“Dejo que pase lo que está pasando (risas) y entonces shu, shu, shu. Eso es un dominó y ni siquiera hay que demorar pago. Simplemente, EPS quebrada y los afiliados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae”.
De esta manera, el presidente Gustavo Petro anticipó cómo irían cayendo las EPS, una a una, mientras él presentaba una reforma a la salud que fue rechazada por el Congreso. Este 28 de mayo, Sura hizo oficial su solicitud para salir del sistema de salud tras la dura crisis que vive y busca salvavidas con el Gobierno.
“Luego de asfixiar en silencio a las EPS y ante la derrota política en el Congreso, el Gobierno Petro ha desvelado su verdadera cara. Por medio de jugadas arbitrarias y sin aparente sustento técnico, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se ha convertido en el verdugo del avance social más importante de Colombia en los últimos 30 años. Sin mayor gesto de vergüenza o empatía por los pacientes, Leal ha hecho la tarea que le encomendó su mentora, la exministra de Salud Carolina Corcho, quien prometió una ‘crisis explícita’ del sistema de salud. La Superintendencia de Salud, que en su momento protegió y defendió a los pacientes, ahora se presta para darles juego a los caprichos políticos del Gobierno Petro, que van desde negar la escasez de medicamentos, llegando a decir estas denuncias son el resultado de una campaña mediática de desprestigio, hasta intervenir en menos de 24 horas dos EPS”, comentó en su momento el concejal Daniel Briceño.
“Desde el mes de junio las EPS Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al Gobierno nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban. Una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la nación. Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo. Al contrario, el ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población. Hoy el país recibe la noticia del retiro voluntario de Sura que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno nacional en el mes de abril. Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”, escribió en X Ana María Vesga, la directora de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral).
Vea el anuncio oficial de Sura:
Bajo la administración del gobierno del presidente Gustavo Petro han caído Compensar, Nueva EPS y Sánitas. Ahora fue Sura.
El pasado 5 de abril, la EPS Compensar, que tiene más de 2,1 millones de afiliados, le anunció al país que había solicitado formalmente ante la Superintendencia de Salud el retiro y liquidación voluntaria de su programa de EPS del sistema de salud colombiano, tras más de 30 años de prestar el servicio a millones de usuarios en todo el país.
Esta decisión se conoció pocos días después de que la que SuperSalud interviniera a Sanitas y Nueva EPS, dos de las EPS más grandes del país, como más de 16 millones de afiliados.
Lo que indicó en su momento la entidad promotora de salud en un comunicado fue que la decisión se debió a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud, lo que afectó de forma considerable la viabilidad de Compensar EPS. La crisis es tan aguda que argumentan no estar en capacidad de ofrecer y garantizar el servicio a sus afiliados en condiciones de calidad y oportunidad.
Y aunque el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su momento descartó esta opción, la EPS esperaba que la solicitud fuera aceptada por la SuperSalud como la única alternativa para salir de la crisis, dada la poca viabilidad financiera con la que cuenta Compensar.
Sanitas
Keralty comenzó a desplegar la artillería judicial frente a la intervención que hizo la SuperSalud de la EPS Sanitas. La empresa había criticado duramente esa medida del Gobierno en un comunicado apenas se conoció la medida, que calificó de “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
Allí ya había anunciado que tomaría todos los caminos necesarios para “cesar la arbitrariedad del acto de intervención”, con el fin de retomar la administración, “en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”. El abogado de Keralty, el penalista Juan David Riveros, se presentó temprano en la Fiscalía. Contó que, tras dos semanas de análisis jurídico, decidieron interponer una denuncia penal en contra del superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal. “Consideramos que la providencia de la intervención a Sanitas es abiertamente ilegal”, dijo.
En diálogo con Vicky en Semana, el abogado señaló que la intervención fue totalmente desproporcionada y se hizo manipulando información. Según dijo, por ejemplo, el Gobierno informó como deudas millonarias de la EPS pagos que se debían hacer bajo la normativa legal. De igual manera, señaló, el Ejecutivo intervino a Sanitas, a través de la Superintendencia de Salud, porque ellos fueron críticos de la reforma a la salud.
Casi a la par del hundimiento de la reforma, coincidencia o no, la Superintendencia de Salud decidió intervenir dos de las prestadoras más grandes: Sanitas y la Nueva EPS, que suman juntas unos 16 millones de afiliados.
La Procuraduría puso en entredicho la intervención de Sanitas y alertó que ni siquiera había un expediente que la sustentara. “Tenemos, pues, digamos, el esqueleto”, señaló el superintendente Luis Carlos Leal.
Un día después, el Gobierno dio otro golpe. También intervino la Nueva EPS, en la que el Estado tiene el 50 % y ya había puesto a Aldo Cadena como presidente. Petro justificó esa movida diciendo que había encontrado en la entidad “una falsa contabilidad”. Agregó que “6 billones de pesos entregados por el Gobierno para atención de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos”. Con la intervención, las cajas de compensación, que son dueñas del otro 50 %, quedaron en el aire.
El Gobierno les cortó el flujo de recursos a las EPS. Por un lado, aumentó la UPC (el giro del Estado por paciente) en un 16 %, pero por el covid, los precios del dólar y la inflación, los expertos consideraron que debía ser del 24 %.
Aldo Cadena, nombrado por el Gobierno como presidente de la Nueva EPS, les dio la razón a los críticos de la reforma y sostuvo que la UPC era insuficiente. Explicó que en 2023 esa entidad perdió 411.383 millones de pesos, lo que provocó que su patrimonio pasara de 480.000 millones de pesos a 73.000 millones de pesos. Esta semana, Cadena también perdió su puesto.