Este lunes, la Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación para investigar la posible corrupción que se estaría dando en la destinación de los recursos públicos entregados a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), que es el valor que el Estado paga por cada afiliado al sistema de salud, así como los presupuestos máximos que transfiere la ADRES para los servicios y tecnologías que no están dentro de dicha UPC.
El anuncio de la Fiscalía se dio en respuesta a un informe de auditoría hecho por la Contraloría General de la República, CGR, según el cual 18 EPS gastaron casi 9 billones de pesos, durante 2020 y 2021 (época de la pandemia), en aspectos que no estaban relacionados con la atención en salud.
Este mismo lunes, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo respondió al anuncio de la Fiscalía a través de un comunicado y aseguró que todas las investigaciones de los entres de control son “bienvenidas”.
“En aras de garantizar el correcto y transparente uso de los recursos de la salud de los colombianos, son bienvenidas todas las actuaciones de los órganos de control con el respeto al debido proceso y al derecho a la contradicción que tienen los vigilados”, expresó el gremio a través de una carta de varios puntos que hizo pública.
De acuerdo con la entidad, pese a que el informe de la Contraloría detalla un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, específicamente en materia de reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia, el gremio de las entidades promotoras de salud, tres días después de su presentación, remitieron a la Contraloría sus observaciones y solicitaron la revisión de la metodología empleada en dicho análisis. El objetivo, dijeron, era asegurar “la consistencia en la evaluación que se realiza a las EPS por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud y la CGR”.
“La CGR ofreció un escenario de mesa técnica para la revisión de la metodología utilizada por el sistema general de seguridad social en salud para determinar los saldos de cartera de proveedores en la prestación de los servicios de salud y el cálculo de la reserva técnica”. Dicho espacio tendrá lugar el próximo jueves 11 de abril y es de la mayor relevancia para todos en aras de la transparencia y la claridad en las cifras del sector”, puntualizó Acemi.
El gremio de las EPS fue enfático en que estas entidades “tienen múltiples mecanismos de vigilancia que permiten conocer el uso de cada peso gastado”.
Como parte de dichos mecanismos están no solo los estados financieros reportados periódicamente a la Superintendencia Nacional de Salud, sino el Estudio de suficiencia para el cálculo anual de la UPC; la Circular 08 de 2020; y la plataforma Mipres para el gasto No PBS. Todas estas, indica Acemi, permiten identificar el valor de cada servicio y el destinatario de estos.
Acemi agregó que además se realizan auditorías periódicas por parte de la Contraloría y los Registros Individuales de Prestación de Servicios. Sin contar con que los recursos son girados a través de cuentas maestras que permiten plena identificación de los movimientos, según señalaron.