La Superintendencia de Salud informó que dese agosto de 2022, y con corte a diciembre de 2023, impuso multas a los diferentes actores del sector salud por un monto total de 169.868 millones de pesos.
Según el superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López, el hecho de haber impuesto esta cantidad de sanciones demuestra las deficiencias que presenta el sistema de salud, en especial, algunas EPS que no han cumplido con el objetivo de garantizar la atención a los usuarios.
“[Estas cifras] demuestran la grave situación en la que se encuentra el sistema de salud en el país y evidencian el compromiso de la Supersalud en su empeño por defender el derecho a la salud de los usuarios del sistema de salud”, indicó Beltrán.
La entidad compartió cifras generales sobre los actores del sector a los que más se impusieron sanciones económicas y las EPS ocuparon el primer lugar.
“La mayor cantidad de multas y amonestaciones fueron ordenadas sobre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), entre las que se encuentran”, indicó la entidad encargada de la vigilancia del sistema de salud:
- EPS que operan regímenes contributivo y subsidiado —activas y en liquidación—.
- EPS indígenas.
- Programas de salud de las cajas de compensación familiar (CCF).
Todas, de acuerdo con el informe, suman en total 149 multas que alcanzan un monto de $ 80.527 millones.
Así mismo, señaló que a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se les impusieron “39 multas que sumaron $ 27.971 millones; posteriormente, 107 sanciones a personas naturales, cuyo valor en multas sumaron $ 19.870 millones. También se impusieron multas a algunos entes territoriales y a generadores, recaudadores y administradores de recursos financieros del sistema; los primeros, con 42 multas que sumaron $ 15.775 millones, y los segundos, con 76 multas, las cuales totalizaron $ 25.723 millones”.
En total, la Supersalud ha impuesto, desde agosto de 2023, un total de 524 sanciones, de las cuales 413 fueron multas en primera instancia y 111 amonestaciones, relacionadas con incumplimiento a la normatividad vigente y obligaciones de las entidades responsables del aseguramiento en salud, la prestación de los servicios y la supervisión territorial.
Sobre los motivos de estas sanciones y multas, la entidad indicó que los principales motivos que provocaron estas decisiones fueron la “denegación y deficiencias en prestación de servicios, fallas en los reportes de información a la Supersalud, e incumplimiento en el flujo de los recursos entre actores del sistema”.
Acemi advierte al Gobierno sobre desfinanciamiento de las EPS en 2024
Mediante un comunicado, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) aseguró que una nueva preocupación en el sistema de salud se suma a la lista, por cuenta del ajuste de la UPC, además de la forma en que se realizó el cálculo.
“La desfinanciación que vive el sistema se profundizará e irremediablemente agudizará la crisis de oportunidad y calidad de los servicios de salud de los colombianos”, dice el documento.
Apuntan a que los llamados constantes de los pacientes, la academia y los gremios, hechos al Gobierno nacional, no tuvieron mayores efectos, pues fueron desatendidos y por ello se fijó un ajuste que desconoce la realidad del gasto en salud de los colombianos y también las crecientes demandas del mismo.
Las EPS entregaron toda su información al Ministerio bajo el proceso habitual y que se ha acostumbrado a realizar desde hace varios años. Sin embargo, al cierre del año no hubo una retroalimentación a las EPS, como es costumbre, por lo que no les permitieron corregir y ajustar eventuales problemas o aclarar posibles desfases.
“No se explica por qué un proceso que se ha hecho por años, con información de calidad superior al 90 %, resultó positivo solo para cuatro EPS”, asegura Acemi, agregando que la justificación del Ministerio apunta a que, con la información agregada, no se puede realizar un aumento de la UPC superior al IPC y sitúa en 12,01 % dicho ajuste.
Uno de los primeros hechos que señalan es que el ajuste de la UPC no tuvo crecimiento real, pues no se consideró el incremento de frecuencias y, por el contrario, se aumentó el Plan de Beneficios (PBS). A este se le destinó un 2,3 %, por lo que la nota técnica se desconoce.
Por su parte, aunque se toma como base el 9,7 % correspondiente al índice de precios al consumidor para noviembre, lo cierto es que se desconoce el faltante acumulado en las EPS, derivado de un mayor gasto en salud. Tampoco se contempla el reconocimiento del 8 y 10 %, el cual les corresponde a estas empresas por concepto de gastos administrativos.
Finalmente, Acemi termina la carta haciendo una exigencia de que el 5 % de la UPC sea trasladado para financiar equipos de salud territoriales.