La reforma a la salud presentada por el Gobierno de Gustavo Petro fue aprobada recientemente por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La propuesta ya tiene conquistados uno de los cuatro debates que aún faltan.
Entre los artículos que fueron aprobados hay uno bastante polémico. El que busca que las EPS se transformen en gestoras de salud y vida. Con esta decisión esas empresas se acabarían y sus funciones pasarían a ser administradas por el Estado.
Varios gremios de la salud han hecho advertencias sobre los peligros a los que serían expuestos muchos colombianos con la reforma, pues la transición de las EPS a un nuevo modelo puede dejar desprotegidos a los usuarios.
SEMANA consultó a la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Paula Acosta, sobre si las EPS serían liquidadas en Colombia con la reforma a la salud.
Preocupación por responsabilidades de las EPS ¿Quién las asume?
Al respecto, la directiva aseguró que los artículos 49 y 50 de la reforma en discusión plantean que las Gestoras de Salud y Vida se conviertan únicamente en administradoras de los servicios de las EPS. No podrán gestionar los riesgos en salud o financieros y tampoco tendrán el manejo de los recursos. Además, dejarán de organizar y administrar la red de servicios.
Precisó que el concepto de seguro social, que está en el artículo 48 de la Constitución Política, se volvería a aplicar para estas entidades de salud.
Una de las preocupaciones más grandes, según Acosta, es la disolución de todas las responsabilidades de las EPS, que serían repartidas entre diferentes actores del sistema y nuevas entidades que el Gobierno crearía. A las denominadas Gestoras se les convierte en colaboradoras de los CAPS y de los entes territoriales, por lo que no tendrían siquiera autonomía para hacer su gestión.
Además, Acosta habló de la fecha límite de las EPS, que ya no volverían a ser como antes y tendrían una transformación abrupta.
“Necesariamente que quienes busquen transformarse en Gestoras, deben liquidar la EPS, pues su objeto social es radicalmente diferente. En la práctica, es imposible transformarse, pues no se trata de pequeños ajustes; es una actividad totalmente diferente”, comentó a SEMANA.
En relación con los riesgos que la presidenta de ACEMI ve en el articulado, la continuidad de la atención en salud es el que más le preocupa, pues con la propuesta se diluyen y fragmentan las responsabilidades entre los CAPS, los municipios, los departamentos, los distritos, la red, las gestoras, el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES.
“Estamos frente a un riesgo social enorme, como nunca ha sucedido en Colombia, porque de lo que estamos hablando es de 50 millones de planes de salud en una transición que nadie ha sido capaz de explicar de forma detallada”, advirtió.
Hay más dudas que certezas sobre la reforma a la salud
De acuerdo con lo dicho por Acosta, todo lo planteado se basa en un sistema único de información, que entraría a funcionar en un año. Este sistema no existe en otra parte del mundo y en países como Reino Unido o Costa Rica han tomado décadas procesos de igual magnitud o parciales, además han costado billones. “Esto no es realista”, agregó.
Estas son las dudas que deja la reforma, según la presidente de Acemi:
- Todas las nuevas instituciones que se crean en la reforma, en reemplazo de muchas de las tareas que hoy cumplen las EPS, necesitan de talento humano capacitado, asunto que no se aborda en ninguna parte en la nueva reforma.
- No es claro cómo se garantizará la continuidad en la atención. Esto no es solo un tema de escribir en la ley que se va a garantizar, se requiere de recursos, capacidad institucional y procesos claros, cosa que está ausente en la reforma.
- El principal riesgo no es que se acaben las EPS, es que a los pacientes y a los afiliados se les está desconociendo su derecho a la salud. La reforma es altamente regresiva.
- Cuál será la sostenibilidad financiera del nuevo modelo es otra de las deudas expresadas, pues esta tendría un enorme costo fiscal que supera los 100 billones para los próximos 10 años según el Ministerio de Hacienda, sin que se incluyan fuentes nuevas de financiación. Esquemas de pago por servicios como se propone, sin autorizaciones, con anticipos superiores al 80% y con un esquema de tercerizado de auditorías, llevarían al sistema al colapso rápidamente.
Entre los pedidos que ACEMI le hace urgente al Gobierno nacional es a examinar las capacidades institucionales y revisar tranquilamente cómo se puede mejorar y avanzar para lograr un sistema de salud más equitativo. Además, es importante la incorporación de otros sectores.
“Deberíamos preguntarnos por qué es diferente la prestación de los servicios de salud en estos territorios y cuáles son las soluciones que se podrían plantear, muchas de estas desbordan incluso el ámbito de actuación y las capacidades del sector salud. Son temas sociales que tienen que ver con la pobreza, el acceso o el agua potable, paro solo citar algunos aspectos”, comentó.
Acosta también le hizo otra petición al Gobierno y es que este escuche a los pacientes, usuarios, académicos, personal médico, sector privado, que han venido planteando muchas propuestas e inquietudes documentadas y serias, “para que lo que se construya sea mejor que lo que tenemos hoy”, concluyó.