En las últimas horas, la Superintendencia de Salud ordenó prorrogar por un año más la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Famisanar. De esta manera, el proceso de intervención, que se inició el 15 de septiembre de 2023, se prolongará hasta el 15 de septiembre de 2025.
De acuerdo con informes técnicos, Famisanar no ha cumplido con los indicadores financieros exigidos por la ley, lo que incluye capital mínimo y patrimonio para su funcionamiento. Además, presenta serias dificultades en el pago a su red de prestadores de servicios, lo que ha comprometido la continuidad y calidad de la atención en salud.
“Continua la incertidumbre en la recuperabilidad del activo por impuesto diferido con saldo de $400.150 millones a julio de 2024, toda vez que esta está sujeta a la obtención de utilidades en vigencias futuras y durante el periodo de intervención este precepto no se ha logrado», indicó la SuperSalud en la resolución que da vía libre a un año más de intervención.
En rueda de prensa convocada este martes, la agente interventora de EPS Famisanar, Sandra Jaramillo Ayala, que fue ratificada en ese cargo por la Supersalud, calificó como “positiva” la prórroga por un año más de la medida de intervención, pese a que la condición financiera de la entidad sigue siendo crítica.
Sostiene que “aún falta tiempo para mejorar los indicadores” y que aún “existen desafíos para lograr sacar a la empresa de la crisis que actualmente atraviesa, por lo que la extender la intervención, en su concepto, es una medida justificada”.
La idea, durante el nuevo año en que regirá la medida, “es continuar desarrollando el plan de acción propuesto y lograr el cumplimiento de las metas que en este primer año no se lograron”, indicó la agente interventora.
Destacó sin embargo que Famisanar avanzó en la implementación de procesos y procedimientos, entre ellos la disminución de la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por desnutrición infantil y enfermedad diarreica aguda a cero (0) muertes para una población de 143.012 niños en este año en curso.
La EPS además consiguió, según Jaramillo, que el 86,5 por ciento de las mujeres entre 25 y 65 años se realizaran el examen preventivo de cáncer de cuello uterino, con corte a junio de 2024. Con esto se duplicó la cifra que estaba en 43 por ciento en 2023. Y se aumentó el número de mujeres entre 50 y 69 años que se realizaron una mamografía, pasando del 37,8 por ciento, con corte a septiembre de 2023, a 73,5 por ciento a junio de este año.
Es que precisamente, como parte de la prórroga, la Supersalud ordenó que la EPS tome quince medidas especiales para fortalecer la prestación del servicio. Una de esas medidas es priorizar la atención materno y perinatal, dar seguimiento a los gestores farmacéuticos para la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios y fortalecer los procesos de auditoría para optimizar el costo de las atenciones.
Jaramillo reconoció que, al cumplir un año de la intervención, Famisanar no reporta utilidades: “No ha logrado un balance entre los ingresos y los costos”. Pero indica que se están tomando acciones para que la empresa pueda seguir funcionando y atendiendo a sus afiliados, que al cierre de agosto eran más de dos millones.
Otro aspecto que llama la atención, es que la entidad a partir de ahora puede recibir nuevos afiliados. “Durante el primer año de intervención se restringió la capacidad de afiliar. En este momento y tras evaluar que los usuarios están siendo atendidos y que los resultados en salud de la población que tenemos a cargo es positiva, la superintendencia nos posibilita retomar las afiliaciones”.
La Supersalud sostiene que Famisanar no ha implementado estrategias efectivas para mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud, lo que ha derivado en un aumento de reclamaciones por parte de los usuarios.
La EPS también enfrenta problemas en la gestión de más de 700 contratos pendientes por liquidar y una baja efectividad en el cierre de PQR, lo que refleja deficiencias en su red de prestadores y en la resolución de problemas de acceso a servicios.
Como lo demostró un reciente informe publicado por SEMANA, las siete EPS que en la actualidad están en manos el Gobierno nacional no han salido de la crisis económica ni han mejorado sus indicadores de atención, que fueron los argumentos bajo los cuales se basaron dichas intervenciones. En el caso de Famisanar, intervenida desde septiembre de 2023, el régimen contributivo registró 8.383 quejas en enero pasado y el dato ascendió a 9.432 en julio de este año.