas los actores del sector salud garantizar la IVE de forma digna sin ningún tipo de obstáculo o discriminación”, indicó el movimiento Causa Justa, que fue clave para la sentencia de la Corte Constitucional, a través de un comunicado público.
Para conmemorar el aniversario de la despenalización esa organización está convocando una movilización frente a las instalaciones de ese ente de la rama judicial. Habrá un concierto con la participación de Andrea Echeverri sobre las 5:00 p. m. Así mismo, señalaron que se concentrarán en la Calle 67 con carrera séptima sobre las 3:00 p. m.
Y advirtieron que de aquí al 8 de marzo estarán organizando múltiples actividades y movilizaciones en distintas ciudades del país.
“Celebramos el primer año de la Sentencia Causa Justa y también el hecho de que cada día más personas, organizaciones, líderes y lideresas sociales se unan a este movimiento apropiándose de la causa. No nos detendremos, seguimos comprometidas y trabajando a diario para acompañar la efectiva implementación de la sentencia y su regulación en todo el territorio nacional”, agregaron en su comunicado.
Entre otras cosas, señalaron que si bien la organización Oriéntame no registró un incremento significativo en el número de abortos practicados durante el 2022, sí identificaron que subió la cantidad de mujeres que accedieron a estos procedimientos a través de su EPS. En otras palabras, esto implica que las mujeres están recurriendo a canales más seguros para interrumpir su embarazo.
Grupos provida también tienen su agenda
A un año de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en Colombia, hay sectores políticos que siguen oponiéndose a la decisión e incluso están impulsando iniciativas encaminadas a volver a endurecer las normas para evitar esa práctica.
De hecho, fueron uno de los sectores que participó en las marchas del pasado 15 de febrero. Allí aprovecharon para hacer una “firmatón nacional” en la cual recogieron firmas para impulsar una propuesta que llaman el “referendo provida”.
La iniciativa está siendo apoyada por varias figuras políticas, como el excandidato presidencial John Milton Rodríguez, quien ha dicho que la idea es recoger cerca de dos millones de firmas para respaldar la iniciativa.
En total, han señalado que tienen tres objetivos para modificar la Constitución: reconocer a los fetos como sujetos de derechos, crear el derecho a nacer y la prevención al aborto y reconocer la libertad de consciencia.
Vale decir que bajo las normas actuales los médicos pueden objetar consciencia, pero este derecho no aplica para otros empleados del sector salud que tienen que llevar a cabo trámites o funciones administrativas que les permitan a las mujeres acceder a la IVE.
La Corte Constitucional, además, ha señalado que la objeción de consciencia es personal y no institucional. En otras palabras, ninguna clínica u hospital puede negarse a prestar los servicios de interrupción del embarazo por razones ideológicas, religiosas o morales.