La situación financiera que atraviesan las EPS (Sura, Sanitas, Compensar) presenta un panorama complejo para la salud en Colombia.
El pasado 27 de julio, los altos directivos de dichas entidades, enviaron una carta dirigida puntualmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para solicitar de manera urgente una reunión con él, para dar pronta solución a la grave crisis.
Hasta el pasado martes 22 de agosto, cuando se cumplían 15 días hábiles, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, el gerente general de la EPS Sura, Pablo Otero, y el director de salud de Compensar, Andrés Barragán, no habían recibido una respuesta, pero este miércoles en las horas de la mañana el ministro se ha referido al asunto y expresó que la salud debe ser un derecho, no un negocio.
En la carta, los directivos manifestaron que tienen más de 13 millones de afiliados, y al rededor de 34.000 empleados, que con sus familias suman más de 134.000 personas.
En el documento indican que los recursos “asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC* en 2022 fue un insuficiente en un 8 %, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS*”.
Y registran que “no se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. Al no ajustar la UPC por condiciones de salud (Perfil epidemiológico), varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.
De esta manera, “tanto la EPS Sura como la EPS Sanitas y Compensar EPS no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso, pues en los últimos dos años se ha agotado un capital cercano a los COP 400.000 millones en el caso de EPS SURA, 415.500 millones en el caso de EPS Sanitas y 278.700 para Compensar EPS, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia”.
Así las cosas, el doctor Álvaro Romero, decano de la Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana, manifestó a SEMANA que “considerando que en el modelo de salud actual las EPS gestionan el riesgo de sus afiliados, direccionando todos los servicios de atención y prestación en salud de forma articulada con las IPS (instituciones prestadoras de salud), su cierre implicaría dejar a todas estas personas sin una ruta clara de atención”.
Esto, empezando por “servicios básicos como consulta, urgencias, hospitalización, provisión de medicamentos, etc., y, por supuesto, otros de mayor complejidad como tratamientos especializados o para enfermedades crónicas. Por otra parte, terminaría de agravar la situación financiera de las IPS, las cuales en su mayoría dependen de las EPS, por cuanto son quienes les proveen los pacientes y pagan los servicios”, agrega el experto.
Además, Romero concluye de manera enfática en que “el país no cuenta con una infraestructura estatal, o privada distinta a las EPS, que pueda soportar la gestión de riesgo de las poblaciones”.
La posición de Acemi
Por su parte, Acemi, el gremio que reúne a 11 EPS del régimen contributivo, explicó mediante un comunicado que, aunque tenía conocimiento de la carta, ese texto no representa una posición gremial.
No obstante, son enfáticos en que la carta sí refleja la crisis que atraviesan las EPS por factores estructurales de financiamiento y otros de naturaleza coyuntural, tal como lo manifestó la presidente ejecutiva de ese gremio, Ana María Vesga.
En entrevista con SEMANA, Ana María Vesga habló de los dos puntos neurálgicos que están en el panorama de las EPS: uno estructural y uno coyuntural.
El primero tiene que ver con la “el financiamiento del sistema de salud y la suficiencia de esa prima que llamamos UPC*, asunto que, hay que aclarar, no es algo que venga de este Gobierno, es una conversación que viene de tiempo atrás”.
El segundo tema coyuntural “tiene que ver con algunos pagos derivados de cuentas que tienen las EPS con el estado de servicios prestados por las mismas, por conceptos como covid-19, vacunación, presupuestos máximos. En el caso de las EPS de Acemi, esa cifra supera los 5.2 billones de pesos, sobre los cuales es necesario avanzar”, aseguró.
*UPC, es la “unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SG-SSS) para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios de Salud (PBS), en los regímenes contributivo y subsidiado”, según el Ministerio de Salud.