Gestarsalud, una organización gremial que agrupa a varias EPS del régimen subsidiado, publicó un análisis sobre el estado financiero del sistema de salud colombiano. El documento muestra una posible desfinanciación por falta de recursos para lo que resta del año debido a que hay $1,5 billones faltantes solo para cubrir el aseguramiento en salud.
“El análisis presentado da cuenta de cómo los efectos de una desfinanciación progresiva y multifactorial puede afectar directamente la garantía de los servicios de la salud sobre los ciudadanos. Pero no se agota en ese escenario. La realidad financiera de las EPS es crítica y el riesgo es real para todos los actores”, sostuvo Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud.
La organización señaló que en junio pasado el Congreso de la República aprobó la ley de adición presupuestal que le asignó recursos extras a varios sectores, que en el caso de salud fue de 2,02 billones de pesos, pero las EPS han señalado que esa plata no alcanza a cubrir las necesidades que tienen los actores del sistema y los pacientes.
Advirtió que los servicios y tecnologías financiados por vía de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que les dan a las EPS por cada paciente afiliado, fue del 102 % hasta abril del 2023.
“Algunas entidades presentaron una siniestralidad que superó el 110 por ciento. En cuanto al gasto administrativo, que, según el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, puede ser de máximo 8 por ciento para el régimen subsidiado y de 10 por ciento para el contributivo, fue en promedio de 5,3 por ciento para el mismo corte en las EPS agremiadas en Gestarsalud”, señaló la organización gremial.
En suma, señalaron que las EPS se están gastando 7 % más de lo que les gira el Estado por medio de la UPC, pues calculan que de cada 100 pesos que reciben deben gastar alrededor de 107 pesos, por lo que estarían operando a pérdidas.
“Los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las EPS para gestionar la siniestralidad y optimizar el gasto administrativo y los esfuerzos del Estado por hacer cada vez más inversión en salud”, detalló Gestarsalud.
Y agregó que en el caso de las EPS, cuya mayoría de afiliados están en el régimen subsidiado, se ha registrado un incremento en la frecuencia con la que los pacientes acuden a las consultas médicas.
“El covid-19 generó en todos los países el incremento de la demanda de algunas atenciones, como las asociadas a cardiopatías y salud mental. Según datos reportados por una de las EPS agremiadas, atender a un afiliado después de la recuperación del covid-19 en el 2022 costó un 43 por ciento más que el costo de atenderlo antes de la pandemia. Si bien el sistema debe responder por esta demanda, es necesario que se evalúen los cálculos y se disponga de una prima o UPC suficiente para garantizar estas atenciones”, detalló Gestarsalud.
Destacó que hay una porción de la población que acude con más frecuencia a los servicios sanitarios a raíz del trámite que se está adelantando en el Congreso de la República para aprobar una reforma a la salud.
Los líos con los presupuestos máximos
Gestarsalud también llamó la atención sobre las dificultades financieras que tienen las EPS a raíz de los recursos disponibles relacionados con un rubro llamado “presupuestos máximos”, que cubre los gastos de servicios, tecnologías y medicamentos que no están dentro del Plan de Beneficios en Salud (cubierto por la UPC).
“Con corte a mayo de 2023, el déficit estimado es de aproximadamente $ 1,03 billones para todas las EPS. Así mismo, están pendientes de reconocimiento y giro a las entidades agremiadas $ 467 mil millones por los años 2020 a 2023. En lo que respecta a la estrategia de punto final del anterior Gobierno, persisten saldos pendientes de pago de parte de la Nación o las entidades territoriales por concepto de servicios y tecnologías no cubiertas por la UPC. Los recursos para estos pagos por las atenciones a afiliados del régimen subsidiado se encuentran en las entidades territoriales”, indicó Gestarsalud.
Además mencionó que es clave que el Ministerio de Salud realice una revisión para resolver los obstáculos administrativos que impiden que los recursos se giren adecuadamente. El calculo de los valores que no les han girado ascienden a los 320.000 millones de pesos por cuenta de los recursos pendientes desde la implementación de la estrategia de Punto Final.