Se espera que este 8 de marzo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, tenga en sus manos la propuesta de los partidos de la U, Liberal y Conservador sobre la reforma a la salud.
De hecho, en la noche del 7 de marzo, estas colectividades dieron a conocer 20 “líneas gruesas” del contenido que tendrá el texto, que también llegará al despacho del presidente Gustavo Petro.
“Convencidos de que el sistema de salud requiere cambios estructurales para garantizar el derecho fundamental de los colombianos a la salud y con el compromiso de construir sobre lo construido mediante el debate, hemos consolidado una propuesta modificatoria a la presentada por el gobierno nacional”, escribieron las tres colectividades a través de un comunicado público, que fue firmado por César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, presidentes de los partidos Liberal, Conservador y de la U, respectivamente.
Esta propuesta es clave debido a que esas tres colectividades hacen parte de la bancada de Gobierno en el Congreso, por lo cual son fundamentales para que el Ejecutivo logre que su paquete de reformas sociales sea aprobado.
Entre las líneas gruesas mencionadas en el comunicado está la férrea oposición a la posibilidad de que el sistema de salud tenga una burocracia más robusta con la estatización que eso traería.
En esa medida, se conoció que plantean la permanencia de las EPS como un actor fundamental dentro del sistema de salud. Aunque sí proponen que tengan algunas transformaciones. Por ejemplo, ya no se llamarían EPS, sino Entidades Gestoras de Salud y Vida.
Tendrán como funciones la gestión del riesgo en salud y la administración de los riesgos financieros conjuntamente con el Estado, dos tareas que hoy ya tienen a su cargo.
También aclararon que los pacientes tendrán la posibilidad de elegir libremente entre los actores del sistema de salud que desea que le presten atención. En otras palabras, según sus necesidades, los ciudadanos podrán escoger su entidad gestora de salud y vida, su centro de atención primaria en salud y el médico con el cual tendrán su consulta.
También les ponen límites a las entidades gestoras. “No admitiremos la integración vertical y eliminaremos la posición dominante de las Gestoras de Salud y Vida”, señalaron.
Así mismo, indicaron que esas empresas tendrán que trabajar de la mano de las direcciones territoriales sanitarias para conformar las redes integrales e integradas de servicios de salud.
Y señalaron que habrá una nueva forma de definir una unidad de pago por capitación (UPC), que es el dinero que hoy les da el Estado a las EPS por cada persona que tienen afiliada, con el objetivo de que sean recursos suficientes y que estén ajustados a “riesgos con incentivos de calidad”.
“Se destinará el 5 % administración para las Entidades Gestores de Salud y Vida y existirán incentivos relacionados con los resultados en salud, la satisfacción de usuarios, la gestión financiera y la calidad de la atención”, puntualizaron.
Hay, sin embargo, un punto sensible que se mantendría y que está en consonancia con la propuesta del Gobierno nacional, pues la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se ocupará de hacer el giro directo de recursos a los hospitales y clínicas.
Vale decir que este giro directo en la actualidad solo se da en casos específicos, pues son las EPS las encargadas de pagarles a los prestadores de servicios de salud.
Además, buscan darles mayor seguridad financiera a esos prestadores, pues proponen crear un Fondo de Garantías del Sector Salud, con el objetivo de “que se reconozcan las deudas a los hospitales y clínicas cuando se retire una gestora del sistema”.
En la propuesta, además, reconocen la importancia de mejorar el acceso a los servicios de salud en las zonas rurales.
“Fortalecemos el desarrollo de modelos diferenciales para la atención integral en salud en zonas apartadas y en población dispersa respetando sus costumbres y creencias de la medicina ancestral e incorporando parteras y médicos tradicionales en la atención de la población”, indicaron en el comunicado.
Esto pasaría con las licencias de maternidad
Uno de los asuntos de salud pública que más ha preocupado al Gobierno nacional y a las autoridades sanitarias en Colombia tiene que ver con las tasas de mortalidad materna, un indicador que se refiere a la proporción de mujeres que mueren mientras están embarazadas, durante el parto o poco después del mismo.
Pues bien, en el texto construido por liberales, conservadores y los miembros del Partido de la U se hizo una propuesta para atender este flagelo. Una de las líneas gruesas que esbozaron en su comunicado apunta a mejorar la atención a mujeres embarazadas.
“Se otorgará licencias de maternidad todas las mujeres del país, sin importar su capacidad de pago, condicionado al cumplimiento de la totalidad de controles prenatales en el marco de la atención primaria en salud, como estrategia para reducir la brecha de desigualdad y la mortalidad materna”, indicaron.