Fundaciones que trabajan por los derechos de los pacientes, organizaciones gremiales de salud y distintos líderes de ese sector acudieron al Congreso para entregar las 92.000 firmas que recogieron desde el pasado 18 de mayo y que han sido una muestra de apoyo a la petición de archivar la reforma a la salud en el Congreso de la República.
Entre los impulsores de la “firmatón” estaban distintas asociaciones de usuarios de las EPS, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (que agrupa a las EPS que atienden a la mayoría de afiliados del régimen contributivo) y exministros de Salud como Fernando Ruiz, Alejandro Gaviria y Augusto Galán.
“No estamos de acuerdo con esta reforma, porque no resuelve ninguno de los problemas. Nosotros estamos convencidos de que ustedes nos van a seguir representando con entereza, transparencia y liderazgo para hacer un verdadero cambio y acabar con el acto del pupitrazo con el que se está manejando la reforma al sistema de salud”, aseguró Denis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia.
“Aquí están el sentir y la vida de cien mil familias colombianas”, agregó Silva en conversación con varios parlamentarios que asistieron a la entrega de las firmas.
En la entrada del Congreso uno de los representantes de la Cámara que recibió los documentos fue Andrés Forero, del Centro Democrático.
“Conscientes de nuestra responsabilidad recibimos más de 90.000 firmas de personas que se oponen a la reforma a la salud y piden al gobierno retirarla para convocar una gran mesa nacional de salud. En plenaria defenderemos el sistema de salud como lo hicimos en la Comisión VII”, señaló Forero a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, la hermana Inés Delgado, religiosa y vocera de Pacientes Colombia, le solicitó al Gobierno que retire el proyecto de ley que pretende hacer transformaciones profundas en el sistema de salud colombiano.
“Les pedimos a los señores congresistas y al ministro de Salud que, por favor, obren con rectitud, que no obren con intereses políticos, económicos o ideológicos, sino solo buscando el bien de toda la población. Colombia les cobrará o les agradecerá lo que hagan en un futuro con nosotros”, sostuvo la hermana Delgado.
Los impulsores de la petición han reiterado en múltiples ocasiones que la falta de socialización de la reforma a la salud ha provocado que en el texto no estén reflejadas las posiciones de distintos actores del sector. Entre otras cosas, se han quejado de que no se plantean soluciones a las dificultades de fondo que hoy afectan a los pacientes en todo el país.
“No resuelve los problemas de cobertura y acceso que se presentan en los territorios, por el contrario, fragmenta y desarticula los niveles de atención, afecta su integralidad, no garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes y elimina la función de agencia para el paciente, lo cual se traducirá en barreras de acceso para la población”, señalaron en su petición.
También han advertido que tal y como está planteado el articulado dispersa múltiples funciones que hoy están bajo la tutela de las EPS, que de aprobarse la reforma a la salud pasarían a llamarse como entidades gestoras de salud y vida. En esa medida, roles como la gestión integral de los riesgos quedarían dispersos entre entidades estatales, lo cual consideran que generaría confusión.
Y han manifestado sus reparos frente al manejo de los recursos del sector salud. Según advirtieron, el proyecto de ley “establece un modelo de pago que combina el subsidio a la oferta, el pago por servicio y la capitación, sin mecanismos de contención apropiados y con enorme riesgo de desborde presupuestal”.
Esto, señalaron, podría generar un “impacto fiscal” profundo que según sus cálculos podría ser de varias decenas de billones de pesos, una realidad que se suma a la “falta de control” en la gestión de los gastos futuros que generaría la reforma para las finanzas de la Nación.