Bajo un ambiente de moderado optimismo finalizó la segunda reunión prevista entre el Gobierno Nacional con los representantes de las entidades promotoras de salud, EPS, en el país, que contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
Al término de la reunión, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS) manifestó que la reunión transcurrió con muy buena disposición por parte del viceministro de salud, Jaime Urrego, y de su equipo.
Tras aclarar que Minsalud aseguró que revisará la información suministrada por las entidades promotoras de salud en ambos encuentros, Vesga explicó que “van a hacer la revisión interna, continuamos mañana y prometió que en dos semanas, producto de esta información, nos volveríamos a reunir”.
Más temprano este martes, Acemi hizo una aclaración respecto al supuesto giro de 10 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para el funcionamiento de las EPS Sura, Sanitas y Compensar hasta fin de año: “No es cierto que el Gobierno vaya a entregarles a todas las EPS —o a algunas de ellas— recursos adicionales a los que viene girando, mes a mes, por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
En esa misma línea, el ministro de la salud Guillero Jaramillo aseguró, en medio de la polémica por la crisis económica de las EPS, que “a Sanitas, Sura y Compensar se les han girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones de pesos más si continúan atendiendo a los pacientes, y si no los atienden no podemos seguir girándoles. Como continuarán atendiendo a los pacientes les vamos a girar mensualmente todos los requerimientos”.
Desde Acemi indicaron, sin embargo, que, el ministro Jaramillo, “se refiere a la continuación del pago a las EPS por el valor que el Gobierno ha estimado para cubrir la UPC; sin embargo, ese monto es justamente centro de las conversaciones que se instalan esta semana con el Ministerio de Salud y demás actores del Sistema”.
Como se sabe, justamente el cálculo de este valor se ha convertido en el centro de las conversaciones con el Ministerio de Salud y demás actores del sistema.
De ahí que, tal como explicó Acemi, “uno de los puntos planteados por este gremio es que la UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud, dado que el cálculo de este rubro se hace con valores atrasados al menos dos años”.
De igual manera, ratificaron su “compromiso permanente de las EPS para continuar con la atención en salud de todos los colombianos”, tras el inicio de los diálogos en las mesas técnicas con el Gobierno nacional, convocados por la Defensoría del Pueblo.
¿Y si se quiebran las EPS? SEMANA le cuenta lo que pasaría si Compensar, Sanitas y Sura colapsan
Tres semanas estuvo sin respuesta la carta que las EPS más grandes del país le mandaron al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Se trataba de un documento explosivo en el que anunciaban que estaban reventados y que, si las cosas siguen como vienen y no les pagan lo que les deben, no irían más. Por primera vez, Compensar, Sanitas y Sura, que reúnen 13 millones de usuarios y 34.000 empleados, ponían una fecha para este temido adiós: el mes de septiembre.
La publicación de la carta, casi un mes después, produjo un remezón enorme. “Eso no es cierto”, les contestó el presidente Petro, que las acusó de manejar la plata de manera “irregular” y aseguró no deberles nada. La Contraloría y la Procuraduría pidieron de inmediato más detalles y lanzaron alertas. Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se mostraron muy preocupados. El déjà vu de la reforma a la salud de Carolina Corcho volvió a estar latente. Había pasado algo peor a lo pronosticado: las EPS se están acabando, por simple inanición, sin necesidad de que la ley la apruebe el Congreso.
El ministro de Salud citó a las tres EPS a una reunión. La cita fue cordial, pero tensa. El alto funcionario habló duro y los directivos también, pero al final algo bueno se concretó: el comienzo de un diálogo que continuará en unas mesas técnicas.
Sin embargo, al otro día el ministro convocó a una rueda de prensa. Llegó con los taches puestos. “Que una EPS se quebró… Aquí estamos listos”, dijo enérgico. El alto funcionario aseguró que esas compañías están “faltando a la verdad” y las acusó de ser “instrumentos políticos” en contra del Gobierno Petro.
Llamó la atención que el ministro aseguró que el problema no es de plata, pero no habló de solventar esas deudas. “Que en septiembre se van unas porque ya no pueden más, pues nos corresponde hacer un plan de contingencia. Todas las clínicas que quieran trabajar van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el Adres. Este Gobierno no va a permitir que nadie quede por fuera de la atención. Tenemos los recursos”, dijo enfático.
Las EPS habían sacado sus números rojos resaltados: “Sura, Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año, pues han agotado un capital cercano a los 400.000 millones de pesos, en el caso de Sura; 415.500 millones, en el caso de Sanitas, y 278.700 para Compensar, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia”. Dos razones expusieron para haber llegado a este punto: el pago de la UPC y los presupuestos máximos.
El ministro Jaramillo no le dio crédito a ninguna de sus explicaciones. Aseguró, por ejemplo, que no se podía hablar de crisis económica del sistema, pese a que la Superintendencia de Salud reconoció que, con corte a junio pasado, las EPS tuvieron una pérdida de 227.469 millones de pesos y el 61 por ciento de estas entidades hoy opera con números rojos.
La primera gran preocupación de las EPS es la UPC. Se trata del giro que hace el Gobierno por cada paciente. “Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema”, sostienen los tres directivos. Hoy este valor está en 1.121.396,40 pesos al año. Es decir, menos de 100.000 pesos mensuales.
El ministro asegura que el Gobierno no debe nada. “Nadie puede decir que se le va a acabar la plata. Cada mes les pagamos lo que les corresponde y por anticipado”. Jaramillo tiene razón en lo que dice, pero la realidad es que las EPS no están pidiendo solamente que paguen, sino que paguen lo que les está costando el servicio. Y en eso no tienen un punto de encuentro. El Gobierno no reconoce como deudas eso que se gastan de más.
Sobre la UPC, las EPS proponen ajustar un pago de acuerdo con el estado de salud del paciente. Aseguran que, al no hacerlo, “varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad”. Explican que esto no significa que se aumenten los recursos totales, sino solo que se redistribuya mejor la plata entre las EPS existentes. Hoy las tres grandes EPS que lanzaron la alerta concentran los pacientes más enfermos y con mayor gasto.
Ana María Vesga, líder de Acemi, enfatiza que la UPC “no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos. Esto se explica en parte porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos dos años”. Los estudios que citan aseguran que debía subir un 8 por ciento por encima para 2022 y para este 2023, un 5,7 por ciento adicional. La alta inflación y la disparada del dólar explican en parte este hueco.
El segundo punto de la pelea son los presupuestos máximos. Se trata de recursos destinados a la financiación de tratamientos y atención de enfermedades no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud. Acemi sostiene que “el año pasado, Minsalud dejó de ejecutar 313.000 millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los presupuestos máximos de julio y agosto de 2023 ni los ajustes de 2022″.
En este frente están los pacientes hoy más preocupados. “En esas tres EPS tenemos más del 40 por ciento de nuestra población. Son 32.000 que no pueden suspender tratamientos ni por un solo día. Sus vidas están en juego”, se lamenta Diego Fernando Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. El miedo a que haya un apague y vámonos, y el represamiento de la pandemia, ha hecho que muchos se vuelquen a pedir procedimientos.
Según Gestarsalud, entre 2019 y 2022, los pacientes atendidos por enfermedades crónicas aumentaron 34 por ciento; el número de atenciones, 52 por ciento; el costo de los procedimientos, 85 por ciento, y los costos totales podrían aumentar 40 por ciento en los próximos 10 años.