Este 22 de diciembre es una fecha clave para el sistema de salud. Desde las 7:00 a. m. la ministra de Salud, Carolina Corcho, se reunió la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, que entre otras cosas recomienda cómo se debe distribuir el presupuesto del sector salud.
Uno de los puntos claves que estará sobre la mesa es la definición de la unidad de pago por capitación (UPC), el dinero que les gira el Estado a las EPS anualmente por cada persona que tienen afiliada. La puja para definir este rubro ha sido una larga novela.
Pero, en síntesis, los representantes de las EPS estaban pidiendo que la UPC se incrementara en 18 % en ambos regímenes para 2023. El Gobierno, sin embargo, reveló un borrador de resolución en el cual planteaba un incremento de poco más del 16 % para el régimen contributivo y de más del 12 % para el subsidiado.
Estas proyecciones encendieron las alarmas de las EPS, que a través de Acemi, Gestarsalud y Asocajas (las organizaciones gremiales más grandes del sector) emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron sus inquietudes.
“Lo que estamos viendo es que esto no es un problema de una EPS en particular, esto es un problema sistémico. Es de una magnitud muy grande, puede poner en riesgo la prestación de los servicios de salud”, dijo hace un par de semanas Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, gremio que agrupa a once EPS.
La ministra Corcho, por su parte, advirtió que la propuesta de su cartera será “igualar por lo alto” los incrementos a la UPC de ambos regímenes. En teoría, esto significaría que ambos quedarían en el 16 %. Se espera que la decisión quede en firme en los próximos días, pues el decreto debe ser publicado antes de que termine el año.
En todo caso, el Gobierno nacional aún tiene un par de ases bajo la manga. Por un lado, la ministra Corcho ha dicho en múltiples ocasiones que al sector salud le entrarán nuevos recursos por medio de la reforma tributaria que ya fue aprobada por el Congreso de la República.
“La reforma tributaria nos da un recaudo de 20 billones de pesos, les quiero informar que en esa adición presupuestal, la tercera parte de eso que da la reforma tributaria se va para salud”, advirtió la ministra Corcho.
En plata blanca, al sector le entrarían más de seis billones de pesos, con lo que podrían taparse algunos huecos presupuestales, entre ellos el del aseguramiento.
Pero en las últimas horas se conoció que el Ministerio de Hacienda también está cocinando otra estrategia con la cual planea robustecer el sistema de salud. A través de un borrador de decreto, esa cartera ministerial plantea una “Línea de redescuento con tasa compensada” con el objetivo de financiar a las EPS, las IPS y las entidades territoriales que tengan proyectos de inversión enfocados en el saneamiento de las deudas de los hospitales públicos.
La idea es facilitarles créditos a estos actores del sistema de salud a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y, en total, la adición presupuestal para lograrlo es de 455.000 millones de pesos que vendrán del presupuesto de 2022.
Aunque normalmente las gobernaciones y las alcaldías no eran incluidas en estas líneas de crédito, el Ministerio de Hacienda argumentó que esas entidades son claves para el sistema de salud. “Estas (entidades) permiten adelantar medidas de ajuste de los programas territoriales de reorganización, rediseño y modernización de las redes de las ESE (hospitales públicos), así como de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las ESE del territorio nacional”.