Uno de los problemas más grandes del sistema de salud colombiano es el endeudamiento de los diferentes actores. Al respecto, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, aseguró que las entidades administradoras de recursos (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado le están debiendo $16,6 billones a los hospitales y clínicas del país.

“Las EPS vienen recibiendo cada mes cumplidamente los recursos del sistema y tienen la obligación de utilizar esos dineros para proteger a las personas cuando están sanas y atenderlas cuando están enfermas, pero también tienen que pagarles a quienes atienden sus afiliados. Por ello, en este momento existe una dificultad evidente por el incumplimiento en los pagos por parte de las administradoras de recursos y que tiene en crisis al sector prestador de servicios, tanto público como privado”, aseguró.

El Superintendente, quien se ha reunido en las últimas semanas con representantes de las EPS y de las secretarías de salud municipales y departamentales, insistió en las consecuencias del pago tardío.

“Para nosotros es gran preocupación esa circunstancia, porque lleva a la inviabilidad del sector prestador por la iliquidez e insolvencia para sostener sus obligaciones… No se olviden que la plata que tienen es de los usuarios y el derecho de los usuarios prima sobre la pretensión de permanecer con recursos fondeados en sus arcas cuando tienen es que destinarse a la prestación del servicio”.

Jornadas en territorio de la Superintendencia de Salud

También como parte de los nuevos anuncios, la Superintendencia eligió 10 territorios donde se reporta la mayor insatisfacción con las EPS. El objetivo es propiciar acercamientos entre los pagadores y los prestadores.

“Estamos generando un puente en búsqueda de llevar los recursos que se adeudan hacia quienes tienen derecho a reclamar el pago por las atenciones prestadas. Queremos que la plata esté donde debe estar, es decir, en poder de quienes prestaron el servicio, porque así se garantiza la continuidad de la atención en términos de oportunidad para los dueños del sistema, que son los ciudadanos”.

Además de Guaviare se incluyen Antioquia, Bogotá, Valle, Vaupés, Vichada, Bolívar, Chocó, Santander y Risaralda.

“Estas mesas de intervención las estamos haciendo en los departamentos con mayor criticidad por la insatisfacción del servicio que reciben o por la violación sistemática al derecho de la salud; tenemos la responsabilidad de que la garantía a ese derecho se haga costumbre en los territorios”, indicó Beltrán

Las reuniones irán hasta el próximo miércoles 23 de noviembre. Y en detalle, allí se analiza la situación de cada población y se elaboran las alertas más urgentes de corregir para que los actores territoriales implementen el plan de acción aprobado por la Supersalud con tiempos definidos y compromisos puntuales.

“Más de 814.000 peticiones, quejas, reclamos y denuncias contra las administradoras de recursos durante los primeros nueve meses de este año demuestran los altos niveles de desprotección en los que se encuentran los ciudadanos, especialmente los más vulnerables; vamos a revisar a fondo la situación de los territorios para establecer planes inmediatos de acción que garanticen que el derecho a la salud se vuelva una costumbre”, enfatizó el superintendente Beltrán López.

Las reuniones ya se adelantaron en Guaviare, Medellín y Bogotá. Las dos siguientes serán en Arauca y Chocó. Para el caso del primer departamento, se anunció el plan de mejoramiento con aplicación inmediata para subsanar los inconvenientes que se reportan en el departamento de casi 90 mil habitantes.

“Tanto las autoridades locales, como los prestadores y Nueva EPS deberán ejecutar las acciones aprobadas que serán objeto de seguimiento cada 15 días hasta diciembre con el objetivo de estabilizar la atención de los usuarios”, aseguró Ulahí Beltrán, superintendente nacional de Salud.