“Cualquier insinuación de irregularidades en el manejo de los recursos de salud carece de fundamento”. De esta manera la EPS Emssanar, una de las aseguradoras implicadas en el escándalo de corrupción que denunció el saliente superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se defiende de los señalamientos que apuntan a que esta entidad, actualmente intervenida por el gobierno de Gustavo Petro, estaría malversando recursos.
Según Emssanar, la entidad realiza un “control estricto y una supervisión rigurosa de los recursos”. Como entidad intervenida, aclara, “no realiza pagos directos a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Nuestro papel es auditar la cartera de nuestra red de prestadores y luego postular los valores a pagar mensualmente. Este proceso es revisado y aprobado por la Contraloría Externa asignada por la Superintendencia Nacional de Salud y, posteriormente, por la misma Superintendencia, antes de que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) realice el pago directo a las IPS”.
Lo anterior, recalca a través de un comunicado este viernes, “asegura que cada peso se maneje de forma estrictamente transparente y cumpliendo con todas las normativas”.
La EPS aclara que no ha recibido ninguna notificación oficial de un informe preliminar de la Superintendencia Nacional de Salud. “En septiembre de 2024, la Superintendencia realizó una inspección como parte de su seguimiento en campo, contando con la colaboración completa de nuestro equipo, facilitando acceso a toda la información. Si se llegara a emitir un informe, confiamos en que se respetará nuestro derecho al debido proceso, y nos comprometemos a brindar las explicaciones pertinentes para cualquier observación que se nos indique”, señala en un comunicado, este viernes.
Informa además que este año la EPS realizó algunos cambios en sus contratos de suministro de materiales de osteosíntesis (Maos), lo que implicó el reemplazo a proveedores que presentaban incumplimientos y optando por operadores con un desempeño superior. Estos nuevos contratos, con un índice de cumplimiento del 83 %, han permitido mejorar la calidad y oportunidad de los tratamientos para nuestros usuarios, reduciendo el tiempo de hospitalización y garantizando una atención más efectiva”.
Uso inadecuado de los recursos de la salud
La semana pasada, pocas horas antes de que se confirmara la salida de Leal de la Supersalud, la entidad divulgó un informe que recoge los escandalosos hallazgos que dejó una auditoría que adelantó a cuatro EPS del país, tres de ellas en proceso de intervención por malos manejos financieros. Se evidenció que estas entidades estarían haciendo un uso inadecuado de los recursos de la salud. Detrás de este escándalo sobresale el nombre de Mario Andrés Urán, figura cercana al Gobierno Petro.
Ante la magnitud de los hallazgos sobre estos sospechosos movimientos en el sistema de salud, el saliente superintendente, Luis Carlos Leal, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, el pasado 22 de octubre. Lo que llama la atención es que, solo tres días más tarde, el Gobierno le solicitó la renuncia a Leal, quien pasaría a dirigir en las próximas horas el Instituto Nacional de Salud, INS.
De acuerdo con la Superintendencia, la investigación, recogida en un informe de 33 páginas, se centró en las cuentas de Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS, “debido a la posible injerencia de un particular, identificado como Mario Andrés Urán” (antiguo asesor de Coosalud), en la administración y manejo de los recursos de esta EPS y otras tres que se encuentran intervenidas. Información que, según la entidad, llegó a través de una denuncia.
La denuncia en cuestión señalaba que en estas ciudades se estaban favoreciendo a las mismas IPS, en un entramado de corrupción liderado por Urán. Se evidenció “concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos dineros y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”, señaló la Supersalud.
Según la denuncia de Leal, Urán lideraba una red con la que se buscaba direccionar la postulación de pagos y contratos con clínicas, hospitales y acreedores, cuyos dueños registran movimientos financieros en lugares como Islas Caimán, por lo que se cree que fueron a parar a paraísos fiscales.
Ese sería precisamente el más grave de los hallazgos revelados por la auditoría sorpresa, en la que se inspeccionó computadores y hasta celulares institucionales, que apuntan a que miles de millones de dineros de la salud se habrían desviado a paraísos fiscales y a Mario Andrés Urán.