En la mañana de este 8 de marzo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se llevó a cabo la primera audiencia pública sobre el proyecto de la reforma a la salud, que fue radicado por el Gobierno el pasado 13 de febrero.
La primera en intervenir fue Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud, que agremia a EPS que afilian sobre todo a población del régimen subsidiado. Manifestó la voluntad de consenso que ha tenido el presidente Gustavo Petro, aunque criticó varios aspectos de la propuesta de la reforma a la salud.
“Nosotros vemos el proyecto de ley enfocado en lo público, se ha planteado un monopolio público donde primarán tanto en la gestión como en la gestión y la prestación entidades públicas”, sostuvo Dávila.
Señaló que, según su interpretación del texto, el margen de acción de las instituciones privadas es muy reducido. De hecho, indicó que si bien el proyecto de ley plantea que tienen cabida en el sistema de salud, las obligaría a someterse a un régimen tarifario que reduciría sus posibilidades de operar en el nuevo modelo.
Así mismo, señaló que las EPS han cumplido “un rol fundamental” para ayudarles a comunidades vulnerables a acceder a los servicios de salud.
Y contradijo las críticas que ha esbozado el Ministerio de Salud sobre la desaparición de múltiples EPS desde que se sancionó la Ley 100 de 1993, pues señaló que muchas de esas entidades salieron del sistema porque tenían problemas con el dinero que les giraba el Estado.
“Una cosa es que las EPS hayan malgastado los recursos, otra cosa es que por problemas distintos, incluso por temas de desplazamiento, hayan tenido que desaparecer”, señaló Dávila. Y sostuvo que hay múltiples entidades públicas que están “luchando” por mantenerse a flote.
También señaló que hacer una clasificación de riesgo entre las EPS, unos datos que ha publicado la Superintendencia de Salud, no es lo más adecuado para el sistema de salud y para el proceso de transición que se está planteando.
Por último, advirtió que les preocupa el manejo del dinero público en caso de que la reforma a la salud se apruebe tal y como está. “Vemos un riesgo de que los recursos se usen para fines distintos que no son la seguridad social”, concluyó la directora de Gestarsalud.
Mientras tanto, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, que agremia a las EPS del régimen contributivo, señaló que hay que buscar la sostenibilidad fiscal del sistema de salud.
A su vez, citó cinco preocupaciones que identificaron después de revisar el proyecto de ley: que la reforma haga que los pacientes y los actores del sistema de salud pierdan el acceso a sus derechos; el manejo de la gobernanza porque se plantea construir nuevas capacidades institucionales; la sostenibilidad financiera del sistema; la falta de claridad en la transición y las facultades extraordinarias del Gobierno.
“El derecho a la seguridad social en salud desaparece del sistema. Se elimina la participación del sector privado en el aseguramiento, lo que va en contravía de lo que plantea la propia Constitución”, señaló. “Sin EPS el usuario pierde quien lo represente ante el sistema, no es claro quién responde ante fallas del servicio”, concluyó.
Y manifestó su inquietud sobre la falta de claridad en los empleos que se perderían con la desaparición de las EPS.
El lío con los gestores farmacéuticos
Por su parte, Claudia Sterling, vicepresidenta de Cruz Verde en Colombia, sostuvo que los gestores farmacéuticos, que hoy se encargan de dispensar medicamentos ambulatoriamente a los otros actores del sistema de salud, deberían permanecer dentro del sistema.
“Consideramos que dejar la dispensación de medicamentos en manos de los servicios farmacéuticos de las IPS afectará de forma grave la accesibilidad a los mismos. En especial, en los medicamentos para pacientes crónicos, preparaciones magistrales, medicamentos de control y monopolio del Estado y cadenas de frío“, indicó Sterling.
Sostuvo que las droguerías son “absolutamente necesarias” dentro del sistema de salud, porque hacen parte de redes que manejan el riesgo farmacéutico de los pacientes. Esto se debe a que, argumentó, aseguran la calidad de los medicamentos, que sean transportados y entregados adecuadamente a los pacientes.
Y señaló que tienen “información invaluable” que puede ser de gran utilidad para los pacientes y las autoridades de salud pública.
“Los primeros actores en reportar desde mayo de 2021 la escasez de medicamentos, indicando productos específicos y laboratorios al Ministerio de Salud y el Invima, fuimos los gestores farmacéuticos”, indicó, pero señaló que había dificultades para el flujo de esa información, algo que se está corrigiendo en la actualidad.
Las IPS proponen que haya un “paz y salvo” antes de que se ponga en marcha la reforma
Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS (Unips) aseguró que es importante “construir sobre lo legislado”, pues hay varios avances en materia sanitaria que se pueden conseguir implementando las normas que ya existen.
Sostuvo que es fundamental de que el aseguramiento se conserve tanto para la tranquilidad de los prestadores de salud como para la de los pacientes.
“Yo creo, honorables parlamentarios, que no se puede pasar a votar una reforma sin tener un paz y salvo. Si nos vamos por las cifras oficiales, el componente de los 16,8 billones de pesos que aparecen registrados como cartera (deuda) por parte de los aseguradores (...) hay que tener claro cómo se va a garantizar el saneamiento de esa deuda histórica del sistema”, sostuvo Toro.
Y advirtió que debe haber un giro directo, pero señaló que debe ser el “reconocimiento de un monto del 80 % o 90 % del valor facturado por el sistema en la vigencia inmediatamente anterior y en los tiempos establecidos ya por ley de cómo deben pagarse las facturas en Colombia”.
Indicó que les preocupa la aparición de muchos fondos de orden local por las dificultades que podría haber en materia de contratación, subrayó la importancia de que existan redes integrales de servicios de salud y señaló que están de acuerdo con que empiecen a operar centros de atención primaria en salud, como lo propone la reforma.
Por último, señaló que según la revisión que hicieron del proyecto de ley, no les quedó claro cómo se manejarán los padecimientos de alto costo.
Precisamente, Diego Fernando Gil, director de la Federación Colombiana de enfermedades Raras, sostuvo que están de acuerdo con el fortalecimiento de la atención primaria en salud y la infraestructura hospitalaria pública. Pero manifestó su desacuerdo con varios puntos de la reforma a la salud.
“Lamentablemente, lo que se ha esbozado en el proyecto de ley es que estamos en altísimo riesgo”, indicó. Según señaló, no tienen claridad sobre la continuidad en la prestación de los servicios de salud que hoy están afiliados a las EPS.
“No entendemos cómo se va a hacer esa remisión de los pacientes a los centros de mayor complejidad”, sostuvo Gil.