Este fin de semana ha sido crítico para el proyecto de ley de reforma a la salud que está impulsando el Gobierno nacional y que fue radicado en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.
La propuesta ha recibido fuertes críticas de parte de distintos sectores y ahora está pasando por uno de sus momentos más difíciles debido a que se filtró un documento en el cual los ministros de Hacienda, Agricultura y Educación, José Antonio Ocampo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, respectivamente, manifestaron fuertes reparos a las propuestas.
Después de leer los argumentos de los integrantes del gabinete ministerial, varios líderes políticos señalaron que la iniciativa del Gobierno está naufragando, entre ellos el senador Humberto de la Calle. En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter etiquetó al presidente Gustavo Petro y le pidió revisar la estrategia para implementar los cambios que busca para el modelo de atención en salud actual.
“Aun si no consigue todas sus metas, usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos. Sería un gran transformador”, señaló el congresista. “No desperdicie la oportunidad. El proyecto del Gobierno está muerto”, agregó con vehemencia.
Una vez el proyecto de ley de reforma a la salud fue radicado en el Congreso, De la Calle fue una de las voces más críticas frente a la iniciativa, sobre todo por la forma en la que el Gobierno busca darle trámite en el Legislativo.
Si bien se presentó en las sesiones extras del Congreso como una ley ordinaria, varios congresistas han insistido en que debía presentarse como una ley estatutaria.
Esto se debe a que consideran que el proyecto de la reforma tiene múltiples artículos en los cuales toca directamente el derecho fundamental a la salud, que es asunto de las leyes estatutarias. “El Gobierno ha sostenido que esta ley que presentó es ordinaria y que, por tanto, se aprueba con las características generales de las leyes que no tienen otro rango. Yo creo que esa es una visión equivocada y riesgosa, incluso para el Gobierno”, aseguró De la Calle durante un evento que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana.
Lo cierto es que si el Ejecutivo hubiera optado por esta alternativa, la naturaleza del trámite hubiera sido muy distinta. Si bien hoy la reforma a la salud empezó a hacer carrera en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el hecho de presentarla como ley estatutaria hubiera obligado al Gobierno a radicarla en las comisiones primeras, pues tienen a su cargo los asuntos constitucionales.
Así mismo, hubieran tenido que esperar a las sesiones ordinarias y el proyecto no hubiera empezado su tránsito en el Congreso en febrero, sino hasta marzo próximo.
De todas formas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha defendido la idea de presentar la reforma en las sesiones extras, como en efecto se hizo. “La reforma a la salud radicada establece el cómo garantizar el derecho fundamental que estableció la ley estatutaria, reforma los ‘cómo’ de la Ley 100 de 1993, 1122 de 2009 y 1438 de 2011, por tanto, es claramente una ley ordinaria”, aseguró la ministra a través de su cuenta de Twitter.
Los ministros comparten la preocupación de De la Calle
El documento que se filtró este 26 de febrero dio cuenta de que la posición de la ministra Corcho no era compartida por el resto de sus compañeros en el gabinete ministerial. De hecho, Ocampo, López y Gaviria manifestaron argumentos similares a los que esbozó De la calle en el documento en el cual expresaron sus inquietudes sobre la reforma a la salud.
De hecho, señalaron que si bien tiene algunas disposiciones de ley ordinaria, habría elementos que podrían requerir un trámite de orden estatutario.
“A la luz de las consideraciones anteriores y a juicio de nuestras carteras, el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias”, indicaron los ministros en el documento.
Incluso indicaron que, como el texto toca aspectos directamente relacionados con comunidades étnicas, incluso podría necesitar de mecanismos de consulta previa para garantizar su constitucionalidad.